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El delegado del Gobierno asegura que la protección a Ana Sánchez compete en exclusiva a los Cuerpos de Seguridad

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, durante el acto conmemorativo del 180º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, que se ha celebrado en León.

EFE

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El delegado de Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha afirmado este jueves que la decisión de si es necesario proteger a la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y vicepresidenta segunda de las Cortes autonómicas, Ana Sánchez, compete en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, desveló el miércoles que Sánchez estuvo bajo protección policial en el mes de noviembre ante la actitud amenazante “cámara en mano y con mensajes de odio” de un hombre encapuchado que merodeaba por las inmediaciones de su domicilio particular.

Y este jueves el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, ha afeado a Tudanca que diera ayer una versión que contradice la que ofreció su secretaria de Organización por amenazas a su entorno familiar.

“Ya no es un escolta, ya no es debido a esas amenazas y señalamientos de procuradores de Vox desde las cuentas falsas si no que es por las amenazas de un encapuchado con supuestos problemas mentales”, ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que ha acogido la Cámara autonómica.

Un cruce de declaraciones a los que se suma la petición de información a la Delegación del Gobierno en la Comunidad que realizó Menéndez junto a los otros dos viceportavoces de su grupo, David Hierro e Iñaki Sicilia, para conocer las causas y la justificación de este dispositivo de seguridad.

A este respecto, Sen ha explicado que ante cualquier solicitud e protección se traslada al centro de la autoridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dependiendo de donde esté la residencia de la persona, que es el organismo que debe adoptar las medidas que consideren oportunas una vez evaluados los riesgos.

“La Delegación del Gobierno no tiene ni una sola competencia en todo aquello que se refiere a la seguridad de las personas de cargos públicos, que es algo que se lleva directamente desde las unidades centrales, tanto de la Policía como de la Guardia Civil”, ha zanjado ante la petición de información de Vox.

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