Carriedo excluye al PP de la trama eólica y está convencido de que se cumplió “tanto la ley como el procedimiento”

El actual consejero de Economía y Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha desmarcado al Partido Popular de las supuestas ilegalidades investigadas, tanto en sede parlamentaria como judicial, respecto de la denominada 'trama eólica' y se ha mostrado convencido de que la ley y el procedimiento administrativo se siguieron, sin ilegalidad alguna, en la tramitación de parques eólicos en Castilla y León.

En la querella de Anticorrupción, el principal imputado es Rafael Delgado, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre los años 1995 y 2011, pero también en la trama de la Perla Negra está investigada la exviceconsejera de Economía y Empleo Begoña Hernández.

Carriedo, en su condición de consejero de Medio Ambiente en una época en la que se tramitaron más de una treintena de parques eólicos -entre 2004 y 2007-, en una primera intervención de no más de un par de minutos, dejaba ya sentada su “confianza” en la administración de justicia, su plena colaboración con el trabajo parlamentario y, sobre todo, la aseveración de que no había conocido “ilegalidad alguna” en los procedimientos y trámites seguidos con las autorizaciones de parques eólicos.

En cualquiera de los casos, el compareciente no cree que estemos ante un proceso que afecte al Partido Popular y ha refrendado las afirmaciones realizadas en su día por el anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cuando aseguró que la denominada 'trama eólica' “responde a una corrupción de personas, no política”.

En sus sucesivas respuestas a preguntas de los portavoces de los distintos grupos representados en la comisión, Fernández Carriedo ha insistido en que para la autorización de parques eólicos seguía un “procedimiento muy reglado, basado en normativa europea, nacional y autonómica, y muy participativo” y ha puesto la mano en el fuego respecto de la labor y profesionalidad de los técnicos, tras recordar que la totalidad de las resoluciones en materia de licencia ambiental en su departamento coincidieron con las propuestas formuladas en las comisiones territoriales de Medio Ambiente en las nueve provincias.

También ha defendido la polémica figura de la avocación puesta en marcha en 2004 en virtud de la cual la concesión de licencias quedó en manos de la Consejería de Economía y Empleo, entonces ocupada por el fallecido Tomás Villanueva, asumiendo la tarea que desde 1997 correspondía a los servicios territoriales, en el sentido de que, como así ha advertido, podía responder a un intento de coordinación y, además, se trataba de una “figura prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo”.

“No me podía llamar la atención esa figura porque no estaba en el Gobierno regional y no tenía ninguna función. No es una figura inusual y, en todo caso, una avocación no supone modificar el procedimiento sino tan sólo el órgano de resolución”, ha incidido el hoy consejero económico, en declaraciones recogidas por Europa Press, a preguntas de los portavoces del Grupo Mixto y de Cs, Laura Rodríguez Arroyo y Javier Panizo García, respectivamente.

La discutida avocación puesta en marcha en tiempos de Villanueva, cuando ocupaba la Consejería de Economía y Empleo, es la figura que, según las partes acusadoras personadas en la investigación judicial, permitió presionar a las grandes empresas promotoras de parques eólicos, a través de la paralización de sus solicitudes de licencia, con el fin de que se asociaran con empresarios locales, y todo ello a cambio de 'mordidas' por importe de 80 millones de euros.

A lo largo de la comparecencia, Fernández Carriedo ha aprovechado para analizar la situación actual del Edificio de Soluciones Empresariales sito en Arroyo de la Encomienda y de los terrenos en Portillo para un fallido polígono industrial, así como de la red de embajadas en el extranjero, todos ellos también objeto de pesquisas en la comisión, en respuesta a preguntas del portavoz del PP, Salvador Cruz.

Preguntas pactadas con Cs y PP

Tal circunstancia ha sido duramente criticada por el portavoz socialista, José Francisco Martín, quien ha atribuido tales preguntas y las formuladas por Cs a un 'paripé' montado entre todos ellos al objeto “devaluar ” la comisión y tratar de distraer el tiempo de la comparecencia en cuestiones que en nada tienen que ver con las cuestiones investigadas.

“Pido disculpas porque yo, a diferencia de los portavoces del PP y Cs, no he tenido tiempo de pactar las preguntas con usted”, ha apuntado irónico Martín, quien también ha mostrado su disconformidad respecto de la exclusión del PP en las distintas tramas investigadas. “Estamos hablando de casos que afectan al Partido Popular en el Gobierno de Castilla y León y que afectan cada vez más a los ciudadanos”, ha enfatizado el socialista, quien ha instado al compareciente a decir verdad al considerarle como la persona que más sabe de los distintos temas investigados.

Pese al convencimiento de no sacar nada provechoso de la comisión abierta en las Cortes, donde, según ha recordado, la comparecencia de Carriedo es la segunda de las habidas seis años después de su constitución, el socialista ha advertido a Fernández Carriedo que “no se van a ir de rositas y lo acabarán pagando políticamente”, incluido el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del que ha dicho que, al igual que el anterior, “ha estado ahí desde el principio”.