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Un desconocido entregó a ICV toda la información que ha permitido la investigación de Sabadell

Jordi Mumbrú

Sabadell —

A las diez de la mañana, los Mossos d’Esquadra han entrado al Ayuntamiento de Sabadell vestidos de paisano y con cajas de cartón en sus manos. Algunos funcionarios no tenían ni idea de lo que estaba pasando aunque poco a poco han ido atando cabos. Las sospechas existían. Desde hacia tiempo, en Sabadell se lanzaban muchas acusaciones y pasaban cosas muy extrañas.

La investigación de este caso nació en enero del 2010, cuando una persona se puso en contacto con Carme García, vicepresidenta de ICV en el municipio. La persona, que siempre se ha mantenido en el anonimato, le entregó una información sobre una supuesta trama de corrupción que implicaba al Ayuntamiento en el cobro de comisiones a empresas constructoras a cambio de la adjudicación de obras. Algunas informaciones apuntan que la comisión se fijaba en el 3% del coste de la obra.

Carme García guardó la documentación en la sede del partido. Días más tarde, unos desconocidos entraron por la puerta, sin forzar la cerradura, y registraron el local. Encontraron una caja fuerte que estaba escondida y también la abrieron sin forzarla. Finalmente, los desconocidos se llevaron dos torres de ordenadores y la documentación que había entregado la persona cuya identidad se desconoce.

“No creemos que se trate de un robo común –dijo en esa ocasión el presidente del partido, Aureli Calvo– sino que creemos que es evidente que el interés de los delincuentes era la apropiación de información o documentación fruto de las investigaciones que nuestra organización está llevando a cabo en los últimos dos años”.

Consciente del valor de la misteriosa documentación, Carme García se había guardado una copia, que los ladrones no encontraron. Cuando ICV denunció el robo a los Mossos d’Esquadra, contaron todos los hechos y los agentes recomendaron que informaran a la Fiscalía Anticorrupción. Y así lo hicieron. Con la copia de toda la documentación, la Fiscalía inició una investigación de oficio, sin la necesidad siquiera de que García presentara una denuncia.

Casi tres años después, cuando el caso ya se daba por suspendido, la Fiscalía ha ordenado el registro del Ayuntamiento de Sabadell, de las oficinas del departamento de Urbanismo y de la sede de la empresa pública que gestionaba el agua del municipio, entre muchos otros locales.

También ha ordenado la detención de al menos 12 personas y ha imputado a 26 personas más, entre los que destacan el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, y algunos miembros de su equipo de Gobierno. Bustos es también presidente de la Federación de Municipios de Catalunya y diputado adjunto de presidencia de la Diputación de Barcelona. También formaba parte desde años de la Ejecutiva del PSC, donde ostenta el cargo de secretario de Política Municipal.

Entre los detenidos también está Melquíades Garrido, tío de Manuel Bustos, y presidente del gremio de constructores y el exportavoz del PP en Sabadell, Jordi Soriano, que ya fue apartado del partido el año pasado, además de varios empresarios. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, sigue en marcha.

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