Natividad López, con sólo 33 años, ha sufrido un infarto y un ictus cerebral. “Nunca imaginé que me pasaría todo esto. Después del infarto volví a trabajar pero con el ictus mi vida ha cambiado muchísimo”, explica a este medio Natividad. La joven, que hasta hace poco gozaba de una incapacidad temporal, decidió acampar ante el Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) el pasado 6 de octubre para exigir que se revoque la decisión de darle el alta y también para reivindicar, de paso, lo que ella considera que le corresponde: la condición de invalidez laboral por incapacidad permanente.
A raíz del ictus hacía casi 18 meses que la joven disfrutaba de una invalidez por incapacidad temporal, por lo percibía poco más de 300 euros mensuales. Ahora, sin embargo, no recibirá ninguna cantidad, ya que el ICAM considera que tiene una capacidad plena para reincorporarse al mundo laboral. “Voy al médico tres veces por semana”, cuenta a Catalunya Plural la afectada que asegura que la situación que vive “es como una condena” porque no puede trabajar pero en cambio no tiene el reconocimiento de la incapacidad permanente. “A estas alturas, decirle a Nati que puede trabajar es una auténtica barbaridad”, asegura su abogada, Marta Barrera, en un comunicado del Col·lectiu Ronda, el bufete de abogados que lleva su caso.
Según relata Natividad todavía se encuentra recuperándose del ictus y ha tenido que topar con la burocracia y el “maltrato”, dice ella, del ICAM, una institución que tiene como objetivo la gestión del proceso sanitario y de evaluación médica de las incapacidades laborales, según se dice en sus estatutos. Consol Lemonche, subdirectora de la institución, explica a este medio que en su momento “se valoraron todas las patologías y antecedentes y como no había ninguna secuela se desestimó darle la incapacidad permanente”.
Un hecho que cogió por sorpresa a Natividad de manera más reciente fue el hecho de que se le diera el alta de la incapacidad temporal cuando aún no había terminado el plazo de hasta 18 meses por el que le habían dado la baja. Lemonche pero explica que el tiempo de invalidez no tiene porque “agotarse”, es un tiempo establecido de “hasta” 18 meses y si antes hay una mejora se da el alta. Respecto a la cuantía de la prestación -los poco más de 300 euros que Natividad recibía y que considera insuficientes- Lemonche matiza que las cantidades percibidas en concepto de prestación de invalidez las calcula el departamento de tesorería del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y que por lo tanto en el caso de Natividad ésta estaba calculada basándose en lo que cobraba de prestación de desempleo, que es la situación en que se encontraba en el momento de solicitar la baja.
La abogada Marta Barrera afirma en el comunicado que el caso de la Natividad es un caso más en el que el alta tiene que ver con una medida de ahorro de recursos: “El mismo maltrato que constantemente sufren muchas personas a manos del INSS y el ICAM que encuentran respuestas negativas muy difíciles de entender y justificar para sus solicitudes de incapacidad con el único objetivo de reducir el gasto que suponen para el erario público”. Por el contrario, Consol Lemonche asegura desde el ICAM que las altas y las bajas se dan “en función de cómo está la persona y no del ahorro”. “Nosotros somos unos médicos que miden si las lesiones que ha sufrido la persona la incapacitan o no para ir a trabajar”, insiste Lemonche.
Por ahora, y mientras sigue acampada, Natividad se encuentra a la espera de juicio, ya que el mes de julio decidió interponer una demanda judicial para obtener el reconocimiento de su incapacidad para trabajar. El juicio, sin embargo, se puede demorar más de un año, según el Col·lectiu Ronda.
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