“La función del CIE es mostrar a las personas migrantes como un riesgo potencial”
Mikel Araguás (Bilbao, 1974) es responsable de proyectos de la Federación SOS Racismo y estuvo en Barcelona el pasado viernes para participar en las jornadas 'CIE y deportación: Mecanismos de garantía y alternativas', organizadas por Irídia Centro para la Defensa de Derechos Humanos, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Es muy crítico con la gestión de las fronteras que se hace en Europa y defiende que la mejor manera de frenar las migraciones irregulares sería generar vías de entrada legales y seguras.
En su intervención durante las jornadas hacía referencia a la paradoja del tratado de Schengen, que representa libertad de movimiento en Europa, pero no para todo el mundo.
Es que cuando vemos las letras grandes todo es muy bonito, podemos a ir a Amsterdam tranquilamente, sin ni siquiera tener que cambiar dinero, o ir a cualquier parte del mundo por un módico precio. Nos podemos ir a Senegal cualquier día, sin ningún problema. Pero el problema es habernos creído que es lo mismo para todas las personas. Hemos creado un doble nivel, uno para los europeos y otro para el resto del mundo, y jugamos con ese doble rasero. Schengen tiene un lado positivo, que es la libertad de movimiento para los europeos y la erradicación de fronteras interiores para los europeos, pero lo que se omite es que de la mano de Schengen también hay un aumento del control fronterizo. Y ya no solamente hablamos de las fronteras, sino de como desde 1992 Europa empieza a plantearse tener unos estados que tengan la función de control de las fronteras europeas. Vamos trasladando las fronteras cada vez más hacia los países de origen. Mientras tanto, obviamos las causas de las migraciones y lo que se genera alrededor de las fronteras.
¿Qué es lo que se genera alrededor de las fronteras?
Dentro de lo que mucha gente llama la diplomacia del euro, lo que trata de hacer la Unión Europea es generar un grupo de países satélites afines que la UE va comprando a medida que va financiando acuerdos bilaterales de inmigración. Esos acuerdos de inmigración siempre van de la mano de un acuerdo comercial, de explotación, de transferencia de conocimientos o de patentes, que se utilizan de cara a la opinión pública europea. Paralelamente, al hilo de la gestión de las fronteras, y también muy relacionado con la caída del muro de Berlín, mientras ha bajado la inversión internacional en defensa –a excepción de esta última época–, han aumentado mucho los presupuestos en gestión de fronteras. Las mismas empresas que antes ofrecían productos para la defensa, están ofreciendo productos para la gestión de fronteras. Dentro de esos acuerdos de inmigración va implícita la venta de este tipo de productos, con esta industria que se va generando desde Europa, en competencia con Israel, China o Rusia. Todo va de la mano.
¿En ese llevar las fronteras a la periferia de la Unión Europea, la sociedad se preocupa menos por los derechos humanos?
La Unión Europea y los estados no son tontos. Han invisibilizado y han tratado de tirar los procesos más discutibles siempre a lugares donde no son visibles. Si te los esconden no lo ves y no puedes reivindicar derechos. Desde 1992 hay acuerdos entre España y Marruecos que han sido el ejemplo de la política europea para seguir externalizando fronteras. Nos preocupamos por el acuerdo de la UE con Turquía, pero el acuerdo con Marruecos es mucho más cafre y no tiene esa imagen. Ese tipo de acuerdos propició que la responsabilidad de la gestión de la frontera ya no fuera de Europa sino de Marruecos. A partir de ahí se empiezan a negociar cosas, como acuerdos pesqueros o agrícolas a cambio de que controlen la inmigración. Pero luego surge un problema, que es que los países del sur tampoco son tontos. No es casualidad que en diciembre, cuando hay una sentencia en España desfavorable a los acuerdos agrícolas con Marruecos, abriesen la espita y entrasen 1.000 personas en Ceuta. Se está generando una relación de chantaje mutuo entre los países del norte y los del sur. Erdogan cuando se negocia el acuerdo entre la UE o Turquía, o Líbia, que cuando cae Muamar el Gadafi dice: “O nos apoyáis o Europa será negra”. Estas relaciones tienen además el efecto pernicioso de que todos los países del entorno son dictaduras, o dictaduras encubiertas o democracias de baja calidad.
