El centro público Massana rebajó un 80% el precio de la matrícula a los 18 profesores graduados sin ir a clase
La escuela pública de arte Massana de Barcelona no sólo puso facilidades académicas para que 18 de sus profesores se sacaran un grado universitario oficial, también les arregló el precio de la matrícula. Si los estudiantes de su promoción que fueron a clase pagaron entre 5.000 y 6.000 euros al año durante los cuatro cursos, este grupo abonó alrededor de 1.000, el equivalente al precio público del grado.
En un acuerdo que aprobó en 2010 este histórico colegio artístico con el aval de la UAB y el Consorcio de Educación de Barcelona –el ente del que depende administrativamente–, se decidió abrir una vía de “evaluación paralela” para que estos profesores pudieran obtener el grado en Arte y Diseño. Según la actual dirección, la decisión fue fruto de la necesidad de disponer de profesorado con estudios universitarios para impartir docencia precisamente en ese grado oficial, el primero de su historia, aunque el atajo académico que tomaron para conseguirlo choca con las normativas académicas y de evaluación.
De este modo, además de seguir estos docentes una evaluación 'ad hoc' que consistió en presentar un trabajo para aprobar cinco asignaturas de golpe cada semestre, fueron cursando los estudios con una rebaja del precio de la matrícula del entorno del 80%. La Massana, como centro adscrito a la UAB, aplica precios privados a las matrículas porque con ellas financia los estudios, a diferencia de las universidades públicas, que se sostienen principalmente con fondos públicos.
Por ejemplo, el primer curso, en 2010, un estudiante cualquiera abonó 5.343 euros, de los que 845,40 euros correspondían al precio público. Este último montante, un 15% del total, es lo único que asumían los docentes. Como fueron los años en los que CiU aplicó el 'tasazo' que disparó el precio de los grados universitarios hasta en un 66%, este grupo acabó pagando unos 1.500 euros por el precio público en los años sucesivos, lo que llegó a suponer un 25% del total.
Así lo han confirmado tanto desde la dirección del centro como desde el Consorcio, que matizan que se puso la condición de que esos profesores no ocuparan ninguna de las plazas de las previstas para el resto de estudiantes.
Ambas instituciones defienden este trato respondía a lo “extraordinario” de la situación, que se planteó sólo para aquel curso, para un grupo de 22 profesores (aunque acabaron 18) y que no se ha vuelto a repetir. Alegan que fue la única vía que encontraron para que un importante grupo de su plantilla, que aseguran que ya tenía conocimientos y experiencia en arte y diseño, pudiera obtener el grado para dar clase en él en el futuro. Con todo, durante esos años ya existió una vía para que los miembros del gremio, diplomados o con grados no oficiales, pudieran retitularse en estos nuevos estudios; el problema es que los 18 no cumplían los requisitos.
Es siguiendo esta lógica que afirman que el Consorcio podía asumir el coste de su formación. Antes de los recortes, había universidades que permitían a sus profesores cursar estudios en sus facultades pagando sólo la tasa administrativa. Fuentes jurídicas precisan que lo habitual es que un empleador descuente del sueldo de sus trabajadores lo que destina a su formación, aunque cuando esta se considera necesaria para su adaptación, ha de cubrirla y suele ser en horario laboral.
En el Consorcio argumentaron que su puesto dependía de ello, porque si no podían dar clase en el grado, se quedaban sin trabajo. Sin embargo, cuatro años después de obtener el título, la mayoría de los 18 no han acabado siendo profesores del citado grado, sino que siguen en los ciclos de Formación Profesional y en Bachillerato, es decir, donde estaban. Además, los que dijeron 'no' a este atajo académico por no verlo correcto permanecen también en la escuela.
