La cumbre antifraude termina sin acuerdos pero con decenas de propuestas sobre la mesa
La cumbre contra el fraude y la corrupción organizada por el President Artur Mas, ha terminado sin acuerdo ni conclusiones después de dos sesiones. Sin embargo, la iniciativa ha permitido abrir el debate y provocar una lluvia de ideas y de propuestas de todas las instituciones implicadas. En esta cumbre han participado la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC), Miguel Ángel Gimeno, el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó; el síndico mayor de Cuentas, Jaume Amat, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso y el secretario de Gobierno, Jorge Baiget.
La próxima semana, todas sus propuestas se discutirán en el Parlament y buena parte de ellas se intentarán pactar entre los diferentes partidos. Algunos puntos se podrán añadir a leyes que actualmente se están discutiendo en el Parlament, como la de la transparencia, pero otros son competencia del Estado, de manera que se hará una petición para que se discutan en el Congreso. Finalmente, hay alguna consideración que en vez de convertirse en ley de obligado cumplimiento, sería como un acuerdo entre los partidos.
El President Mas ha advertido que existe la sensación de que la política está infectada por un “cúmulo de irregularidades” y que tras los últimos escándalos se vive en un “estado de alarma” general. Según ha reconocido el President en la rueda de prensa posterior al encuentro, si no se recupera la “confianza en las instituciones”, pueden peligrar los principales objetivos de este Govern, que son, según Mas, la recuperación económica, la mejora de la estado del bienestar y el proceso por el derecho a decidir. En su comparecencia, el Presidente ha hecho públicas sus propuestas contra el fraude y la corrupción, tras dejar claro que “no vinculan al resto de instituciones”. Los 51 puntos que Artur Mas propone se han discutido entre todos los representantes de las instituciones, pero no se han cerrado.
Copiar el reglamento de los jueces
Sus propuestas se dividen en grandes bloques, como la financiación de los partidos, el control de las contrataciones públicas, la transparencia o cómo actuar ante la imputación de un cargo público. Este último punto es uno de los más delicados, especialmente porque la imputación de Oriol Pujol, secretario general de CDC, por el caso de las ITV, parece inminente. Mas propone a los partidos aplicar un “código de buenas prácticas” similar al que afecta a los jueces. Trasladado a la política, este código no obligaría a dimitir a los cargos públicos imputados por delitos ya que, como recordó Mas, la imputación sólo es un indicio y “una pregunta no es una respuesta”. Ahora bien, si después de investigar, el juez considera que deben formularse las acusaciones y abrir el juicio, “el cargo público debería dejar sus responsabilidades”. En caso de que la sentencia sea condenatoria, “el trabajo ya está hecho”, ha apuntado Mas, pero si se absuelve al acusado, es necesario encontrar “una manera para que pueda quedar restituido en su cargo”. Este punto sería un acuerdo entre partidos y no una ley, pero en caso de no hacerle caso, el afectado tendría mucha más presión a la hora de dar explicaciones públicas. El President también quiere responsabilizar a los medios de comunicación a los que acusa de tratar las sentencias exculpatorias con más discreción que las imputaciones.
También hay diferentes propuestas referentes a la transparencia, como por ejemplo ir un poco más allá con la ley que actualmente obliga a los cargos electos de la Generalitat a hacer una declaración de bienes y patrimonio antes y después de cada legislatura, para comprobar si se han enriquecido durante el ejercicio de la política. Según Mas, no basta con registrar esta información en el Parlament, sino que debería hacerse pública. Pasaría lo mismo con los altos cargos. Ya que el objetivo es controlar el dinero público, la propuesta de Mas también pasa por publicar los sueldos de los dirigentes de las entidades, cooperativas, empresas y medios de comunicación que reciben ayudas públicas. También en esta línea, según Mas, habría que hacer un registro de los lobbies, como ya ocurre en la Unión Europea y que todos los ciudadanos pudieran ver cuáles son los grupos de presión que tienen los políticos.
Por lo que respecta a la financiación de los partidos, Mas considera que la legislación ya es bastante ambiciosa y lo que propone es cumplirla. Por ejemplo, el punto que obliga a todas las formaciones a someterse cada año a una auditoría interna.
Otro punto importante es el de las adjudicaciones públicas, que algunos partidos han utilizado para cobrar comisiones de empresas privadas. El President ha recordado que ya hay una oficina que está buscando los mecanismos para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades pero propone también unificar las normas de contratación.
Finalmente, Mas también cree que habría que aumentar el período de prescripción de cinco a diez años en los casos de enriquecimiento ilegítimo y que el enriquecimiento patrimonial injustificado debería considerarse delito penal, y no sólo un posible fraude fiscal. Estas dos propuestas se trasladarán al Congreso, ya que la dependen de leyes estatales.
