Dos jueces advierten de que las críticas del TSJ catalán al acuerdo PSOE-Junts vulneran su “neutralidad”

¿Deben los órganos de gobierno de los jueces pronunciarse sobre acuerdos políticos? No todos los magistrados piensan que sí. Así se ha constatado este viernes en el voto particular formulado por la magistrada Montserrat Comas d'Argemir y el magistrado Andreu Enfedaque contra el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ catalán, que ha criticado la alusión a la 'lawfare' en el pacto entre PSOE y Junts al recordar que la independencia judicial es “incompatible” con la “fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.

El voto particular, al que ha tenido acceso elDiario.es, advierte de que las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia “carecen de competencias” para pronunciarse sobre “pactos de formaciones políticas” como el alcanzado entre el PSOE y Junts, al tiempo que recuerda el “deber de neutralidad” de los togados “en el debate partidista”. 

La mención al 'lawfare', un concepto muy amplio que va desde la guerra judicial al uso político de la Justicia de políticos contra sus rivales, en el acuerdo de la pasada semana provocó las críticas unánimes de todas las asociaciones judiciales y una reacción en cascada de los distintos órganos de gobierno autonómicos de los tribunales. 

Tras la alarma inicial en el mundo judicial, varios magistrados y fiscales (tanto conservadores como progresistas) han sopesado que, por desafortunada e inconcreta que fuera la mención al 'lawfare', no corresponde a un órgano de gobierno opinar sobre un acuerdo entre partidos, y que en cualquier caso la valoración sobre la ley de amnistía debe hacerse por los cauces previstos por la ley. 

En esta línea se expresó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Además, pese a la mención a la 'lawfare' en el acuerdo político, la investigación parlamentaria se limitará a la Operación Catalunya –las maniobras del Ministerio del Interior del PP contra el independentismo y otros rivales políticos– y el espionaje con Pegasus a soberanistas, que el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI) admitió en el Congreso haber llevado a cabo con permiso del Supremo.

La Sala de Gobierno del TSJC es el órgano de gobierno interno de los juzgados y tribunales de Catalunya y, según su propia definición, “cumple tareas organizativas y administrativas”. Está integrada por 15 magistrados, la mitad elegidos por todos los jueces de la comunidad y la otra son miembros natos: el presidente del TSJC, el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el de la de lo Social y los cuatro presidentes de las Audiencias Provinciales, además de la jueza decana de Barcelona.

En el caso del TSJ catalán, la petición para que la reunión ordinaria de la Sala de Gobierno de este viernes incluyera la adhesión al comunicado del Tribunal Supremo exigiendo respeto a la independencia judicial corrió a cargo de dos vocales pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la conservadora y mayoritaria de la carrera. 

Tras un debate, la magistrada Montserrat Comas d'Argemir, exportavoz en Catalunya de la progresista Jueces y Juezas para la Democracia y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, ha formulado un voto particular contra el acuerdo, al que se ha sumado el presidente de la Sala de lo Social del TSJC, Andreu Enfedaque. Los progresistas son minoría en la Sala de Gobierno del TSJC.

La proposición de ley de amnistía, recuerda el voto particular, “no contiene referencia alguna ni en la Exposición de Motivos ni en su articulado a la llamada 'lawfare'”.

“Las Salas de Gobierno de los TSJC carecen de competencias para poder emitir acuerdos respecto a pactos entre formaciones políticas”, ahonda el voto particular, que considera que la Sala de Gobierno “está llamada a mantener el deber de neutralidad en el debate partidista”, en especial en una comunidad autónoma donde radican la mayoría de órganos judiciales llamados a aplicar la ley de amnistía si se aprueba. 

De hecho, el presidente del TSJC y de su Sala de Gobierno, Jesús María Barrientos, es uno de los jueces llamados a aplicar la futura ley tras su aprobación, toda vez que presidirá el juicio a varios colaboradores de Oriol Junqueras por los preparativos del 1-O. Pese a ello, ha votado a favor del acuerdo. 

“Nuestro sistema legal y constitucional garantiza la independencia judicial y, corresponde al Consejo General del Poder Judicial amparar a los jueces y magistrados que puedan verse atacados en su independencia”, agrega el voto particular de Comas d'Argemir.