Unos 10.000 parados catalanes tienen una pesadilla. La Generalitat, les reclama una penalización equivalente a un mes del subsidio de desempleo. El motivo: no haber fichado puntualmente como exige la normativa. La reclamación la recibieron los desempleados casi un año después de producirse el incidente normativo y es objeto de una reclamación de UGT y de una disputa entre los gobiernos central y catalán. Todo ello no sería importante si no hubiera afectadas personas que tienen circunstancias difíciles en su día a día.
No es el dinero a recuperar, haciendo un cálculo aproximado, podrían ser 500 euros por cada caso, unos 5 millones de euros, sino el conflicto de competencias lo que hay de telón de fondo.
La Generalitat presentó en su día un recurso de inconstitucionalidad al considerar que se invaden las competencias sancionadoras respecto a las políticas de empleo en lo que afecta a las prestaciones por desempleo.
El año 2013 el tribunal constitucional resolvió a favor del gobierno catalán. Por tanto, la Generalitat recuperó esta competencia desde el 24 de mayo de 2013. Pero, he aquí que el gobierno central, con un real decreto modificó la normativa sobre la no renovación de la demanda de empleo. Con una finta legal volvió a atribuir a los Servicios Públicos de Empleo (SEPES) la competencia sancionadora ya que cambia el tipo de infracción.
Hay que decir que entre el 24 de mayo y el 4 de agosto la Generaliat había ejercido su potestad y había puesto unas 10.000 sanciones. Las multas son las que casi un año más tarde llegaron a los parados, que se dirigieron a UGT para quejarse. El sindicato abrió un frente legal y otro frente instando la intervención del Síndic de Greuges, que emitió su dictamen.
Ahorrando el lenguaje legal, el organismo presidido por Ribó ha remitido un dictamen que recomienda a la Generalitat que aplique «el principio de retroactividad de la norma sancionadora más favorable a los afectados, se dejen sin efecto y se archiven los procedimientos sancionadores iniciados por el SOC , por no renovar la demanda de empleo entre el 24 de mayo y el 3 de agosto de 2013 y que se anulen en su caso, todas las resoluciones que se hayan podido dictar al respecto».
Dos párrafos más abajo en la misma resolución la sindicatura de agravios va al fondo del asunto: «Quiero hacer constar lo que los hechos descritos es una evidencia. Es el debate político competencial lo que ha provocado la situación descrita. El cambio de normativa se debe a la voluntad de la Administración Centra de recuperar una competencia que el Tribunal Constitucional había considerado propia de la Generalitat y que la actitud del gobierno de la presente, con el Real Decreto Ley 11/2013 es querer obviar el contenido y los efectos de la sentencia del Constitucional 104/2013 ».
Finalmente constata el afán del Estado por desvirtuar las competencias ejecutivas estatutarias de la Generalidad en el ámbito laboral, lo que pone en cuestión la seguridad jurídica que ha afectado a los ciudadanos.
Desde UGT, el responsable de política sindical confía en que la Generalitat encontrará, después de la recomendación del Síndic, la forma de evitar que la pelea competencial afecte ciudadanos pillados en medio de esta pelea, más cuando muchos de estos ciudadanos no tienen forma de pagar la sanción que se les exige, por haber agotado su subsidio y estar en condiciones muy precarias.
Sobre este blog
El Diari del Treball es un blog con voluntad de reflejar, tanto desde la información como la opinión, la lucha por preservar los derechos laborales y económicos que la crisis pone ahora en peligro. El blog está coordinado por el periodista Tomeu Ferrer.
