La trama Enredadera sobre corrupción municipal se divide en 30 piezas en juzgados de 12 comunidades tres años después de la operación policial

El 3 de julio de 2018 nacía formalmente una macrooperación contra la corrupción municipal en España, bajo el nombre de Enredadera, emanada del Juzgado de Instrucción 2 de Badalona. En esa jornada se movilizaron medio millar de efectivos policiales en 12 comunidades autónomas que realizaron 50 detenciones, de los que 16 eran alcaldes y concejales y 8 jefes de Policía Local, y se realizaron un centenar registros, parte de ellos en 43 ayuntamientos.

‘Enredadera’ nació investigando una denuncia en el ayuntamiento catalán de Mongat sobre presuntas irregularidades en la Policía Local y en adjudicaciones de contratos de tráfico. Las intervenciones telefónicas llevaron a una madeja que descubrió una presunta trama de irregularidades en contratos con las policías municipales, en especial con el programa de gestión informática de la empresa Bilbomática (una filial de Sacyr), y de otros elementos de pacificación del tráfico; además se descubrió otra ‘subcausa’ con epicentro en Castilla y León, vinculada a presunta corrupción en contratación municipal relacionada con el empresario José Luis Ulibarri, detenido en la operación.

El caso provocó toda una convulsión política en su momento, costando el puesto al entonces alcalde de Arroyomolinos (Carlos Ruipérez, de Cs) o a la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo en León (María Eugenia Gancedo, del PSOE), además de poner en la picota cargos públicos por sus conversaciones como al consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), por su famoso “Yo soy la administración”.

La complejidad de la causa, con miles de horas de grabaciones y cientos de documentos intervenidos en los registros pendientes de analizar, provocó que la causa se dividiera inicialmente en la pieza principal de Badalona, dedicada a los contratos policiales y de pacificación del tráfico, y otras cuatro por presuntas irregularidades en otro tipo de contratación en León, Astorga, Fuenlabrada y Navalcarnero. Posteriormente, en el 2019, el análisis de los pinchazos telefónicos llevó al juzgado a pedir abrir otras 25 causas distintas en otras tantas ciudades por otros delitos al margen de lo investigado en ‘Enredadera’. La pieza de León está cerrada provisionalmente a fecha de hoy mientras que la de Astorga se mantiene viva gracias a la acción de la acusación popular, ejercida por Izquierda Unida.

La situación actual de la macrocausa, tres años después, es que está a punto de dividirse en 30 piezas separadas, donde la Fiscalía de Badalona y la jueza del caso, que han cambiado en estos años, consideran que deben instruirse los presuntos hechos delictivos detectados en los pinchazos telefónicos.

Así, en un escrito de octubre de 2020 la Fiscalía advertía que en Badalona se estaban “asumiendo hechos ocurridos en un total de 40 municipios pertenecientes a 12 Comunidades autónomas”, por lo que pedía derivar las causas correspondientes a las 30 cabezas judiciales correspondientes a cada lugar. Lo que la jueza del caso aceptó en el pasado mes de noviembre, pero está pendiente de formalizar hasta que se resuelvan todos los recursos presentados por las decenas de investigados. Así, Badalona sólo se quedará con la pieza original del ayuntamiento de Mongat y el resto irán a los juzgados correspondientes a cada municipio.

En un auto reciente la jueza reconocía lo “acertado” del nombre con el que la Policía bautizó la operación -Enredadera- reseñando que “resulta insostenible la inadecuada (por dilatada) instrucción que ha venido desarrollándose hasta ahora, fruto de la extensión que ha alcanzado, volumen ingente de documental, número de investigados, cuyo resultado implica un enmarañado análisis de la causa”.

La Fiscalía, además de reiterar la partición en 30 causas, junto a las 5 originales y las otras 25 adicionales que se abrieron, ha pedido extender la investigación por seis meses más hasta final de año, prorrogando la declaración de ‘instrucción compleja’ de la causa.

Una vez que la causa se divida los juzgados de cada zona asumirán la parte correspondiente que hasta ahora se seguía en Badalona. Y por Comunidades Autónomas los casos recaen en los siguientes juzgados (y municipio en investigación):