¿Ese gasto en gestión de fronteras y acuerdos internacionales se justifica en los resultados de las políticas migratorias?
No. Si nos abstraemos de los últimos dos años, en que sí que ha llegado un millón y pico de personas a Europa, y eso requiere un esfuerzo logístico, en los años anteriores tampoco había una llegada tan importante de personas para toda la parafernalia que hay alrededor de la gestión de fronteras. En una época de crisis la única agencia que ha multiplicado una barbaridad su presupuesto ha sido la antigua Frontex, ahora Agencia Europea de Fronteras y Costas. Además, nadie sabe exactamente cuánto nos cuesta todo lo que está alrededor del blindaje y externalización de fronteras, porque entran fondos de cooperación y de todo. Dentro de todas la líneas presupuestarias y de inversión aparece algo de defensa, o de inversión en tecnología o en investigación en control fronterizo. Esa tecnología que se empieza experimentando en fronteras acaba también vendiéndose hacia el resto del mundo.
¿Y para qué sirve esa inversión en fronteras si dice que la realidad no la justifica?
Es la gran pregunta. Si echamos números casi te sale mejor pensionar a las personas que llegan aquí en situación irregular, o invertir de otra forma. Estamos matando moscas a cañonazos, y utilizo este refrán porque queremos matar y queremos usar los cañones. Queremos generar un enemigo, una dialéctica de guerra, y así empezamos a usar la excepcionalidad. Nos acostumbramos a esta excepcionalidad en el tema de las migraciones y ahora se empieza a aplicar al hilo de la crisis en Europa. Como se supone que estamos en una época excepcional, tenemos que tomar medidas excepcionales y dejar los derechos en segundo plano. La ciudadanía acaba aceptando de forma natural una bajada del estándar de derechos sin discusión ninguna.
¿Cómo se puede enfrentar esta situación de excepcionalidad y recortes de derechos?
El reto es cambiar el relato y empezar a analizar de qué forma podemos cambiar estos flujos migratorios, ordenarlos y evitar que se produzcan. Si seguimos utilizando las mismas medidas de hace 20 años, tendremos los mismos efectos. En 1995 salía un diputado provincial de Ceuta diciendo que tenía la solución para acabar con la inmigración irregular en la ciudad: construir una valla. Sabemos que construir una valla más grande o más profunda no lleva a nada. ¿Entonces qué estamos haciendo? Estamos construyendo un enemigo.
En su intervención en las jornadas Carlos Arce, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, nos decía que el número de personas que entran en Europa por Ceuta y Melilla es un porcentaje irrelevante del total. ¿Por qué se pone tanto foco ahí?
Toda guerra tiene una parte simbólica y cuando tienes o imaginas un enemigo lo primero que hay que hacer es fortificar tu identidad. Lo vemos en la historia, la muralla china existe para eso, para evitar la invasión de los pueblos de la zona. Es algo que tradicionalmente siempre nos ha confortado, construimos murallas porque creemos que nos protegen de las malas influencias del exterior. Es un símbolo que tranquiliza a la opinión pública y que simplifica mucho los debates. ¿Quién está en contra de la seguridad o de la lucha contra el terrorismo? Nadie. ¿Pero realmente estamos luchando contra el terrorismo o protegiendo Europa? No.
¿Y en este contexto, para qué sirve un Centro de Internamiento de Extranjeros?
