Hace 50 años, Josep Vilalta salvó su vida por unos metros de distancia. “Me escapé por el agujero de la cerradura”, suele decir cuando recuerda aquel día. El 3 de noviembre de 1975, un lunes a las 8:55 horas, una explosión de grisú reventó una de las galerías de la mina de lignito Consolación, en la cuenca barcelonesa del Berguedà, y mató a 30 compañeros suyos.
El accidente de la conocida –por su ubicación– como mina de Fígols es la tragedia minera más mortal de la historia reciente de España, al menos de los últimos 80 años. Pero para muchas familias es también la historia de cómo las fuerzas del tardofranquismo se movilizaron para controlar la respuesta minera y pasar página de un suceso en el que se acumulaban los indicios de negligencia por parte de la empresa.
“Nadie pudo ni siquiera identificar los cadáveres”, recuerda Txema Gómez, hijo de Josep Maria, minero de 34 años fallecido ese día. A las pocas horas del accidente aterrizó allí con su helicóptero el Gobernador Civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, y tras un breve reconocimiento médico de los cuerpos, al día siguiente estaban ya todos enterrados en sus respectivos pueblos. Algunas de las viudas todavía comentan que nunca sabrán si es a sus maridos a quienes visitan en el cementerio.
“En la mentalidad franquista, una zona minera entrañaba un gran riesgo de estallido y había que aplacarlo rápido”, resume Rosa Serra, historiadora de la comarca del Berguedà. “¿Quién ordenó todo aquello? Las familias no pudieron hacer el duelo”, lamenta.
Con Franco moribundo –fallecería 17 días después– y la inminencia de la marcha verde sobre el Sáhara Occidental, la cúpula del régimen temía enfrentarse además a una revuelta minera, señala Serra. Más aún cuando la modernización de esa mina, flamante operación impulsada por la todopoderosa FECSA y avalada por el propio dictador años atrás, figuraba entre las posibles causas de la deflagración.
“Una bola de fuego”
Con 26 años recién cumplidos, Josep Vilalta llevaba desde la mayoría de edad empleado como uno de los 1.200 mineros de Carbones de Berga, la principal empresa de una comarca, el Berguedà, en la que el 60% de la actividad económica procedía a finales de los 60 de la extracción de carbón. El 3 de noviembre de 1975 Josep no tenía pensado ir a trabajar, puesto que eran las fiestas de su pueblo, La Pobla de Lillet, pero al final lo convenció un amigo suyo.
Dentro de las galerías, a las que entraron con el turno de las 8 horas, a él le tocaba supervisar el bombeo de unas pilas hidráulicas que sostenían la estructura. Estaba a unos 30 metros del frente de extracción de carbón. Todavía hoy recuerda con pelos y señales la explosión: “Fui a quitarme el jersey, y al desabrochármelo noté una manchada de aire desde abajo. Me tumbé y salió una bola de fuego hacia la pared que me hizo volar. El estruendo y el ruido eran horribles. Pensé: ‘Todo el mundo está muerto y tú también vas a morir’. No podía andar y me puse a gritar hasta que llegaron unos compañeros”.
A Josep lo sacaron del interior de la montaña subido en la cinta transportadora del carbón. Fue trasladado al Hospital de Manresa, con un parte médico en el que figuraban heridas “contusas” en cara, brazos, tórax y piernas y un pronóstico reservado. El rescate duró horas y se extrajeron 28 cuerpos sin vida del interior de la montaña. Otros dos mineros murieron en el hospital.
Txema Gómez tenía 8 años y también recuerda el momento en que fueron a buscarle a su escuela, en la que la mayoría eran hijos de mineros. “Ese día me hice mayor” asegura. Un vecino minero lo recogió por la tarde y se lo llevó a casa con su hermana. Por la noche supo que su padre había fallecido.
Junto con otros dos hijos de víctimas, Txema lleva diez años recopilando documentación sobre los interrogantes de esa jornada trágica, empezando por las prisas de las autoridades a la hora de enterrar los cuerpos. “He hablado con varios de los mineros que supuestamente identificaron los cuerpos, y lo hicieron a ojo por cuestiones como la altura, por dentaduras de oro… Los muertos no tenían el casco identificativo”, dice. Las viudas no pudieron ver sus cuerpos. Su tesis, y la de otros como Serra, es que los miles de personas concentradas ese mismo día en la boca de la mina asustaron a Martín Villa.
Al día siguiente de los entierros, se celebró un funeral multitudinario con 6.000 personas y la asistencia de varias autoridades, entre ellas tres ministros. El de Industria, el de Trabajo y el de Relaciones Sindicales.
De la gran inversión a la chispa
¿Qué provocó el accidente? La concentración explosiva de grisú en una mina que era considerada históricamente como de bajo riesgo respecto a este gas se debió a que los ventiladores interiores estaban apagados, puesto que los días anteriores habían sido festivos. Un cortocircuito en la instalación del alumbrado de las galerías, que tampoco era antigrisú, provocó la deflagración, según la comisión de investigación llevada a cabo posteriormente.
