A día de hoy, España ocupa el séptimo lugar dentro del ranking mundial en exportaciones de armamento y el cuarto a nivel europeo. Paradójicamente, los ratios de endeudamiento de las empresas que configuran esta proactiva industria militar española son del casi 75%, algunas llegando hasta el 100%. ¿Quién es, pues, el socio capitalista que mantiene vivo un negocio de las armas que ha demostrado reiteradamente su dependencia financiera? Este rol es protagonizado principalmente por las instituciones bancarias, aunque no debemos desmerecer la contribución del estado a través de entes públicos como SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que se sitúa como la cuarta entidad financiadora de la industria militar controlando el 100% de las acciones de la principal empresa española de buques de guerra, Navantia, y con importantes participaciones accionariales en otras compañías de la industria militar como Indra, DEFEX, SAES, Sainsel o MBDA España.
Según el último informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz “Los bancos que invierten en armas” (2016), son 72 las entidades bancarias - españolas y extranjeras - que a nivel estatal conforman lo que se ha bautizado como la “Banca armada”, quizás un neologismo en el vocabulario activista pero de praxis arcaica. En este mismo informe, se especifican los movimientos financieros que estas entidades han efectuado desde 2011 hasta 2016 directa o indirectamente a 34 empresas del sector, ya sea en forma de participación accionarial, de créditos o de emisión de bonos y pagarés. En total, la suma alcanza los 80.000 millones de euros -6.000 millones de los cuales son aportados por la banca española-. Para que nos hagamos una idea, esta cifra es muy superior a los 30.000 millones de euros que Jacques Diouf, ex director General de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), pedía a la sociedad internacional para erradicar la amenaza de hambre anual a nivel mundial en la Cumbre de la FAO de 2008 en Roma.
¿De qué bancos estamos hablando? A nivel estatal, encontramos un heterogéneo abanico, que va desde las principales entidades financieras españolas, todas ellas presentes en el IBEX 35, hasta pequeñas entidades de carácter autonómico. La lista la encabezan el BBVA y el Banco Santander que, poniéndose a la altura de los mayores inversores de la industria armamentista del mundo, han invertido 2,746,121,954.61 de euros y 1,518,304,347.55 de euros al sector, respectivamente, durante el periodo 2011-2016. En un segundo nivel, le siguen las entidades Banca March, Bankia, Caixa Bank, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankinter. Sin embargo, la banca armada intenta preservar su imagen amparándose en estrategias de marketing como normativas internas en materia de defensa o la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), un código que teóricamente vela para detectar y prevenir las externalizaciones negativas que su actuación pueda generar a nivel social y medioambiental. En la junta de accionistas de 2015, Ana Botín -presidenta del Santander- aseguraba a los miembros de la campaña Banca Armada que “verificamos que todos nuestros clientes y operaciones cumplen con nuestras políticas de defensa, que se respetan convenciones y tratados relativos a la no proliferación de armamento prohibido y todas las directrices internacionales de control en esta materia ”. En la misma línea y también en el marco de una junta de accionistas del mismo año, el presidente del BBVA Francisco González defendía que el “BBVA tiene la partida de financiación de defensa más exigente a nivel mundial”. Su intervención concluía con una polémica declaración: “muchas veces la financiación de armas lo que busca es la paz; entonces habrá que ver exactamente de estas compañías que financiamos cuáles están más con la paz y cuáles no lo están”.
Entonces, ¿cuáles son las compañías que financia la banca armada? Las más destacadas a nivel estatal son Indra, Maxam, Navantia, Sener y Oesia. Para empezar, Maxam es una de las empresas de explosivos militares más grandes del mundo, en el pasado responsable de la fabricación de minas anti-persona y bombas de racimo, producción que tuvo que parar con la aprobación de una ley que prohibía su expresa fabricación. Aún así, la empresa volvió a generar controversia recientemente por un caso de comercio de armas que tendría como destino la guerra de Siria. Por su parte, Navantia está negociando un contrato multimillonario con Arabia Saudí gracias a la diplomacia económica del rey Felipe VI. ¿El producto? Cinco corbetas que probablemente sean utilizadas en la guerra de Yemen, en la que la petromonarquía participa directamente. Indra, empresa que el estado adquirió a través de SEPI para rescatar a Bankia y que tiene como principal cliente el mismo Ministerio de Defensa, también participa (in)directamente en importantes transacciones de armamento a países en conflicto, a parte de controlar el 80% de la Sociedad Española de Misiles (Inmize Sistemas). Asimismo, también es una de las principales adjudicatarias del concurso público destinado a construir y mantener las vallas de Ceuta y Melilla. Si vamos analizando empresa por empresa, veremos que se trata de una operación de “suma y sigue”. En cuanto a la industria militar extranjera financiada por bancos españoles, encontramos una lista encabezada por Airbus group, Finmeccanica, Boeing y Honeywell International, todas ellas veteranas dentro del sector y líderes en la producción y comercio militar mundial.
Ante todo esto, entidades de la sociedad civil catalana llevan casi diez años organizadas bajo la Campaña Banca Armada para reivindicar un cambio real. Entre sus actuaciones, la campaña asiste anualmente a las juntas de accionistas del BBVA, Banco Santander, Caixabank y Banco Sabadell con el objetivo de sensibilizar a los accionistas sobre la problemática e instar a los directivos a cambiar sus políticas en esta materia. Hoy 17 de marzo tendrá lugar la primera de las juntas, la del BBVA, en la que las activistas apelarán a las responsabilidades de la entidad en la actual crisis de refugiados, a través de su financiación a empresas como Airbus y Finmeccanica, ambas destacadas exportadoras de armas en zonas de conflicto de Oriente medio y el Norte de África. Para poder asistir a las juntas de las otras entidades denunciadas – todas comprendidas en el periodo de marzo y abril –, la campaña está haciendo un llamamiento a todas las accionistas para que los cedan su delegación de voto.
La implicación de los principales bancos estatales en el negocio de la guerra es un hecho, a pesar de intentar encubrirse tras una ilusoria responsabilidad corporativa que ha demostrado ser, si no inexistente, hipócrita e ineficaz. Y probablemente así seguirá siendo hasta que las políticas de financiación de las entidades bancarias en relación con la industria militar se regulen a nivel estatal. Las perspectivas de cambio no parecen muy reales teniendo en cuenta que España constituye la otra vértebra de la industria de armas. Ellos ya son cómplices de la guerra, no lo seamos nosotros también: saquemos el dinero de la Banca Armada.