Un CIE es otro valor simbólico. Toda las encuestas nos muestran que la opinión pública siempre percibe una población extranjera superior a lo que realmente es, y en todo el mundo existen rumores sobre los ciudadanos de otros países. En Andalucía parece que los chinos tengan el monopolio del pequeño comercio, en Catalunya podrían ser los pakistaníes… Este tipo de mitología existe en todos los países del mundo y el CIE juega un papel en esta mitología: igual que se supone que hay enemigos que te quitan el trabajo, hay lugares donde se supone que el Estado lucha contra ellos, y son los centros de internamiento. El mismo modelo de gestión migratoria existe en todo el mundo, hasta en Nicaragua hay CIE. Sabemos que no sirven para nada. En 2012 fueron expulsadas 6.000 personas desde los CIE y los vuelos de deportación tienen un coste de 12 millones de euros. Sabemos que son ineficaces, que representan una gota de agua sobre el conjunto de los flujos migratorios, pero simbólicamente avalan esa lucha contra la inmigración irregular.
¿Y más allá de lo simbólico?
El simbolismo esconde la realidad de los centros de internamiento, pero últimamente la opinión pública ha empezado a tomar consciencia de ella y exigir derechos, y en consecuencia los jueces de control y las fiscalías han empezado a tener un papel mucho más activo. Lo que pasa es que el Estado sigue haciendo caso omiso a los jueces y a todo. La excepcionalidad permite que haya un centro de internamiento en Barcelona sin licencia, que el centro de internamiento de Algeciras esté en ruinas, que en Málaga quitaran las perreras del piso de abajo porque no tenían las condiciones mínimas para los perros policías, pero siguiera habiendo personas en el piso de arriba durante dos años más… El CIE tiene un carácter no penitenciario, lo que significa que el peor de los CIE debería tener un estándar superior a la mejor de las cárceles. A la práctica no es así, y empezamos a utilizar esa arquitectura penitenciaria porque queremos penalizar y criminalizar a la gente. Estamos hablando de personas que tiene una falta administrativa o van a ser deportadas. ¿Es necesaria toda esa parafernalia alrededor? No, pero tenemos que generar esa imagen, y mostrar a las personas que van a ser expulsadas, y por extensión todas las personas migrantes, como un riesgo potencial.
Luego hay que hablar de las deportaciones…
Son parte de lo mismo. Europa vive una obsesión por expulsar gente, e invierte cantidades brutales, pero si yo te expulso, alguien te tiene que acoger, y quien te acoge tiene capacidad de negociación. Las deportaciones se convierten en parte de un negocio más grande. Si un país acepta acuerdos de repatriación suelen venir acompañados de otro tipo de acuerdos en paralelo. Y por otro lado lo que hace también la UE con esas deportaciones es vaciar el derecho al asilo. Se ponen trabas al acceso, porque ¿cómo lo van a solicitar las personas que no pasan las fronteras?
¿Cómo se puede cambiar este modelo migratorio?
Tenemos sobre la mesa una cuestión muy peliaguda. Las expulsiones en 72 horas, que se hacen sin pasar por un CIE, no tienen un periodo de tiempo suficiente para intentar garantizar derechos, pero eso no nos tiene que llevar a avalar la existencia de un CIE para ofrecer garantías. Está sobre la mesa este debate sobre cómo podemos evitar las expulsiones. Aquí hay dos cuestiones. Una es la irregularidad de las personas que están en Europa. El Estado tiene unas responsabilidades, y si se compromete a expulsarlos y no lo hace, porque por ejemplo vienes de Níger, a donde no te pueden deportar, lo que debe hacer es regularizar tu situación y facilitarte la documentación. Si no, se está generando un grupúsculo de gente que está en tierra de nadie, y eso perturba la visión de la opinión pública. No podemos permitir que sea el Estado quien genera la irregularidad.
¿Y la otra cuestión?
Es que si no quieres permitir la inmigración irregular en Europa, cosa que me parece muy bien, debes generar vías de entrada. Lo que no puedes es jugar a las dos barajas; que un señor de la República Centroafricana te diga que quiere ir a Francia y simplemente le digas que no puede. Lo estás condenando a hacer un periplo por África para tratar de llegar a Europa o lo estás dejando en manos de una mafia. La alternativa se tendría que plantear desde ahí. Yo estoy a favor de la inmigración regular, igual que mucha gente, pero entonces hay que generarla.