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El maltrato de una premiada arqueóloga a sus investigadoras: “Llegué a sentirme como su esclava”

Una de las trabajadoras que ha denunciado a Margarita Díaz-Andreu, la semana pasada frente a la Universitat de Barcelona.

Pol Pareja

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Marta (nombre ficticio) fue contratada como investigadora para un proyecto liderado por la prestigiosa doctora en arqueología Margarita Díaz-Andreu, ganadora del premio nacional de investigación en 2021. Sin saber cómo, se vio haciendo de niñera de su hijo. Otra joven entró a trabajar con esta académica como estudiante de doctorado: un día estaba haciéndole de azafata en la presentación de su libro. 

Las amenazas y malos tratos psicológicos en el grupo eran habituales, también los comentarios sobre el aspecto físico o las inclinaciones sexuales de cada uno. Pedir vacaciones era motivo de reproches y los mails, whatsapps y llamadas podían llegar a cualquier hora del día cualquier día de la semana. Algunos aspirantes a entrar en su grupo de investigación llegaron a trabajar para ella hasta tres meses sin contrato ni salario. 

Todas estas conductas se le achacan a esta reconocida académica, cuya brillante trayectoria está manchada por denuncias de acoso laboral a sus subordinados a lo largo de la última década, según ha podido comprobar elDiario.es. Son varias las investigadoras e investigadores que causaron baja por ansiedad o han tenido problemas psicológicos tras estar bajo sus órdenes. “Me llegué a sentir como su esclava”, afirma una de las entrevistadas.

Tras una nueva denuncia presentada en junio de 2022, la Universitat de Barcelona (UB), a la que está adscrita Díaz-Andreu, ha propuesto apartarla después de que una investigación interna haya demostrado “mala praxis”, “falta de sensibilidad” y “mal clima laboral”. El expediente todavía está en fase de alegaciones. El caso también está siendo investigado por Inspección de Trabajo.

La misma investigación interna descarta el “acoso laboral” porque no quedó acreditado que la académica “persiguiera el resultado de provocar un daño psíquico o moral” a la denunciante.

Díaz-Andreu desarrolla la mayoría de su trabajo dentro de la UB, pero formalmente es una empleada de ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats), un organismo de la Generalitat de Catalunya que atrae a académicos de prestigio a los que se les pagan unos salarios mucho más altos de los que las universidades podrían asumir.

El departament de Universitats del Govern, de quien depende esta institución, ha pedido la “máxima exigencia en la resolución de este tipo de situaciones”. Desde ICREA han preferido no pronunciarse a la espera de que concluya el expediente abierto. Díaz-Andreu no ha respondido a la petición de elDiario.es para dar su versión en este reportaje.

No es la primera vez que sus subordinados presentan quejas por el trato de esta académica. Ya en la Universidad de Durham (Reino Unido), donde estuvo entre 1996 y 2011, Díaz-Andreu fue denunciada internamente por sus estudiantes. Sus alumnos del máster de estudios avanzados en arqueología de la UB también criticaron su manera de proceder. Dos investigadores la denunciaron ante la UB en julio de 2021 en un proceso que no prosperó. 

En ese momento se creó una comisión interna para investigar el caso. Se apreciaron conductas “preocupantes”, pero se consideró que estaban prescritas. También se afirmó que no se podía determinar que los hechos denunciados tuvieran “entidad suficiente” para probarse el “acoso laboral”, según consta en las actas de la comisión obtenidas por elDiario.es. Además, se trasladó a los denunciantes que si continuaban con el proceso perderían su anonimato.

Finalmente las víctimas decidieron retirarse y no presentar una denuncia formal. 

Otro investigador elevó en el mismo periodo una queja ante el European Research Council, organismo europeo que financia alguno de sus proyectos. Esta institución comunitaria llegó a preguntar a la UB si tenían conocimiento de algún conflicto en el seno del grupo. 

Dos investigadoras la denunciaron en 2021 por acoso laboral ante la UB. Otro lo hizo ante el European Research Council. Ninguno de los casos prosperó. En 2022 una doctoranda la denunció de nuevo

A pesar de los avisos y quejas, no se actuó contra Díaz-Andreu, que siguió trabajando de la misma manera aunque las bajas en su equipo eran constantes. “Es inaudito que en un proyecto de investigación europeo de primer nivel se vayan 15 personas”, apunta otra de las fuentes, que también se acabó yendo del equipo.

