El fondo acusado de acoso inmobiliario en Barcelona alega ante el juez que no quiere echar a los vecinos
El administrador del fondo Urbe Enginova ha negado este viernes ante el juez que quiera echar a los vecinos de un bloque del barrio del Poble-sec de Barcelona que lo han denunciado por acoso inmobiliario, si bien ha admitido que les ofreció dinero para que abandonaran el edificio, según han informado fuentes jurídicas.
Ante el juzgado de instrucción 32 de Barcelona ha declarado este viernes como investigado el administrador del fondo Urbe Enginova, denunciado por 18 vecinos del bloque representados por el Col·lectiu Ronda, el Sindicat de Llogaters y el Sindicat de barri del Poble-sec. Se trata del segundo caso abierto en España por acoso inmobiliario gracias a denuncias de inquilinos.
Según han informado fuentes jurídicas, el administrador ha negado el acoso inmobiliario y ha mantenido que siente “preocupación” por el estado de los vecinos. Los denunciantes, representados por la abogada Paula Cardona, acusan al fondo de una “estrategia deliberada de degradación” del edificio para que los vecinos se marchen.
Uno de los peores episodios incluidos en la denuncia vecinal ocurrió el 6 de octubre del año pasado, cuando se estropeó el ascensor de la finca. Los inquilinos solicitaron a la propiedad su reparación, pero ante la falta de respuesta contactaron ellos mismos con la empresa de mantenimiento, que envió un presupuesto de 2.000 euros a la propiedad y a los vecinos.
La empresa de ascensores aseguró que la avería se resolvería en 15 días, pero no ocurrió, y la finca pasó 39 días sin reparar el ascensor (hay varios vecinos con movilidad reducida). Los vecinos también acusan al fondo de contratar a una empresa de desokupaciones ilegales “para presionar e intimidar a los inquilinos” y acelerar su marcha del edificio.
Este viernes también ha declarado un responsable de la empresa de reparación de ascensores, que ha corroborado la denuncia vecinal. Según el técnico, envió a la empresa varios correos con presupuestos para arreglar el ascensor, sin recibir respuesta. El investigado se ha escudado en trámites burocráticos para explicar la tardanza en la reparación.
El fondo, según la denuncia, adquirió el edificio en febrero de 2025, y a partir de entonces los vecinos empezaron a recibir comunicaciones de que sus contratos de alquiler no serían renovados. Algunos arrendatarios ya han recibido las primeras demandas de desahucio, mientras que otros todavía tienen contratos en vigor.