El escándalo por las llamadas denominadas licencias de edad a las que se acogieron diferentes funcionarios del Parlament de Catalunya continúa vivo y ha derivado en una inédita bronca pública entre letrados de la Cámara. El exletrado mayor de la Cámara y quien fuera máximo responsable del órgano de transparencia de la misma, Antoni Bayona, ha registrado un escrito a la Mesa del Parlament en el que acusa a la secretaria general, Esther Andreu, de haber obstaculizado la petición de transparencia sobre las licencias por edad. Andreu ha respondido en un comunicado enviado a los medios en la tarde de este martes en el que carga contra Bayona por “ponerse en una posición de superioridad jurídica y moral, considerándose en posesión de la verdad”.
La polémica arrancaba por la mañana. En declaraciones a RAC-1 y en un escrito dirigido a la Mesa, Bayona ha explicado su actuación y la de la Cámara en torno a las licencias de edad, la figura que ha permitido a varios funcionarios de la Cámara seguir cobrando su sueldo íntegro a partir de los 60 años sin ir a trabajar que destapó el diario Ara. El letrado ha reclamado que se abra una investigación interna en el Parlament para comprobar si cargos como la secretaria general de la Cámara, Esther Andreu, “se han excedido” en sus funciones.
El relato del letrado mayor, al que ha tenido acceso este diario, es muy detallado y explica etapa por etapa la actuación de la Cámara desde que la periodista del diario Ara interpuso la reclamación hasta que la información se acabó suministrando. Según explica Bayona, el Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública del Parlament (OGDAIP), formado por él mismo, otra letrada y una archivera, estimó la reclamación de la periodista. Sin embargo, la información no se entregó en la forma que el OGDAIP había resuelto, por lo que la periodista volvió a reclamar.
Ante esta segunda petición de amparo de la periodista, el OGDAIP volvió a darle la razón y reclamó a la encargada de cumplir la resolución, en este caso la coordinadora ejecutiva, que remitiese la información reclamada. Es en este momento cuando la secretaria general de la Cámara interviene, en su caso para dar la razón a la coordinadora y cambiar la interpretación de la resolución del órgano de transparencia. Ante esta situación, la archivera que forma parte del OGDAIP presentó su dimisión.
Pero, siempre según el relato de Bayona, la secretaria general no tramitó la dimisión ni la trasladó a la Mesa hasta el pasado 18 de enero. De esta forma, el órgano de la transparencia quedó bloqueado durante todo ese tiempo. Además, el ex letrado mayor asegura que la secretaria general reclamó que se considerara que la resolución se había cumplido antes de dar toda la información a la periodista. Finalmente Bayona acabó dimitiendo del OGDAIP el 23 de diciembre. Fue entonces, asegura el jurista, cuando alertó a la presidenta del Parlament Laura Borràs de la situación. “La intervención de la presidenta permitió que el OGDAIP pudiera resolver la reclamación sin condicionantes”, añade.
Entre los motivos que han llevado a Bayona a enviar el escrito está que en la anterior reunión de la Mesa, en la que no participa, se habló de él. Así, se defiende de las “difamaciones” que apunta que la secretaria general hizo, y señala que le acusó de tener “relación o interés con la periodista o el medio de comunicación por el que trabaja” y de no hacer bien su trabajo.
Bayona admite que la polémica a raíz de las licencias por edad le supo “muy mal” porque siempre creyó en la transparencia, que había funcionado siempre “perfectamente”. “Esto ahora no ha funcionado bien y lo siento”, insiste. El ex letrado mayor cree que puede haber varias responsabilidades en este asunto, aunque deja la tarea de averiguarlo a la Mesa. Preguntado por si Andreu debería dimitir, el letrado ha dicho que prefiere no opinar.
La réplica de Andreu
En su comunicado de réplica, Andreu, responsable de la jefatura superior del personal, los servicios y los centros gestores del Parlament, ha querido “defender la profesionalidad y dedicación de los trabajadores” de la Cámara. En una velada referencia a Bayona, la letrada ha destacado “la imparcialidad de la práctica totalidad de los funcionarios” de la institución, para a renglón seguido cargar sin miramientos contra el letrado.
