Confirman 5 años y medio de cárcel para una mujer que obligó a una menor a prostituirse
El TSJ de Castilla y León ha confirmado la pena de la Audiencia Provincial de Valladolid de cinco años y seis meses de cárcel impuesta a una mujer por corrupción de menores, un delito cometido cuando obligó a una menor a prostituirse.
Ademas de la pena de prisión la resolución judicial ahora ratificada estableció libertad vigilada por un periodo de cinco años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad e inhabilitación especial para cualquier profesión oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un periodo de 5 años.
Por el delito leve de lesiones cometido contra la menor afetctada, la acusada deberá pagar un mes de multa con una cuota diaria de 6 euros, según la sentencia facilitada este lunes por fuentes del TJCYL.
Además, el tribunal consideró la existencia de un delito de atentado a agentes de la autoridad, cometido cuando la policía acudió al domicilio en el que se encontraban procesada y víctima, por el que impuso 6 meses de prisión, y dos delitos leves de lesiones también llevados a cabo contra sendos agentes, por el que estableció tres meses de multa con cuota diaria de seis euros en cada caso.
La sentencia condenó además a un hombre, también por un delito de corrupción de menores, a un año de prisión y a inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un periodo de 2 años.
Entre los argumentos de la resolución para rechazar los recursos de las defensas y confirmar la sentencia de primera instancia figura que el tribunal no aprecia “ni infracción de la presunción de inocencia ni error en la valoración de la prueba, ni tampoco infracción del principio in dubio pro reo”.
Considera que el testimonio de la víctima constituye prueba de cargo eficaz y suficiente en que sustentar la condena impuesta.
Además establece que no solo se ha valorado el testimonio de la víctima, sino también otras pruebas, entre ellas la intervención el 6 de marzo de 2022 de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que acudieron al domicilio de la procesada y las declaraciones contradictorias de ambos acusados.