Los servicios jurídicos de las Cortes dan la razón al PSOE y tumban la inadmisión de una PNL para desautorizar la política sanitaria
La Mesa de las Cortes de Castilla y León se extralimitó el pasado 28 de octubre al inadmitir una Proposición No de Ley del PSOE en la que las Cortes debían instar “a que, de manera contundente, desautorice la política sanitaria que se está llevando a cabo desde la Junta de Castilla y León y que ha originado, y está originando, la desatención sanitaria de los ciudadanos de Castilla y León”. Así lo han determinado los Servicios Jurídicos de la Cámara, que han resuelto la impugnación del PSOE dándole la razón. El Grupo Parlamentario Socialista, que consideró que se había “cercenado la democracia” y se había ejercido “censura” volverá a presentar la iniciativa y al Parlamento autonómico no le quedará más remedio que admitirla a trámite.
La Mesa, formada por PP, Ciudadanos y PSOE la inadmitió la PNL(con los votos en contra de los socialistas) “por ser un mandato de imposible cumplimiento”. El PSOE impugnó la decisión y la respuesta los Servicios Jurídicos es clara. Reconocen que a través de esa iniciativa parlamentaria se pretende que la Junta de Castilla y León se desautorice a sí misma y ello es un contrasentido porque la Junta no puede desautorizarse a sí misma “ya que si se desautoriza al desautorizador, su desautorización deja de ser tal, deja de tener sentido”.
Así, se puede concluir que no le falta razón a la Mesa cuando acuerda que en los términos literales el mandato es de imposible cumplimiento, pero cuestión distinta es si ello avala la inadmisión. Y los criterios también son claros. Además de los formales (si quien lo presenta está legitimado, si hay propuesta de resolución que pueda ser debatida y votada...), hay otro de tipo competencial en el que la Mesa exige que las PNL tengan por destinatario de sus mandatos a la Junta de Castilla y León o a su presidente y que las resoluciones cuya adopción se propone se dirijan a controlar u orientar al Gobierno de la Comunidad y no a otros sujetos políticos, por no corresponder al Parlamento autonómico ni su fiscalización ni su impulso.
La tercera y última dimensión que integra el canon de enjuiciamiento que viene aplicando la mesa es que el contenido de la PNL y su materialización sea jurídicamente posible. “Si hasta ahora la Mesa de las Cortes limitaba su examen del contenido de las propuestas de resolución de esas iniciativas a constatar que este no es de imposible cumplimiento jurídico y que no incide sobre la actividad estrictamente reglada de la Administración autonómica, con su Acuerdo de 28 de octubre la Mesa amplía la extensión de su canon de control, obligándose a comprobar que lo que a través de las proposiciones no de ley se solicita es también fácticamente posible”, dice el letrado de las cortes que ha resuelto la impugnación del PSOE. Según el letrado que firma la resolución, aI introducir este factor, el juicio de admisibilidad de esta clase de iniciativas deja de estar constreñido a criterios estrictamente jurídicos, obligando a la Mesa a incorporar “valoraciones de otra naturaleza”.
En el caso concreto, se trata de una valoración “de índole lingüística”, pero en otros, el mismo requisito así incorporado obligará a la Mesa a adentrarse en valoraciones de otro tipo “que hasta la fecha se habían considerado que pertenecían al ámbito del debate político” en el Pleno o la comisión competente. “Es precisamente a esos órganos a quienes corresponde”, según el letrado “valorar la coherencia, la racionalidad y la adecuación a la realidad de los mandatos y resoluciones que se propone adopten las Cortes”.
Por tanto, determina que el acuerdo de inadmisión de la Mesa “no se ajusta a la práctica y los precedentes seguidos hasta la fecha” a la hora de calificar y admitir a trámite las proposiciones no de ley y entienden los letrados que “reafirmando” el criterio que ya manifestaron en su día “debió admitirse a trámite la Proposición No de Ley presentada el 26 de octubre de 2021 por el Grupo Parlamentario Socialista”.
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