El presidente de Castilla y León duda que el Gobierno esté legitimado para recurrir su toque de queda: “He tomado esa medida como autoridad delegada, por lo tanto soy el propio Gobierno de España”

La Junta de Castilla y León ha presentado este miércoles sus alegaciones al recurso del Gobierno central contra el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas que se aplica desde el 16 de enero en la Comunidad. Así lo ha comunicado el presidente, Alfonso Fernández Mañueco en una rueda de prensa en la que se ha reafirmado en que el adelanto como medida contra la incidencia de casos de COVID-19 “era, es y va a seguir siendo necesaria”. Fernández Mañueco ha justificado esta decisión en que cuando la tomó la incidencia del virus en Castilla y León se había multiplicado por 10 en apenas 15 días y en que a mediados de enero “la incidencia estaba desbocada con una subida en pared”. Así, “era imprescindible actuar y tomar decisiones de manera urgente”.

El presidente se basa en la opinión de “expertos, fuerzas políticas y representantes de sectores políticos”, a pesar de que tanto el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, y varios alcaldes han asegurado que en la reunión que mantuvo con ellos nada dijo del toque de queda. Fernández Mañueco, a preguntas de elDiario.es, ha insistido en que les comunicó las medidas que iba a tomar, como la reducción de aforos en lugares de culto, el cierre perimetral de las 9 provincias y el número de convivientes, que pasaba de 6 a 4 en reuniones privadas, si bien reconoce una equivocación que no ha precisado. Además asegura que comentó que se trabajaba en un adelanto del toque de queda.

Respecto a las alegaciones, se basan en afirmar que se trata de una “medida equilibrada” que la Junta considera “avalada por razones sanitarias, epidemiológicas y jurídicas”. Así, Fernández Mañueco ha subrayado que gracias al toque de queda la incidencia acumulada a 7 días ha caído un 9% y la tasa de crecimiento semanal, que era del 147%, ha bajado un 11%.

El presidente también ha señalado que la discutida medida “socialmente es lógica, justa y equilibrada”, y ha tenido el “respaldo mayoritario de los vecinos de Castilla y León”, de los que ha destacado su compromiso y responsabilidad, obviando que el incumplimiento del toque de queda supone una sanción administrativa.

Otro de los argumentos al recurso es una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que “consideraba que el derecho a la vida es una proyección de un valor superior que inspira todo el ordenamiento jurídico constitucional que es la vida humana”. También se hace referencia a la idoneidad de la medida, ya que según el criterio del Gobierno autonómico, no existen otras con igual eficacia. Sobre la proporcionalidad de la misma, ha destacado el presidente que es la que “más beneficios tiene para el interés general, para la protección de la vida humana y los intereses de los establecimientos comerciales”.

“Soy el propio Gobierno de España”

“Frente a los planteamientos del Gobierno de España, di prioridad a la protección de la vida y la salud”, ha remarcado. Pero, además de destacar que las alegaciones del Gobierno de Castilla y León están bien apuntaladas, Fernández Mañueco ha puesto en duda la legitimidad del Gobierno central para recurrir el adelanto del toque de queda. “Se ha alegado también que la medida que he tomado es también atribuible al Gobierno de la nación, algo que se podrá discutir en otro momento procesal es si el Gobierno está legitimado para recurrir lo que he firmado. Lo he hecho como autoridad delegada y por lo tanto soy el propio Gobierno de España”.

Por otro lado, ha criticado la actuación del Gobierno central, que no ha usado la “vía política” para llegar a un acuerdo una vez que Castilla y León le comunicó oficialmente que adelantaba el toque de queda. “No recibimos respuesta formal, tampoco se nos pidieron aclaraciones. Se podía haber intentado llegar a un acuerdo en el Consejo Interterritorial o mediante vía administrativa hacer un requerimiento potestativo, pero se ha apostado por la vía judicial”, ha criticado.

Además ha resaltado el hecho de que no se hayan pedido medidas cautelarísimas para suspender la medida, cuando se considera que se vulneran derechos fundamentales y habría tenido un efecto inmediato. Por contra, ha insistido que la adopción formal “ha sido impecable”, puesto que dictó la medida como autoridad delegada, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León, se comunicó con carácter previo al ministro de Sanidad y es “ajustada a derecho” puesto que se produce en efecto de las competencias que otorgó el Gobierno central a los presidentes autonómicos.

Así, ha recordado que el Real Decreto del Estado de Alarma establece que las autoridades delegadas pueden determinar la modificación de la movilidad de las personas en horario nocturno entre las 23.00 y las 6.00 horas y que en el decreto que prorroga el Estado de Alarma “se introducen importantes cambios en la libertad de circulación, con la modificación de los artículos 9 y 10, y la inclusión de modular, flexibilizar o incluso suspender el toque de queda. ”Hay una disposición transitoria única que no se menciona y es esencial, porque dice que el toque de queda sólo tendrá eficacia mientras la autoridad delegada no lo cambie mediante esa modulación, flexibilización y suspensión, y el único limite que establece es el horario nocturno“, ha precisado.

El argumento de la bajada de la incidencia

Uno de los argumentos fundamentales de la Junta es que el adelanto del toque de queda ha provocado un descanso de la incidencia. Lo cierto es que esta medida se tomó días después de cerrar centros comerciales, gimnasios y e interior de bares, y junto a otras como el cierre perimetral de todas las provincias. El leve descenso de la incidencia no es único en Castilla y León, se produce también en otras comunidades que han adoptado otras restricciones. En este sentido, Fernández Mañueco ha incidido en que el toque de queda a las 20 horas perjudica menos a la economía. “Queríamos reducir a la mínima expresión el daño a la actividad económica”, ha rebatido.

Consecuencias si el Supremo tumba el adelanto

Fernández Mañueco ha asegurado que, “como no podía ser de otra manera” , se asumirá la decisión del Tribunal Supremo, que puede prolongarse al menos una semana, y que el toque de queda se levantará si así determina. A preguntas de elDiario.es, Fernández Mañueco no ha aclarado si en el caso de que los comercios y la hostelería reclamen por el lucro cesante, se hará responsable. “Cada persona deberá tomar sus decisiones, serían muchísimas implicaciones las que estarían en juego. Es complejo y complicado contestar en estos momentos”, ha dicho.

Tampoco tiene claro cuanto tiempo se mantendrá el adelanto, en el caso de que logre el respaldo judicial. “No podemos hacer previsiones a medio plazo. Dependerá de la ocupación hospitalaria y sobre todo de la ocupación de las UCIs, que son el el cuello de botella. Son elementos importantes”, ha comentado.

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