El lunes teníamos acceso de nuevo a filtraciones sobre el estado de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo es un proyecto que va más allá del comercio. Es un proyecto político, ideológico y social que tendrá consecuencias en nuestro día a día.
Uno de los peores aspectos del tratado es la apertura definitiva de los servicios a la inversión privada -también de los servicios públicos con graves consecuencias para la sanidad pública, las energías, la alimentación, el medio ambiente, la seguridad de los consumidores, y la salud pública. Para llevar a cabo esta 'apertura', es decir, para hacer más atractivos los servicios a los posibles inversores, se deberá eliminar toda 'barrera' (entendida barrera como todo lo que pueda desincentivar o añadir costes a las inversiones de empresas transnacionales).
El TTIP, así como el TISA y el CETA, establece tres mecanismos para posibilitar la entrada de capital privado en la gestión de los servicios públicos: un primero de desregulación o equiparación normativamente a la baja de las legislaciones europeas y la de EEUU -que favorece la entrada de transnacionales-; un segundo que prevé que todo nuevo servicio público tenga que salir de la contratación pública para ser gestionado por un ente diferente a la administración -externalizaciones y privatizaciones-; y un tercero para incluir una cláusula de irrevocabilidad de manera que una vez privatizado un servicio ya no podrá volver a manos públicas.
Entre las cláusulas de irrevocabilidad, nos cuelan la nefasta 'ratchet clause' o cláusula trinquete. En un acuerdo de comercio internacional, una cláusula de irrevocabilidad implica que un país no puede reintroducir un obstáculo a la privatización si la ha eliminado de forma unilateral.
Más allá de este punto, el TTIP implica que cualquier modificación legal que haga menos restrictiva la medida consolidará automáticamente el nuevo nivel de apertura. De esta manera, se establece un principio de liberalización futura automática y autónoma denominado principio de cremallera. La 'ratchet clause' daría lugar a que las empresas transnacionales tengan el derecho a demandar, a personarse, en caso de la revocabilidad de algún servicio ante el que hasta ahora se conocía como ISDS (mecanismo de resolución de conflictos del tratado) y que con la nueva información pasa a llamarse ICS. Esta medida de protección a los inversores permitiría a las empresas reclamar a los países por las pérdidas de beneficios que pueda ocasionar la reversión de privatizaciones ya hechas.
Lo más peligroso, por lo tanto, es la posibilidad de no recuperar lo que, sin la firma de estos tratados, se ha ido externalizando y privatizando desde los años 80. La cláusula bloquearía los niveles actuales de liberalización de los servicios públicos en cada estado, en cada municipio.
¿Y por qué es importante la gestión de los servicios públicos? ¿Importa si el servicio lo presta el municipio o si lo presta la empresa privada de turno? La respuesta es 'sí' porque el modelo de prestación de servicios públicos que se elije tiene implicaciones directas en nuestro día a día, en:
1. La posibilidad de garantizar más derechos, tendiendo a la universalidad y no condicionada a los recursos económicos de los que se dispongan.
2. Ahuyentar la búsqueda de beneficio privado en la prestación del servicio a costa de rebajar la calidad del mismo.
3. La vocación de servicio comunitario universal dirigido, sin discriminaciones, a todas las vecinas del municipio -con o sin documentación, con o sin recursos económicos.
4. La garantía de unas condiciones de trabajo dignas para las trabajadoras y los trabajadores que prestan estos servicios.
5. El control y la participación popular en la planificación del servicio y en la gestión. Nosotros tenemos que poder decidir cómo queremos que sean nuestros servicios públicos.
Somos conscientes de que, en este entorno, colisionan dos modelos de sociedad: el propio de la reproducción del capital, patriarcal, agresivo, autoritario, explotador y altamente desposeidor de la riqueza colectiva, y el de la sociedad que aspira a construir un entorno social del buen vivir. Para este segundo modelo, es imprescindible que recuperemos, que revirtamos las externalizaciones y privatizaciones que gestionan nuestros servicios públicos como simples negocios, cuando se trata de derechos.
Ahora tenemos la obligación política de remunicipalizar los servicios públicos. No sólo de hacer grandes campañas comunicativas, ni de hacer estudios para ver cómo municipalizar, sino de municipalizarlos. Tenemos una amenaza latente, y no menor, y hay que acompañar a la lucha en la calle de una acelerada institucional para la municipalilzación porque, literalmente, a la clase trabajadora nos va la vida en ello.
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