El PSOE impulsará en abril en las Cortes de Castilla y León una ley de incendios ante la “inacción” de la Junta

El PSOE llevará a las Cortes de Castilla y León el próximo mes de abril una iniciativa legislativa en materia de prevención y extinción de incendios forestales. Así lo ha asegurado, el secretario general autonómicos, Carlos Martínez, quien ha explicado que con esta medida se pretende responder a la “inacción” por parte de la Junta tras los grandes fuegos. La propuesta se registrará una vez quede constituido el nuevo Parlamento autonómico, previsto para el 14 de abril y según las cuentas del líder socialista será “el 15 o el 16 de abril” que se aborde el tema.

Martínez ha defendido el carácter “urgente” de esta iniciativa, que buscará adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal mediante la elaboración de dos marcos legales: uno para los bomberos forestales y otro para los agentes medioambientales. Según ha precisado, el objetivo es construir “una ley de toda Castilla y León”, aunque ha dejado claro que el proceso se impulsará al margen del Ejecutivo autonómico.

El líder socialista ha señalado la necesidad de corregir lo que ha calificado como carencias estructurales del actual operativo, en unos años en el que los incendios forestales han ganado intensidad y extensión. A su juicio, la Comunidad sigue expuesta a episodios similares a los vividos el pasado verano, cuando el fuego arrasó más de 140.000 hectáreas, sin que se hayan producido cambios de fondo en la organización ni en los recursos.

En la reunión con represantes sindicales de los trabajadores del operativo se ha puesto en marcha una Mesa de Trabajo sobre Incendios Forestales , en la además de sindicatos tendrán presencia los propietarios de los terrenos, ya sean privados o públicos. Este espacio, según ha señalado el líder socialista, servirá para recoger propuestas y trasladarlas a un borrador legislativo que será remitido también a ayuntamientos, propietarios forestales y otros colectivos implicados.

“Haremos lo que no hace la Junta”, ha resumido Martínez, quien ha acusado al Gobierno autonómico de limitarse a introducir ajustes parciales, como la ampliación de los contratos en la parte pública del operativo —que representa en torno a un 20 o 30% del total— mientras, ha dicho, el resto de trabajadores continúa en condiciones de precariedad. En este sentido, ha cuestionado que estas medidas supongan una mejora real del sistema y ha denunciado una falta de planificación ante incendios de nueva generación.

Entre los aspectos que el PSOE considera prioritarios figura la reforma del decreto de guardias, un texto que no se actualiza desde 2004 y que, según coinciden tanto el partido como los sindicatos, resulta insuficiente para afrontar la realidad actual. Martínez ha criticado que se mantenga un modelo organizativo “de hace más de dos décadas” para hacer frente a incendios cada vez más complejos.

También ha puesto el foco en la formación y las condiciones laborales del personal del operativo. En este punto, ha cuestionado que trabajadores con contratos fijos discontinuos y una formación limitada puedan ser enviados a primera línea de fuego, en ocasiones con escasa experiencia, lo que incrementa los riesgos. “Luego llegan las tragedias y nadie asume responsabilidades”, ha advertido.

Alta temporalidad, externalización de servicios y condiciones laborales insuficientes

Las críticas a la situación del operativo han sido compartidas por los representantes sindicales presentes en la reunión, que han coincidido en señalar que apenas ha habido cambios desde el pasado verano. Desde CSIF, CCOO y la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyL) han apuntado que el operativo sigue con graves deficiencias estructurales, con alta temporalidad, externalización de servicios y condiciones laborales precarias.

La representante de CSIF, Sara Mateos, ha asegurado que, a escasos meses del verano, “la triste realidad es que no ha cambiado nada absolutamente”. A su juicio, el operativo mantiene una estructura “decadente”, con deficiencias acumuladas y condiciones laborales precarias.

Mateos ha criticado la temporalidad y la situación en la que se encuentran de los trabajadores externalizados, que en muchos casos solo son contratados durante unos meses al año con “salarios en torno a los 1.200 euros”. Además, ha advertido de que el contexto climático y territorial hace prever que incendios como los registrados en los últimos veranos “se van a volver a repetir”, por lo que considera “lamentable” que no se hayan adoptado medidas para adaptarse a esta nueva realidad mientras aumenta la exposición al riesgo de las plantillas.

Por su parte, Jorge Nieto, de CCOO, ha señalado que la reforma del decreto de guardias es la “piedra angular” para revertir esta situación. Según ha denunciado, la Junta “incumple de forma reiterada” la normativa vigente, con prácticas como la asignación de equipos de protección inadecuados o la prolongación de las jornadas laborales más allá de los límites legales.

Nieto ha detallado que, aunque el máximo establecido es de 12 horas, hay trabajadores que encadenan turnos de “entre 16 y 20 horas”, lo que incrementa la fatiga y el riesgo en intervenciones ya de por sí complejas. En este contexto, ha reclamado retomar las negociaciones del decreto, que acumula más de un año y medio sin avances, para adaptarlo a las exigencias actuales del operativo.

Desde ATIFCyL, Sergio Fidalgo ha incidido en la falta de reconocimiento profesional como uno de los principales déficits del sistema. Según ha explicado, la no aplicación de la ley estatal de bomberos forestales impide que estos trabajadores sean reconocidos como tales, lo que tiene consecuencias directas en sus condiciones laborales y que no sean reconocidos sus enfemedades laborales.

Fidalgo ha alertado de situaciones como la presencia de trabajadores de edad avanzada en primera línea de fuego, al no aplicarse coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación. También ha criticado la elevada dependencia de empresas privadas en el operativo, a las que ha acusado de priorizar criterios económicos, lo que repercute en la calidad del servicio y en la estabilidad de las plantillas.