Este periódico ha tenido acceso a numerosa documentación de las denuncias que se remitieron a la universidad. Se trata de un centenar de correos, bajas laborales, partes médicos y recientes informes de riesgos psicosociales realizados por la UB en el equipo de Díaz-Andreu tras abrir el expediente. 

También se ha entrevistado a siete personas que trabajaron para ella. Todas han solicitado anonimato debido al “gran poder” que tiene en el sector académico: solo con uno de sus proyectos, financiado por la Unión Europea, ha obtenido más de 2,2 millones de euros para investigación entre 2018 y 2024.

La UB recuerda que Díaz-Andreu no forma parte de su personal laboral, de manera que más allá de apartarla de su centro no puede tomar ninguna otra medida relativa a su despido o suspensión. Reivindican también que el protocolo se activó de manera rápida y se prestó asistencia a la víctima para que pudiera trasladar su tesis doctoral a otra universidad.

“La UB practica una política de tolerancia cero ante cualquier conducta o indicio de acoso”, afirma a elDiario.es la vicerrectora de Doctorado, Maria Feliu. “No hay espacio en nuestra universidad para ninguna conducta que vulnere los derechos de las personas”. 

La última denunciante celebra la asistencia que se le prestó para trasladar su tesis a otro centro. Critica, sin embargo, que tardaron tres meses en indicarle cómo poner la denuncia y que no se activara ningún protocolo ni medida preventiva durante ese periodo. El pasado septiembre, ya con la denuncia puesta y el traslado aprobado (aunque todavía no se había hecho efectivo), tuvo que convivir durante cinco semanas en el grupo liderado por la persona a la que había denunciado por acoso laboral. 

También reprocha que el examen médico que le hizo la UB cuando denunció problemas psicológicos fuera de medicina general, en el que no se abordaron cuestiones de riesgo psicosocial pese a que lo solicitó expresamente.

Humillaciones, amenazas y tareas fuera de lugar

A una investigadora postdoctoral, Díaz-Andreu le aseguró que si tenía éxito en la carrera académica era gracias a que era joven y simpática y a que trabajaba con ella. A otra la amenazó con perjudicarle su trayectoria si no le revelaba detalles personales de su hijo, después de haberle encargado su cuidado a pesar de estar contratada como investigadora. 

“Su hijo se ha pasado años atendido por estudiantes de doctorado o investigadores postdoctorales”, sostienen media docena de personas entrevistadas.

“Me anuló como persona, estaba siempre temeroso de cualquier cosa que pudiera decirme”, explica otra fuente que abandonó el grupo a los pocos meses. “Incluso me cambió la postura corporal, andaba como un ratón asustado”. Tras su paso por la UB, esta persona fue diagnosticada con una depresión que le ha durado más de un año. “Atacaba siempre el punto más débil de la gente”, añade una exempleada.

Una doctoranda estuvo tres meses haciendo tareas administrativas sin contrato ni salario a la espera de que llegaran los fondos que le permitirían tener un sueldo.

Las fuentes y las denuncias analizadas muestran una continua asignación de tareas que no correspondían a estos investigadores, muchos de ellos ya con un doctorado a sus espaldas. Las órdenes incluían desde gestionar páginas webs, actualizar su perfil de Wikipedia, llevar redes sociales, gestionar facturas… “Llevaba ahí seis meses y no me había reunido ni una vez con ella para hablar de mi tesis doctoral”, explica un testimonio. “La sensación de que se aprovechaba de nosotros era generalizada”, añade otra. 

Las correcciones que les hacía a los doctorandos también eran despiadadas: “chapuza”, “panfleto”,  “a ver si logras que no muera de aburrimiento quien te esté escuchando”, escribía Díaz-Andreu, que recordaba constantemente a todos sus empleados que si tenían un salario era gracias a ella.

Otra doctoranda estuvo tres meses haciendo tareas administrativas sin contrato ni salario a la espera de que llegaran los fondos que le permitirían tener un sueldo. A una investigadora la conminó a no quedarse embarazada. A otra le reprochó que estaba demasiado delgada.

Seis de las fuentes entrevistadas aseguran, además, que la mayoría de tareas administrativas recaían siempre en mujeres, ya que según Díaz-Andreu los hombres no valían para ello. “Es paradójico que una académica premiada por sus estudios de género en la arqueología tuviera ese punto de vista”, sostiene una investigadora con muchos años de experiencia que también acabó saliendo de la UB.

