La Justicia europea descarta que el 25% de castellano vulnere derechos de los partidarios de la inmersión en catalán
Nuevo portazo judicial a la inmersión lingüística, ahora desde Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado que la imposición del 25% de castellano en el aula vulnere los derechos fundamentales de las familias partidarias de mantener la inmersión en catalán.
Así se ha pronunciado el tribunal en respuesta a la demanda interpuesta por 21 padres y madres de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) a la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) impuso el 25% de castellano a petición de una familia de una alumna.
El caso de la familia de Canet, que llegó a formar parte del debate político nacional, supuso la puntilla al sistema de inmersión lingüística que gozó de un gran consenso social en Catalunya en los 80. La sentencia del Constitucional del Estatut de 2010 fue el inicio, y distintas decisiones judiciales aceptando las demandas de una minoría de familias terminaron de desmontarlo.
El intento de un nuevo pacto de una mayoría de partidos del Parlament (PSC, Junts, ERC y Comuns) para una normativa lingüística que intentara mantener el catalán en el aula, en un context de descenso en el uso de la lengua en detrimiento del castellano, se encuentra pendiente de sentencia en el Constitucional.
Las familias proinmersión de Canet denunciaron ante el TEDH que el 25% de castellano suponía una discriminación en el ejercicio de sus derechos lingüísticos y familiares y de escolarización de los menores, en comparación las de la única familia que sí consiguió su objetivo de incrementar el uso del español en el aula.
La respuesta del TEDH es totalmente contraria a los partidarios de la inmersión. Los jueces europeos no solo rechazan que el 25% vulnere los derechos de los partidarios de la inmersión, sino que defienden el bilingüismo también en las aulas, pese a la posición de desventaja del catalán.
“Prohibir el uso del español como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos de su derecho a recibir educación en la lengua nacional”, concluye el tribunal.
Los jueces europeos zanjan que recibir educación en castellano “es fundamental para facilitar la igualdad de acceso del alumnado al sistema educativo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo”.
El mandato judicial del 25% de castellano, ahonda el TEDH, “no derogó la política lingüística del centro, sino que simplemente incrementó el uso del español en una o varias asignaturas, sin modificar el uso predominante del catalán como lengua de instrucción”.
En suma, para los jueces europeos una medida judicial que ha levantado polémica durante años en Catalunya en realidad “logra un equilibrio adecuado entre la preservación de la unidad del sistema educativo y la promoción de la diversidad lingüística”.