El Govern de la Generalitat confirmó el 7 de octubre que prolongará hasta diciembre el impago de una parte de los servicios sociales acordados con las entidades consorciadas, en un nuevo aplazamiento de sus obligaciones de tesorería. Por lo menos las obligaciones referidas a los servicios sociales, dado que la deuda con los bancos y sus intereses la abona con rigurosa puntualidad. La deuda de la Generalitat con las entidades de servicios sociales no se ha acumulado por culpa del “grifo de Madrid”, como el Govern quisiera hacer creer mediante un argumento pueril, sino por culpa de su propia política de prioridades.
La deuda social se ha acumulado los últimos años porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Parlament de Catalunya en mayo de 2012, con los votos de CiU y PP, obliga a satisfacer en primer lugar los compromisos de la Generalitat con los bancos y en segundo lugar, si le queda dinero, los contraídos con las entidades sociales. Los bancos cobran de modo preferente por decisión del Parlament, mientras las entidades de servicios sociales se ven entregadas a la precariedad: el 51 % ha debido reduicr plantilla y el 90 % aplazar pagos de la nómina.
“Las familias, los niños y las personas vulnerables no estamos entre las prioridades”, ha declarado de forma reiterada la presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Àngels Guiteras. También ha reclamado que la Generalitat cree un plan de devolución de la deuda y que intervenga para que los bancos reabran las líneas de crédito que el incumplimiento de la administración pública ha cerrado. A raíz del último incumplimiento anunciado el 7 de octubre por la conselleria de Bienestar Social, Àngels Guiteras manifestado de nuevo, con una enorme delicadeza: “Entendemos que haya dificultades de tesorería, pero nos preguntamos si desde el Govern se está priorizando de veras el gasto social”.
No, claramente no. No se está priorizando el gasto social. El pago de las deudas del Govern con los bancos y sus intereses no conoce las mismas dificultades de tesorería. Cuando se presentaron los presupuestos del Estado para 2014, ya anunciaron un recorte de casi un 50 % de las aportaciones a la dependencia, por poner un caso del ámbito de los servicios sociales. La conselleria de Bienestar Social de la Generalitat también anunció entonces la prolongación sine die de la suspensión temporal de aquellos pagos de ayuda a personas dependientes, una cantidad que a menudo marca para los implicados la diferencia económica entre poder ingresar o no en un centro geriátrico concertado.
La crisis económica provocada por la codicia financiera global y local no solo se ha abalanzado de forma brutal sobre las rentas más bajas, las menos responsables de la situación (26 % de la población activa en el paro), sino que lo ha hecho sobre la parte más vulnerable de la sociedad: los jóvenes (recortes educativos, 57 % de paro juvenil) y la gente mayor (recortes sociosanitarios, reforma de las pensiones con pérdida seca de poder adquisitivo). Por el contrario, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el Parlament de Catalunya, estipula la prioridad del pago a los bancos de la deuda pública y sus intereses. Ni se habla de reforma fiscal que haga cumplir las leyes tributarias redistributivas a aquellos que poseen más recursos. Pago puntual a los bancos, ausencia de reformas, jóvenes desocupados, ancianos desprotegidos, reparto desigual del peso de la crisis, corrupción extendida. Son las características hoy dominantes del sistema –español y catalán-- que los ciudadanos votamos de forma periódica.
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