Los ERE de la banca plantean 389 despidos en Castilla y León y los sindicatos alertan de la “desertización” bancaria

El sindicato Comisiones Obreras ha señalado que los expedientes de regulación de empleo que han presentado recientemente las entidades financieras BBVA y CaixaBank plantean, respectivamente, 103 y 286 despidos, en un sector en el que la organización ha advertido del riesgo de “desertización” bancaria pues un 15% de la población ya no tiene acceso en su municipio a dinero en efectivo.

Así lo han explicado este viernes representantes sindicales del sector Servicios y de estas entidades bancarias en una rueda de prensa que han ofrecido en Valladolid para explicar la situación de este ámbito en la comunidad autónoma.

En la misma estaban presentes los responsables sindicales regionales en las plantillas de CaixaBank y BBVA, Miguel Ángel Hermoso y José María Sánchez, respectivamente, dos entidades financieras que recientemente han anunciado planes de reestructuración con expedientes de regulación de empleo que esta organización ha calificado de “salvajes” y los consideran “despidos colectivos”.

De los cerca de 10.000 trabajadores afectados que plantean actualmente estas entidades según los datos sindicales, un total de 389 serían en Castilla y León. De ellos, 103 corresponderían al BBVA y 286 a CaixaBank, entidad fusionada con Bankia.

La suma de estos dos procesos supone, como ha recalcado Marcos Gutiérrez, “la reestructuración más aguda desde la crisis de 2008” y Miguel Ángel Hermoso ha ido más allá y ha aseverado que en el caso de CaixaBank el ERE plantea “las peores condiciones planteadas en la historia en los distintos ajustes que ha tenido la entidad”.

Lo que por el momento no se conoce es el dato de oficinas bancarias que se cerrarán en la comunidad, ya que solo han obtenido datos los sindicatos de BBVA, donde se contempla el cierre de 59 sucursales en el área que abarca la Territorial Noroeste -Castilla y León, Asturias y Galicia-.

La organización sindical ha recalcado que no está de acuerdo con las propuestas actuales de ambas entidades y ha recordado que los procesos de reestructuración “deben ser mediante acuerdo laboral”, con salidas que no sean “ni forzosas ni unilaterales” que garanticen además los derechos laborales de los empleados que permanecerán en sus puestos.

CCOO considera que las propuestas de CaixaBank y BBVA no cumplen esos criterios, por los que no están de acuerdo, de modo que defenderán sus planteamientos con “contrapropuestas” en la negociación y prevén la convocatoria de movilizaciones. De hecho, han apuntado que ya se ha percibido una rebaja en los planteamientos de las entidades.

Los representantes sindicales han hecho hincapié en que estas decisiones empresariales “no se pueden justificar en los malos resultados económicos” ya que de hecho el BBVA ha presentado este viernes sus resultados del primer trimestre de 2021, en el que ha “vuelto a niveles pre-COVID de beneficios”, con más de 1.200 millones de euros y suma ya tres trimestres consecutivos sin dar pérdidas.

“A nivel estatal es una situación y a nivel autonómico es otra, peleamos por garantizar la superviviencia del sector financiero como servicio a las personas”, ha aseverado Gutiérrez, que ha incidido en el riesgo de “desertización” que se da en una comunidad tan extensa y despoblada como Castilla y León.

Además, el responsable de Servicios en CCOO ha advertido de que los sindicatos tienen ya la vista puesta en los procesos de reestructuración que todavía no están presentados, como los de Santander, Ibercaja y, especialmente, Unicaja, entidad que recientemente acaba de aprobar su fusión con Liberbank. “Y ya sabemos que unas semanas después del anuncio de fusión viene el de la reestructuración”, ha avisado.

El caso de la entidad con sede en Málaga es más preocupante en la Comunidad debido a que en su estructura se engarzan las antiguas entidades castellanoleonesas Caja España y Caja Duero, lo que hace temer por la desaparición de más empleos y más oficinas bancarias en la comunidad.

Según CCOO, actualmente, sin tener en cuenta los procesos de despidos que están en marcha, quedan “solo 6.000 empleados bancarios” en Castilla y León para una comunidad de 95.000 kilómetros cuadrados de extensión --la más grande de España-- y que por ello presenta una ratio de 400 habitantes por empleado de banca, “muy por encima de la media del país, situada en 300”.

Estudio sobre el cierre de oficinas

CCOO ha mostrado datos de un informe realizado sobre la incidencia de la reestructuración bancaria en España, donde entre 2008 y finales de 2020 han desparecido el 51 por ciento de las oficinas bancarias.

Porcentaje muy similar se da en Castilla y León, donde se ha pasado de 3.180 sucursales a finales de 2008 a 1.596 a finales de 2020, prácticamente la mitad. Pero en esta comunidad el problema se ve agravado por las condiciones sociodemográficas.

Así, CCOO alerta de que el 15 por ciento de los castellanos y leoneses ya no tiene acceso en su municipio a dinero en efectivo --ni cajero automático ni entidad bancaria--, lo que por la escasa población de los pueblos se traduce en que 1.767 municipios de la Comunidad no tienen sucursal alguna.

Los representantes se han mostrado conscientes del cambio de modelo en el sector con un mayor peso de las gestiones telemáticas, pero en el caso de Castilla y León se dan dos circunstancias que las entidades y los gobiernos deberían tener en cuenta, tales como que las infraestructuras de acceso a Internet “no dan cobertura a todo el territorio” y el elevado porcentaje de población envejecida que vive sobre todo en los pueblos y que “no van a tener acceso a efectivo”.

Así, han relatado, se dan situaciones como que hay personas mayores que tienen que hacer “hasta 140 kilómetros para ir y volver a una oficina bancaria” o que hay personas que “tienen que pedirse días en el trabajo para llevarles efectivo a sus padres”.

La situación, por lo tanto “ahonda en los niveles de desigualdad social y económica”, pues hay economías como las del campo castellanoleonés, muy basada en el sector primario, que depende “mucho” del acceso al efectivo.

Por todo ello, Marcos Gutiérrez ha reivindicado una supervisión por parte del Estado y de la Junta de Castilla y León tanto de estos procesos de reestructuración, pues las entidades recibieron cuantiosos fondos para la solvencia, como que intervengan con mecanismos como una “especie de banca pública” que de respuestas a estas necesidades sobre todo en el medio rural.

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