Una activista de Terrassa que denunció haber sido agredida por la policía se enfrenta a casi tres años de cárcel
Mónica Ramírez, vecina de Terrassa, volvía a su casa la noche del 12 de mayo de 2007 acompañada de un amigo cuando dos policías la detuvieron, la increparon y, según denuncia, la agredieron reduciendola al suelo frente a la puerta de un garaje. Al parecer, los dos agentes municipales, del Grupo de Intervención Especial (GIE), reaccionaron mal después que el acompañante de Mónica lanzara una colilla cerca de su coche patrulla. La detención, según Mónica, derivó en agresiones in situ y posteriormente en el hospital adonde la trasladaron, la Mútua de Terrassa, para hacerle un informe médico de lesiones, donde la habrían vuelto a golpear.
Los hechos relatados llevan esta semana a Mónica y a los dos agentes al banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Barcelona. En el juicio, que tendrá lugar el próximo 4 de julio, Mónica se enfrenta a una pena de 2,8 años de prisión por atentado contra la autoridad y por lesiones, ya que los policías en cuestión denunciaron haber sido ellos víctimas de la resistencia de la detenida. Y de forma opuesta, los agentes encaran el juicio acusados de delitos de torturas y contra la integridad moral de Mónica, a raíz de la denuncia de la propia detenida, por lo que se pide a ambos 2 años de cárcel y 12 de inhabilitación de su cargo.
A todo esto se le suma la acusación particular de la Asociación Memoria contra la Tortura contra los agentes, un gesto que sirve para vehicular el apoyo de las plataformas y entidades locales y los colectivos antirepresivos, que califican los hechos de “persecución política” contra una persona significada dentro de los movimientos sociales locales. Mónica Ramírez es activista del movimiento okupa y miembro de colectivos como Acción Autónoma o el Kasalet.
“La humillaron”
La abogada de la defensa, Paula Arce, explica que las agresiones se repitieron en varios momentos aquella noche. Primero de todo, en cuanto la detuvieron, cuando asegura que la empujaron contra la puerta de un garaje y que luego la golpearon en el suelo. Luego, la llevaron a la Mútua de Terrassa para hacerle el informe médico y allí, según relata la defensa, Mónica se puso nerviosa porque vio como los policías también pedían informes de lesiones. Al abordar los policías para pedirles explicaciones, la habrían vuelto a reducir en el suelo y agredirla. Finalmente, Arce denuncia que también en el coche patrulla la agredieron frenando el vehículo de forma brusca y provocando que la detenida, esposada, impactara contra la mampara de protección. En todo momento “la humillaron”, remarca Arce, mientras afirma que se burlaron y rieron de su clienta continuamente.
La versión de los policías es que fue Mónica quien, en cuanto se la quiso identificar, se mostró agresiva y quien, con su resistencia, lesionó a los agentes. A los hechos ocurridos en el hospital no se han referido en ningún momento.
Las plataformas que apoyan a la acusada piden “la absolución” de Mónica y, además, exigen la disolución de la unidad que integraban los policías, el GIE, al que acusan de haber perpetrado en otras ocasiones abusos policiales. Por otra parte, denuncian que se haya tardado seis años en celebrarse el juicio, lo que atribuyen a la “impunidad” de la que aseguran que goza la policía.
