El conflicto del transporte público barcelonés, una piedra en el zapato de Colau
El conflicto del transporte público de Barcelona es una piedra en el zapato de la alcaldesa Ada Colau. Cuando la antigua activista asumió el poder local pocos pensaban que toparía con este problema. Los trabajadores de metro y autobuses, las dos empresas integradas en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) están en pie de guerra después de cuatro años con los salarios congelados. Se quejan de que el gobierno local de izquierdas tiene en este asunto una actitud parecida a la que tenia el alcalde convergente, Xavier Trias: no negociación.
Con el cambio de gobierno municipal los trabajadores de las dos empresas pensaron que había llegado el momento de recuperar parte de lo perdido. La marcha de los convenios ha desmentido esta previsión. Después de negociar desde principios de año, las posiciones restan enquistadas. Se dan situaciones paradójicas entre personas que antes del vuelco municipal acostumbraban a situarse del mismo lado de la barricada y ahora están unas frente a otras en la mesa de negociación.
Huelgas en días señalados
Junto a las conversaciones se han producido las huelgas. Los sindicalistas las han hecho coincidir con eventos muy importantes para la ciudad. Durante la celebración del Mobile Word Congress, entre el 22 y el 24 de febrero hubo huelga. También se realizaron paros coincidiendo con el partido de fútbol entre el Barça y el Real Madrid el 2 de abril pasado. Y esta semana, cuando Barcelona rebosa de visitantes del certamen Alimentaria, se han realizado dos días más de huelga parcial.
Los trabajadores de Metro, actúan a partir del mandato de su asamblea. En el comité de empresa el grupo mayoritario es CGT, aunque el resto de sindicatos, incluidos CCOO y UGT, mantienen la unidad de acción en este conflicto.
La protesta laboral tanto en Metro, como Autobuses tiene tres aspectos. El primero es la reclamación sindical de recuperar lo que se considera poder adquisitivo perdido fruto de la congelación aplicada en los últimos cuatro años. El segundo es reducir o eliminar el trabajo precario en las dos empresas. En el tercer punto se podrían añadir varios aspectos como la negativa de Autobuses a aceptar que se encargue a empresas privadas transporte de superficie, lo que pasaría, en opinión de algunos sindicatos, si se implantara definitivamente en tranvía por la Diagonal. Por lo que se refiere al Metro de Barcelona, se reclama también la reducción de la precariedad y la temporalidad, dos situaciones desconocidas hasta hace poco en la empresa.
Por su porte TMB ofrece un incremento que no supera el 1% para los trabajadores, y está dispuesta a negociar sobre aspectos como reclasificación de puestos de trabajo, pero de ninguna manera entra en el meollo de las peticiones sindicales.
Colau llegó a asegurar, coincidiendo con el anuncio de huelga que afectó al congreso del móvil, que se involucraría personalmente en buscar un acuerdo. Y así lo hizo, sin lograr desbloquear la situación. Desde entonces los contactos formales han vuelto a los directivos y no se han producido avances.
Subvención decreciente
Entre huelga y huelga aparecen algunas de las claves del asunto. Una es la financiación. TMB tuvo excedente de 5,2 millones el año pasado. Pero en las cuentas pesa mucho la aportación del Gobierno central a la promoción del transporte público. Y esta aportación baja de año en año en función del contrato programa. Así, en 2010 sumaba 200 millones mientras que el año pasado fue de 98,6 millones. En estas, el gobierno de Colau congeló las tarifas del transporte público y toda mejora, afirma, produciría un agujero en las finanzas del transporte público.
Otro elemento que causa un gran malestar es el de los costes internos de Metro de Barcelona. El 31 de diciembre de 2015 la empresa tenía 3.634 persones en plantilla. De dicha cantidad poco más de 318 personas figuran como contratadas fuera de convenio. Solo para pagar sueldos dicho grupo que incluye a los altos directivos, la empresa se reserva 20 millones.
Colectivos fuera de convenio
Los sueldos del grupo de trabajadores no incluidos en el convenio no se conocen exactamente, ni tampoco hay información oficial sobre qué personas forman dicho grupo. Se conoce, claro, quien integra la dirección, pero no la parte más importante del colectivo. Los sindicatos consideran que en este grupo puede haber políticos recolocados después de perder sus cargos electos. Los sindicatos han reclamado muchas veces nombres y apellidos. La empresa no han dado, hasta el momento los datos que les piden. Los niegan escudándose en la ley de protección de datos, igual como pasaba en loa anterior mayoría municipal.
Una sentencia judicial ha dado la razón al comité de empresa y Metro de Barcelona deberá integrar en el convenio a todos sus empleados, a excepción de la alta dirección en el convenio. La ejecución será inmediata y afectará a unas 300 personas.
Por su parte, en Autobusos de Barcelona la dinámica es diferente. Ocupa poco más de 3.800 personas. Tiene una situación equivalente respecto a personal fuera de convenio, aunque aquí no ha habido denuncia y no hay fecha para que se produzca la integración. En Autobusos no se da la unidad sindical y CGT y otros sindicatos lideran la protesta, mientras que CCOO UGT y el Sindicato Independiente de Transporte (SIT) llegaron a firmar un acuerdo con la dirección que fue tumbado por la asamblea. Se mantiene la conflictividad, aunque sin huelgas a la vista.
