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CATALUNYA

Vox pide que Arrimadas, Iceta, Rabell y Albiol testifiquen en el juicio contra la Mesa del Parlament por el 1-O

Fiscalía y Abogacía del Estado mantienen ante el TSJC las penas de inhabilitación que solicitaron en el Supremo para Corominas, Simó, Guinó, Barrufet, Nuet y Boya

Ninguna acusación solicita que testifique la expresidenta Carme Forcadell en un juicio en el que Vox reclama hasta doce años de cárcel por organización criminal

La ANC abona la fianza del resto de miembros de la Mesa del Parlament

Los exmiembros de la Mesa del Parlament, en el Supremo EFE

Las derivadas judiciales del procés avanzan después del visto para sentencia del Tribunal Supremo. Los exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament procesados por desobediencia el 1-O que el Alto Tribunal decidió en el último minuto que debían ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han recibido ya los escritos de acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox.

De los escritos destaca la petición de la formación de extrema derecha para que testifiquen en el juicio los líderes de los partidos de la oposición en el Parlament la pasada legislatura, estos son, Inés Arrimadas (Ciudadanos), Miquel Iceta (PSC), Lluís Rabell (por la extinta coalición Catalunya Sí Que es Pot) y Xavier García Albiol (PP), algo que Vox no solicitó en el Tribunal Supremo. El partido continúa así con su estrategia de pedir la testifical de políticos de todos los partidos: en el Supremo logró que declararan desde el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy hasta la exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant.

La firma de los escritos cambia, pero la petición de penas se mantiene por el delito de desobediencia. Fiscalía y Abogacía del Estado piden inhabilitar durante un año y ocho meses a los exmiembros de la Mesa Anna Simó (ERC), Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet (PDeCAT) por no paralizar distintas votaciones soberanistas en la Cámara. Al exsecretario de la Mesa Joan Josep Nuet (ahora en ERC tras dejar los 'comuns') le piden fuera de los cargos públicos por un año y cuatro meses.

Y para la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya la petición fiscal es de un año y ocho meses de inhabilitación, cuatro meses más de lo que pide la Abogacía. A todos les reclaman además multas de 30.000 euros. De todos ellos, los únicos que siguen en cargos públicos son Guinó, actual diputado de JxCat en el Parlament, y Nuet, con escaño por ERC en el Congreso. En este sentido, antes de celebrar el juicio el TSJC tendrá que decidir si envía a Nuet de vuelta al Supremo por su aforamiento.

A diferencia de Vox, en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, el teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, solicita tan solo que comparezcan como testigos el letrado mayor del Parlament, el secretario general de la Cámara y los exrepresentantes de CiudadanosPSC en la Mesa, que ya declararon en el Supremo. Misma petición hace la abogada del Estado Beatriz Vizcaíno.

Por contra, ninguna acusación pide la declaración testifical de la otra integrante de la Mesa del Parlament en la pasada legislatura, la expresidenta Carme Forcadell. Cabe recordar que tanto Forcadell como los acusados en el TSJC votaron lo mismo, en el sentido de permitir el debate de varias iniciativas y leyes soberanistas pese a los avisos del Constitucional. No obstante, a la primera la Fiscalía le reclama 17 años de cárcel por rebelión mientras que los segundos las penas se rebajan a una inhabilitación de menos de dos años por desobediencia.

En su escrito, el teniente fiscal Ariche sostiene que Boya y los exmiembros de la Mesa "ejecutaron una estrategia a la que denominaron 'el procés' perfectamente organizada, planificada y concertada para fracturar el orden constitucional". Todos ellos, a criterio del fiscal, permitieron tramitar tanto las leyes de desconexión como otras iniciativas soberanistas "tendentes a crear el marco legal que sustentara la construcción de la República catalana a sabiendas de que eran abiertamente inconstitucionales y a pesar de las múltiples advertencias del Tribunal Constitucional".

Vox va mucho más allá y, pese a que fracasó en su intento de demostrarlo en el juicio del Supremo, acusa igualmente a los exmiembros de la Mesa del delito de organización criminal, lo que eleva las penas solicitadas hasta los 12 años de cárcel. Ahora el próximo paso será que los exmiembros de la Mesa presenten en los próximos días ante el TSJC sus escritos de defensa, una vez el tribunal ha rechazado la recusación del presidente Jesús María Barrientos y el magistrado Carlos Ramos planteada por Simó. Y todo estará listo para el juicio a otra de las derivadas del 1-O.

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