La Junta de Castilla y León defiende su transparencia respecto a las residencias después de bloquear una comisión de investigación

Apenas un día después de que Partido Popular y Ciudadanos rechazasen crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos en la primera ola de la pandemia, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco (PP), ha defendido “el ejercicio de transparencia” de la Junta de Castilla y León sobre los datos de COVID-19 en los centros sociosanitarios frente al informe que presentó el pasado miércoles el Imserso en el Consejo Interterritorial.

Blanco ha asegurado que la transparencia de su Consejería ha sido reconocida “nacional e internacionalmente” y ha subrayado que durante la primera ola se enviaron día a día los datos de fallecidos contagiados o residencias intervenidas al Ministerio de Sanidad. Blanco ha recordado que Castilla y León fue de las pocas comunidades que ofreció tanta información, si bien ha olvidado decir que los datos sobre contagios o fallecimientos eran los que facilitaban las propias residencias, sin que se realizasen comprobaciones. De ese modo se produjeron situaciones como la relatada por elDiario.es en una de las residencias de la Diputación de Valladolid, que ocultó que tenía ancianos aislados por posible contagio e incluso un fallecido. La Consejería de Familia sólo conoció la verdad cuando un familiar de un fallecido alertó a Sanidad. Una vez que se realizaron pruebas, la residencia pasó de no tener contagiados a que el 98% de sus residentes fuese positivo, y con decenas de fallecidos posteriormente.

Tampoco el informe que elaboró la Junta de Castilla y León, un compromiso adoptado en el Pacto de Reconstrucción, es claro respecto a la atención sanitaria o falta de esta en muchas de estas residencias a consecuencia de un protocolo de Sanidad que prohibía trasladar a los ancianos positivos a los hospitales. Tal y como desveló este diario, aunque se crearon los Equipos Covid Residencias en el mes de marzo para dotar a estos centros de una “hospitalización a domicilio” en abril un correo interno de una directora médica desvelaba que había residencias que no habían sido visitadas por los servicios médicos y que los ancianos contagiados estaban sin tratamiento.

Hasta el 30 de septiembre, casi 3.000 residentes fallecieron por COVID o con sospechas de padecerlo.