Una parte de la población piensa que si el fraude financiero y social de la evasión fiscal por parte de las grandes corporaciones alcanza casi con plena impunidad cifras estratosféricas, también el ciudadano común puede ganar un dinerito que le permita llegar a final de mes alojando en su casa a turistas de paso sin declararlo. Los pisos turísticos y el alojamiento de visitantes a través de la oferta por Internet es una actividad legal cuando se halla debidamente registrada y paga los impuestos de actividad, sin caer en el negocio opaco o la economía sumergida.
La última campaña de inspecciones para detectar la oferta ilegal de apartamentos turísticos por parte de Turisme de Catalunya, organismo del departamento de Comercio de la Generalitat, estima que solo ha logrado controlar la mitad de las plazas realmente existentes, después de haber regularizado 49.000 pisos de uso turístico que suponen 230.000 plazas. La campaña de inspección comenzó a raíz de las protestas vecinales en la Barceloneta por los excesos de los apartamentos ilegales.
Un fenómeno tan característico de la mísera posguerra y aparentemente remoto como los pisos de realquilados ha regresado de la mano de la actual crisis económica. Adopta otros nombres, pero la base es la misma. En los casos extremos de inmigrantes más desamparados, se denominan pisos patera. La clase media, de ingresos económicos amputados, también alquila por días a turistas a través de Internet habitaciones de la propia vivienda y entonces se llama bead and breakfast.
Barcelona supera el año tras año sus propios récords de visitantes reconocidos por los organismos del ramo. Los hoteles de la ciudad se han multiplicado En algunos distritos especialmente saturados, como Ciutat Vella, el Ayuntamiento de retó una moratoria de nuevas licencias que ahora se encuentra revocada. El aumento exponencial de plazas hoteleras y albergues no obsta que hay visitantes de muchos tipos y presupuestos. Los hoteles y apartamentos regulados no son baratos. Cada cual mira de ganarse la vida como puede cuando no queda otro remedio.
La economía sumergida de los realquileres turísticos por parte de particulares debe regularizarse para cumplir la ley y evitar los abusos. Sin embargo los principales abusos no derivan de estos particulares, aunque sean los más fáciles de perseguir y castigar. El volumen de fraude no es comparable entre los pequeños infractores y los grandes.
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