Andreu ha lamentado que Bayona “haya atendido en horario laboral” a la radio y la televisión, lo que a su juicio “menosprecia” el estatuto interno de trabajadores del Parlament, que obliga a mantener a los funcionarios “la debida discreción sobre los asuntos que conozcan en razón de su cargo, y no hacer uso de la información obtenida para beneficio propio”. Según Andreu, el escrito de Bayona “desprecia” el trabajo de sus compañeros “y contiene insinuaciones que no son propias de un servidor público”.
Es más, Andreu reprocha a Bayona que se haya situado “en una posición de superioridad jurídica y moral, considerándose en posesión de la verdad, sin aceptar las diversas interpretaciones que pueden contener los textos de naturaleza jurídica”.
La versión de Andreu sobre la entrega de la información al diario Ara en virtud de la petición de transparencia es que el Parlament suministró las retribuciones de las licencias de edad en mayo de 2021, si bien admite que la Cámara “amplió” la información al periódico meses después tras requerimiento del órgano de transparencia del Parlament del que formaba parte Bayona, quien dimitió en diciembre.
La secretaria general admite el “bloqueo” denunciado por Bayona en el órgano de transparencia del Parlament, pero lo achaca a “la actitud y comportamiento” del letrado hacia otra miembro del órgano. Según Andreu, la segunda resolución del órgano de transparencia sobre las licencias de edad “permite concluir” que la primera “no era suficientemente clara y explícita sobre la información a facilitar”. En consecuencia, según Andreu, “puede defenderse” que la segunda resolución introdujo “nuevos aspectos que a pesar de tener relación con el objeto de la petición [las licencias de edad] no se recogían en la primera”.
La Mesa elimina definitivamente el privilegio
En paralelo a esta disputa, la Mesa del Parlament decidido este martes lleva a acabo la anunciada eliminación del artículo 79 del Estatuto del Régimen de Gobierno Interno de la cámara que permitía a los trabajadores acogerse a este privilegio y terminar en los últimos años cobrando sin acudir a trabajar. Tras considerarse la semana pasada que la rebaja de años y el endurecimiento de las condiciones era insuficiente, este martes la Mesa ha decidido iniciar la supresión directa de las licencias, que desaparecerán del reglamento.
La semana pasada se decidió abrir una negociación con los trabajadores de la Cámara para ver cómo se avanzaba hacia la extinción de esta medida contemplada en el Estatuto que regula sus condiciones. Pero este martes, la Mesa ha dado un primer paso que hace irreversible su eliminación y ha aprobado suprimir por completo el artículo que faculta las condiciones para acogerse.
Según fuentes de la reunión, la Mesa considera que éste debe ser un primer paso necesario y que, una vez decidido y con el acuerdo político por unanimidad que faculta la extinción de las licencias por edad, será cuando se negocie una nueva regulación con los trabajadores. Ahora el trámite hará que la modificación del Estatuto sea informada en el Consejo de Personal del Parlamento. Posteriormente, se celebrará una Mesa ampliada que informe a todos los grupos de las intenciones de la Mesa, y por último la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) aplicará la eliminación del artículo. Se da por hecho el aval de la CAI a la modificación, dado que al menos PSC, ERC, JxCat y la CUP la apoyarían.
Cambios en Transparencia
La Mesa de este martes también ha hablado de transparencia y del informe que la vicepresidenta segunda, Assumpta Escarp (PSC), ha elaborado para hacer una radiografía de esta cuestión en el Parlament y para plantear cuál debería ser la hoja de ruta a seguir para mejorar el acceso a la información pública de la cámara. La polémica sobre las dificultades para acceder a los datos relativos a las licencias de edad puso de manifiesto las deficiencias en esta área, e incluso supuso la dimisión de tres miembros del órgano de Transparencia de la cámara, entre ellos el letrado Bayona.
Ahora el informe de Escarp abre la puerta a modificaciones cómo hacer más accesible el portal de transparencia, establecer una regulación propia para el órgano y la posibilidad de modificar algunos trámites y la composición del propio órgano.