Castilla y León culpa al Gobierno central del coste económico de la crisis de la tuberculosis bovina desatada por PP y Vox

La Junta de Castilla y León responsabiliza al Gobierno de las pérdidas económicas que han sufrido los ganaderos, que el gobierno autonómico no ha querido cifrar pero que los veterinarios han estimado en 3,8 millones de euros.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la resolución de la Consejería de Agricultura que relajaba los controles sanitarios no ha causado “ningún perjuicio”. “El perjuicio se deriva de la orden del Ministerio”, ha aseverado en varias ocasiones el portavoz de la coalición PP-Vox en Castilla y León.

Hace unas semanas, la Junta de Castilla y León flexibilizó los controles veterinarios de tuberculosis bovina. La Comisión Europea alertó de la “extremadamente peligrosa” medida y el Gobierno paralizó la movilidad de las vacas mientras no se cumpliera las normativas española y europea. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aceptó la medida cautelar solicitada por el Gobierno para recuperar el control sanitario y ahora las vacas pueden volver a circular con libertad.

Niega que las decisiones de la Junta hayan perjudicado al sector

Carriedo ha negado que estos vaivenes del Ejecutivo autonómico hayan perjudicado a la imagen del sector vacuno de Castilla y León y ha defendido que el sector solo se ha visto perjudicado durante los diez días que ha estado paralizado el mercado. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha vuelto a intentar 'vender' como una victoria que se recuperen los controles sanitarios y, por lo tanto, la movilidad bovina.

El portavoz, que ha desviado algunas preguntas de los periodistas, ha defendido que su prioridad es “siempre” la salud pública y ha insistido en que los productos agroalimentarios españoles son “de primera calidad” y reúnen “todas las condiciones sanitarias y garantías para su consumo”. También ha afeado al Gobierno que esto “tengan que decirlo las Comunidades Autónomas” y ha mostrado su preocupación por la fresa porque en Castilla y León hay 950 millones de plantas de fresa.

Carriedo ha insistido en que se cumplirá la normativa europea y ha rechazado la dimisión del consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, como reclamaban los veterinarios. “Es competencia del presidente y no la va a ejercer a día de hoy”, ha dicho. Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha afirmado que cumplir la Ley no es incompatible con otros mecanismos en defensa de Castilla y León, aunque no ha especificado cuáles.

Ribera rechaza la “falta de respeto” a las normas europeas

Ante los reproches de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por la “falta de respeto” a las normas europeas, Carriedo ha bromeado sobre si eran declaraciones de este jueves o de cualquier otra fecha. “No es nuevo escuchar a miembros del gobierno agredir los intereses de Castilla y León. Cambiando la fecha, esta noticia se puede repetir muchas veces por esta ministra o por otra”, ha criticado.

Tampoco ha aclarado si la Junta de Castilla y León se personará o no en los procedimientos judiciales que se deriven del intento de asalto a la sede de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que se saldó con varios cristales rotos y once agentes de la Policía Nacional heridos. Carriedo sí ha rechazado “cualquier acto que lleve aparejada la violencia” y ha asegurado —tras ser preguntado por los medios— que cualquier empleado público cuenta “siempre” con el apoyo de la Junta de Castilla y León

Este miércoles se había convocado una reunión del consejero de Agricultura con los ganaderos y estos decidieron no asistir, según ha explicado Carriedo, que no renuncia “a buscar cauces y acuerdos dentro de la Ley”.

García-Gallardo: “No vamos a dar marcha atrás en una intención”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha dado una rueda de prensa en el Parlamento Europeo junto al eurodiputado de Vox Jorge Buxadé. Allí ha dicho que en la pieza de medidas cautelares ha pedido que se “deje de secuestrar” al ganado para evitar más perjuicios económicos. Pero en la pieza principal ha prometido “defender la legalidad y el rigor jurídico de esa resolución”. La Junta de Castilla y León no se opuso a la medida cautelar, por lo que además el TSJ consideró que el gobierno autonómico estaba de acuerdo con suspender su propia norma.