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Lloret de Mar y la familia del expresidente de Kazajistán pactan la reapertura del camino litoral cerrado hace 17 años

La familia del expresidente de Kazajistán cerró ilegalmente un sendero litoral en la Costa Brava

Pau Rodríguez

Barcelona —
31 de marzo de 2026 10:13 h

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Uno de los conflictos urbanísticos más enquistados de la Costa Brava, el de Can Juncadella, está cerca de resolverse. El Ayuntamiento de Lloret de Mar ha alcanzado un acuerdo con la familia del expresidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, para que reabran el sendero litoral que cerraron sin permiso hace 18 años y que la Justicia les obliga a restablecer desde hace tiempo

El convenio, según ha podido confirmar elDiario.es, prevé la creación de un nuevo trazado, después de que el anterior quedara desdibujado por las actuaciones de la propiedad, y también establece que tanto el coste de la redacción del planeamiento urbanístico como el de la ejecución de todas las obras necesarias correrá a cargo de la propiedad. Tras un período de exposición pública, se someterá a votación en el Pleno Municipal y deberá recibir el visto bueno de la Comisión de Urbanismo de la Generalitat en Girona. 

El acuerdo entre consistorio y Flinder Data SL, la empresa de la familia kazaja, acerca el punto y final a una disputa que se remonta a 2007, cuando los Nazarváyev compraron Can Juncadella, una finca de unas 20 hectáreas de bosque en el Macizo de Cadiretes, una zona de Especial Interés Natural entre Lloret de Mar y Tossa de Mar. Los propietarios, que sobre el papel eran la hija y el yerno de Nazarbáyev, cerraron al cabo de poco el paso del Camí de Ronda que discurría entre los acantilados y su nueva residencia vacacional, lo que desató las quejas de vecinos y ecologistas.

Durante años, sus actuaciones en la finca acumularon expedientes y denuncias. En 2010 les multaron por verter más de 100 m3 de arena sobre los guijarros de una pequeña salida al mar, la Cala Rajols. También les abrieron expediente municipal por una piscina que ellos negaban que fuera tal, y recibieron sanciones por las vallas que colocaban en el camino. 

Tras una década de disputas judiciales y de quejas ecologistas, en 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sentenció que la familia debía reabrir el Camino de Ronda y el GR-92. En 2023, el Tribunal Supremo ratificó el fallo.

Pero a pesar de las resoluciones judiciales, el camino ha seguido cerrado hasta hoy. Desde la urbanización de Canyelles, se puede acceder andando a una parte del sendero, aunque hay que desafiar por todo el tramo carteles disuasorios, cámaras de videovigilancia y árboles caídos en medio del paso. Al llegar cerca de la mansión, una valla impide continuar. 

Desde 2024, para evitar un enconamiento del conflicto, el Ayuntamiento de Lloret optó por negociar con la propiedad. En vez de pedir la ejecución forzosa de la sentencia, consideraron más eficaz abrir conversaciones con la familia para llegar a un acuerdo de restablecimiento del camino. Desde entonces, han visitado la finca técnicos municipales y de la Generalitat para idear un trazado que permita cumplir la sentencia y respetar los criterios medioambientales y paisajísticos.

Falta por ver si esta nueva propuesta, pactada entre las partes y pendiente de publicación, acaba satisfaciendo a los demás grupos políticos y a los ecologistas.

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