Tanto la Oficina de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (OSSMA) de la UB como la comisión interna de investigación que se creó constataron que no se asignaban los trabajos correctamente. “Solo pueden asignarse tareas a los doctorandos que puedan tener verdadero interés para su formación”, recomienda el informe. 

Díaz-Andreu también maniobró para sacar del programa de doctorado a una estudiante que la denunció el pasado junio –tras sufrir dos bajas por ansiedad– y había hecho gestiones para llevarse su tesis a otra universidad. Sin avisarla ni ser cierto, la académica escribió a Administración para advertir que esa doctoranda se había dado de baja del programa, según consta en los correos obtenidos por este medio.

El informe de la Oficina de Salut de la UB, realizado tras entrevistar a 11 miembros del equipo, constata que ocho de ellos dijeron que la calidad de su liderazgo y la cantidad de trabajo asignado eran perjudiciales para la salud. Siete dijeron que su trabajo era “desgastador emocionalmente” en la mayoría de ocasiones y que los conflictos nunca se solucionaban de manera “justa”.

Las comidas en el ‘office’

Díaz-Andreu obligaba a todo su equipo a comer junto a ella cada día en un pequeño office que queda a pocos metros de su despacho en el departamento de Arqueología de la UB. A pesar de que el momento de la comida formaba parte del tiempo libre del personal, si alguien se saltaba ese encuentro era castigado por la investigadora. 

“Ella decía que era para hacer equipo”, explican varios de los testimonios, “pero al final se convertía en un ambiente lúgubre en el que solo hablaba ella y el resto callábamos”. La presión para acudir era tal, que algunos trabajadores llegaron a ir a la sala sin comida ni 'tupper' solo para que ella no viera que faltaban.

Díaz-Andreu aprovechaba las ausencias para criticar el aspecto físico, preguntar por la inclinación sexual o la salud mental de los que habían marchado del grupo o rechazaban participar en estas comidas. 

La UB censura en un expediente interno que la académica encargara a investigadores tareas que no les correspondían y que les obligara a comer con ella a diario

“Si no te presentabas en el office a comer te criticaba delante de todos, te dejaba de hablar durante días, prescindía de ti en tareas relevantes, te negaba la financiación para ir a congresos o te acusaba de crear un mal ambiente de trabajo”, coinciden los y las entrevistadas. “Las comidas eran un suplicio”, explica otro testimonio. “Gastábamos nuestro tiempo libre en estar ahí escuchándola para que ella se sintiera importante”.

El informe de la UB constata que Díaz-Andreu debería dejar de hacer comentarios de los compañeros ausentes y que los empleados pueden decidir con libertad cómo destinan su tiempo libre para las comidas. “Es importante que no se sientan comprometidos a acudir al office de la facultad a comer”, reza el documento. 

Sin descansos ni vacaciones

Una investigadora que solo había disfrutado de 11 de sus 33 días de vacaciones trasladó a Díaz-Andreu su intención de agendar el resto de jornadas que le quedaban de asueto. En su propuesta, precisaba que durante su descanso haría algunas tareas inaplazables e incluso participaría en las reuniones de grupo.

“Suenas como una funcionaria y no una académica”, le respondió Díaz-Andreu. “Es tu derecho, qué quieres que te diga”. Finalmente esa investigadora acabó reduciendo sus días de vacaciones. 

En agosto de 2020, una trabajadora se tomó 10 días de vacaciones. Le había explicado a Díaz-Andreu que necesitaba desconectar, ya que estaba teniendo problemas de pareja por su carga de trabajo. La académica la bombardeó casi a diario con correos con todo tipo de peticiones.

“Primero te mandaba un mail, luego un whatsapp y si no te llamaba”, coinciden todos los entrevistados. “Daba igual que fuesen tus vacaciones, tu día libre o las 10 de la noche”. Díaz-Andreu también obligaba a trabajar a su equipo durante las fiestas navideñas, a pesar de que el convenio colectivo señalaba que las jornadas no lectivas de navidad eran días de vacaciones. 

“En la academia se trabaja sin horarios”, les decía a sus empleados. Cuando algunos le pidieron que no les contactara fuera de su horario, ella respondió que lo seguiría haciendo cuando lo considerara oportuno.

“No es exigible que los trabajadores estén disponibles fuera de su horario habitual”, concluye la propuesta de resolución de la UB, que considera “errónea” la percepción de que los investigadores deben estar todo el tiempo disponibles. 

Si tienes más datos sobre este caso o conoces otros similares, puedes escribirnos a pistas@eldiario.es

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