El problema es que al menos desde meses antes, en junio, una auditoría ya había advertido que la modernización de la maquinaria para explotar la mina, que la dotaba de más capacidad de extracción, causaba mayor liberación de grisú. Txema ha localizado incluso cartas de mineros, una de ellas enviada al ministro del ramo, que advertían de la precariedad de sus condiciones. “Con la electricidad ya ha habido tres muertos y sigue igual. En algunos sitios falta ventilación, que algún día, no muy lejano, si no ponen mano, puede haber algo muy gordo”, denunciaba de forma premonitoria un operario en 1974.
La modernización de la mina a la que hacen referencia los informes, que en la galería siniestrada se había puesto en marcha exactamente 23 días antes, no fue un proceso menor. Durante los años 60, FECSA ideó un plan para crear una central térmica en la zona que debía servir para abastecer la creciente demanda de electricidad de la industria barcelonesa, y para ello necesitaba que Carbones de Berga, empresa que acabó adquiriendo, aumentara significativamente su producción de carbón. Pero para lograrlo necesitaba comprar una nueva maquinaria que solo estaba disponible en la Ucrania soviética.
“La modernización de la mina de Fígols no fue una anécdota, requirió una solución de Estado”, recalca la historiadora Serra. Sin relaciones diplomáticas con la URSS, la compra la tuvo que autorizar el Ministerio de Comercio y el propio Franco, que en 1966 visitó la comarca para conocer y validar el proyecto. “FECSA se jugaba mucho, con una inversión altísima y el prestigio de suministrar energía suficiente”, afirma.
Esta gran operación, sumada a la falta de medidas de seguridad que después sí se incorporaron, es la que mantiene convencidos a algunas víctimas y familiares de las negligencias de la empresa.
En los años de investigación de Txema y sus compañeros, que terminaron plasmados en el documental Grisú, la tragedia de Fígols (2024), consiguieron también el valioso testimonio del que fue abogado de la empresa durante el posterior periplo judicial. “Es evidente que hubo una especial protección a Carbones de Berga para que no les culpasen de los hechos, en aquella época era difícil hacer planteamientos distintos en un tema en el que el Gobierno había jugado tan fuerte”, admitía Josep María Antràs. “Lo que no podían hacer, y no hicieron, es decir que se equivocaron, sino que dijeron ‘vamos a taparlo’”, concluía.
Dos procesos judiciales para cerrar el caso
Tras las primeras indagaciones posteriores al accidente, se abrió un proceso judicial en el que fueron imputados cuatro ingenieros. Pero pronto quedaron absueltos gracias al indulto real del rey Juan Carlos I posterior a la muerte de Franco, que provocó el archivo del caso. Al mismo tiempo, la empresa logró que las familias aceptaran una indemnización por lo ocurrido.
Pero algunas viudas, entre ellas la madre de Txema, no se dieron por vencidas y volvieron a denunciar a la empresa en 1978. Explica su hijo que había indignación porque la empresa había maniobrado para poner a los trabajadores de la mina en contra de las mujeres, sobre quienes circulaban falsos rumores como que se habían enriquecido con las indemnizaciones. También había dolido que la empresa, en informes posteriores, introdujera la posibilidad de que la explosión se debiera a un cigarrillo.
“Esto fue una excusa para taparse”, afirma Josep Vilalta. Él no esconde que en las galerías se fumaba a escondidas, pero argumenta: “Si la explosión hubiese sido a media jornada o al final… Pero a primera hora nadie fumaba, porque era el momento en que entraban jefes, mecánicos, facultativos”, detalla.
Con todo, la denuncia de las viudas que se negaban a bajar los brazos también fracasó. Los jueces dictaminaron que la concentración de grisú era impredecible y que no se podía culpar a la empresa. El último recurso fue rechazado en 1981.
En una comarca pequeña como la del Berguedà, las consecuencias de la tragedia se sobrellevaron en silencio y con frustración en no pocos hogares. Txema recuerda que su abuela, que había sido niñera de los hijos de uno de los ingenieros imputados, pasó a insultarle por la calle cuando se lo cruzaba. “Yo y muchos de los hijos de esos mineros hemos tenido que curarnos la rabia toda la vida”, afirma.
Josep Vilalta siguió empleado en Carbones de Berga hasta su cierre en 1991. De baja durante un año y medio, le ofrecieron la invalidez, pero él quería trabajar. Se quedó en un puesto de exterior, desde donde veía cada mañana entrar a la las brigadas de seguridad con máquinas de detección de grisú. Acudía al tajo con preguntas que aún hoy no ha resuelto: “¿Quién mandó cerrar la ventilación? ¿La empresa estaba en condiciones de hacer una explotación tan profunda?”.
Solo una vez volvió Josep a adentrarse en la mina. Quería ponerse a prueba. “Un compañero se había ofrecido a acompañarme, así que un día decidí entrar para ver si tenía claustrofobia. Al avanzar hacia abajo, llegué a un punto en el que me faltó la respiración”, explica. Se le agrieta la voz al relatarlo. Era el lugar donde casi pierde la vida. “Le dije al compañero que yo reculaba. Me dijo que salía conmigo, pero le contesté que no. Y me fui solo”.