El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y los máximos responsables municipales de inmigración recibirán este martes en el Ayuntamiento a una delegación -seis personas- que representa a los habitantes de la nave industrial ocupada de la barcelonesa calle Puigcerdà, donde viven unas 250 personas, a las entidades vecinales y sociales que dan apoyo al colectivo.
Esta nave del barrio del Poblenou, conocida en las redes sociales como la nave #son300, será desalojada muy probablemente entre los días 24 y 31 de Julio de 2013, después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona número 21, haya puesto por delante, una vez más aunque bajo palabras “progres”, el derecho a la propiedad privada antes que el derecho a la vivienda y a la dignidad.
La situación de los denominados asentamientos de Barcelona viene de lejos. Antes de la nave de la calle Puigcerdà estuvo la de la calle Consell de Cent, la de Badajoz, las de la calle Zamora... Hace cuatro años su situación era invisible para el poder político, para muchas organizaciones de Derechos Humanos e incluso para un barrio como el Poblenou, que se ha volcado últimamente en la lucha contra el racismo y por la conquista de derechos de este colectivo de personas.
El acercamiento de las entidades vecinales a este colectivo comenzó tras un documental en el que se mostró la situación de las personas que vivían en la nave de la calle Badajoz. Un grupo de vecinos se reunió y se organizó para proporcionar ayuda humanitaria a los ocupantes, que vivían en situación de fuerte pobreza. De la ayuda humanitaria y la solidaridad se pasó a la lucha conjunta y colectiva por los Derechos. Unos meses después, justamente tras la eclosión del 15-M, en julio de 2011, la nave de Badajoz se enfrentó a un desalojo que dejaba en la calle a más de 100 personas. Entonces llevaron a cabo las primeras asambleas conjuntas en las que participaban habitantes de la nave -algunos llevaban más de 10 años en Catalunya, otros escasos meses- y vecinas de diferentes edades y entidades, juntamente con abogadas.
En aquellos encuentros se debatió mucho y se fue generando un discurso común, salvando las diferencias culturales e intentando trabajar las consecuencias cotidianas del racismo interiorizado. Las asambleas convocaron una manifestación contra el desalojo en la calle Badajoz y por la igualdad de derechos en la que más de 300 personas recorrieron el barrio de Poblenou exigiendo una solución basada en los Derechos Humanos. Fue entonces cuando los medios de comunicación se hicieron eco por primera vez de la situación.
Pero no hubo solución por parte de la Administración. La gente de la calle Badajoz se quedó sin techo, aunque, como no será por capacidad de resistencia, decidieron buscar un nuevo espacio. Y apareció la nave de Puigcerdà, 127. Ante la falta de soluciones de los poderes públicos, fueron muchas las entidades sociales que apoyaron la ocupación de la finca, en pleno desuso, para que los afectados pudieran recuperar un techo y un espacio donde trabajar la chatarra.
Las administraciones decidieron tolerar la ocupación como una salida temporal al problema. Agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos les comunicaron a los ocupantes que podían quedarse allí temporalmente. Intentaron controlar una situación invisible tiempo atrás que después meses de autoorganización migrante y apoyo social se fue convirtiendo en un problema político de difícil solución bajo el marco neoliberal y discriminatorio actual.
Fueron pasando los meses y, ahora justo hace un año, hubo un el primer intento de desalojo por la vía penal de Puigcerdà, que se logró salvar in extremis -24 horas antes- gracias a la respuesta social que se desplegó.El espacio cumple ahora dos años de existencia y, como en muchas ocupaciones, llega un nuevo desalojo para convertir el lugar en un solar y dejar en este caso a unas 250 personas en la calle.
La visibilidad que se logró hace un año, cuando se frenó el desalojo, llevó a que el Ayuntamiento mover ficha. Presentaron el Plan de Asentamientos en otoño. O, mejor dicho, el Plan de Maquillaje para la Erradicación de los Asentamientos. Lo que han ofrecido hasta el momento han sido salidas de vivienda y formación para algunas personas, no más de 20. Y sabemos que tienen plazas de vivienda temporales para 42. Pero hay una condición: dejar de recoger chatarra a cambio de nada. Así que el plan por ahora no funciona, porque está condicionado a que dejen atrás su único medio de subsistencia, y el de muchas de sus familias en los países de origen o que viven aquí.
De esto se deduce que por el momento no ha habido una verdadera voluntad política por parte del Ayuntamiento de Barcelona, ni de la Generalitat, ni del Gobierno central, por buscar una solución real a uno de los colectivos de personas que más está sufriendo las consecuencias de la crisis económica.
A partir de aquí, ¿qué soluciones planteamos? Favorecer su acceso a la ciudadanía; garantizar que, como mínimo, podrán seguir recogiendo chatarra en mejores condiciones, y facilitarles viviendas sociales alquiladas a un precio asequible. Hablamos de soluciones imaginativas basadas en los Derechos Humanos: la cesión de espacios en desuso de las administraciones a asociaciones que gestionen la recogida de chatarra a pequeña escala, actividad que diversos estudios han reconocido que tiene efectos sociales y ambientales positivos; la concesión de viviendas de alquiler social para que tengan condiciones de vivienda dignas, y la generación de mecanismos para que accedan al permiso de trabajo y residencia por la vía del arraigo.
Somos conscientes de que esta salida, tejida desde las naves en consenso con las entidades sociales, será muy probablemente rechazada. Pero lucharemos hasta el final.
Eso sí, desde el principio hemos dejado bien claro que no toleraremos que este colectivo de personas se quede en la calle, ni que la Delegación del Gobierno intervenga e intenten deportar a parte del colectivo. La imaginación, los vínculos creados, y el posicionamiento firme por la defensa de los derechos humanos nos llevarán a encontrar soluciones temporales desde la sociedad civil en el caso de que las Administraciones continúen mirando hacia otro lado o intentando maquillar una operación de erradicación de los asentamientos. La lucha contra el racismo estructural, institucional y social y por la conquista de derechos está en marcha y cada vez está más presente en las agendas de los movimientos sociales que luchan por un cambio social.
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