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CATALUNYA

La Audiencia Nacional cita al presidente del Puerto de Barcelona y a otros 22 imputados por el 3% de Convergència

El juez de José de la Mata cita varios responsables financieros de CDC así como empresarios sospechosos de pagar mordidas al partido a cambio de obras públicas

La Audiencia Nacional cita a 23 investigados por las mordidas del 3% en Cataluña

Sixte Cambra, uno de los imputados por De la Mata EFE

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como imputados –investigados, según la nueva denominación– a un total de 23 personas en el caso del 3% de Convergència, entre las que se encuentran el exconcejal de Urbanismo de Barcelona durante el gobierno de Xavier Trias, Antoni Vives, y el actual presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra. También deberán comparecer ante el juez varios responsables financieros de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) así como empresarios sospechosos de pagar mordidas al partido a cambio de obras públicas.

En un auto, De la Mata reafirma los indicios delictivos tras recibir la causa de parte del juez de instrucción de El Vendrell (Tarragona) que investigaba el 3% desde hace más de tres años. El nuevo instructor mantiene que las conductas de los dirigentes de CDC y los empresarios investigados presentan indicios de la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.

Varias obras mantienen a los imputados bajo sospecha. Las de más envergadura afectan directamente a Cambra, aupado a presidente del Puerto por Artur Mas. Según De la Mata, Cambra mantuvo reuniones "reuniones frecuentes" con empresarios antes de otorgar dos contratos millonarios: la ampliación del dique Sur (adjudicada por 10,6 millones a Copisa y Vopi 4) y los accesos al dique Este (39 millones adjudicados a la UTE formada por las empresas Copisa, Benito Arno e Hijos y Comsa).

En el caso de Vives, destaca el fiasco de la plaza de las Glòries: la empresa de obra pública municipal, Bimsa, había adjudicado en febrero de 2015 –a tres meses de las municipales– un contrato por 60 millones con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Copisa, Rogasa y Benitó Arnó i Fills. La oferta que ganó el concurso fue un 24% más baja que el precio por el que se licitó la obra.

Vives, como expresidente de Bimsa, también intervino, expone De la Mata, en la adjudicación por parte del Consorcio de Educación de Barcelona de un contrato para el mantenimiento de sus edificios, así como las obras en la Avenida del Paralelo, la calle Luca, el Mirador de las Aguas, las obras del Puerto y un carril bici en el Poblenou.

Si bien ni De la Mata ni los tres años de investigación han aportado indicios delictivos contra Carles Puigdemont, el juez menciona en su auto una comida en 2013 entre Vives, el expresident –entonces alcalde de Girona– y el exalto cargo Ángel Vives para "seguir el tema", en referencia al interés de uno de los empresarios de la trama de acceder a los círculos de poder de Girona para lograr contratos. Finalmente, sin embargo, las obras no fueron adjudicadas en Girona sino en Barcelona.

Entre los citados está también el que fue teniente de alcalde y concejal de Urbanismo bajo el mandato de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Vives. La causa señala a Vives en su papel como presidnete de Bimsa, la principal empresa pública adjudicataria del Ayuntamiento. Entre las obras adjudicadas de forma presuntamente irregular, destaca la reforma de la plaza de las Glòries, una obra faraónica adjudicada por 49,7 millones de euros.

Todos los investigados están citados para comparecer ante el juez entre los próximos 11 y 22 de junio. Entre los imputados que cita De la Mata se encuentran Francesc Xavier Sánchez Vera, quien ostentaba el cargo de responsable económico y jurídico de CDC; Anna Dolors Benítez, exjefa económica financiera de CDC; y Carles del Pozo Cerda, gerente y coordinador de área económica del partido.

El juez también cita a una decena de empresarios que, junto a los responsables políticos, serían los encargados de "poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente" a CDC mediante donaciones a sus fundaciones. En total, en la causa hay una treintena de imputados, entre personas físicas y jurídicas, además de los citados para el próximo mes de junio. Por ejemplo, el exconseller de Mas, Germà Gordó, y los extesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osàcar (condenado por el caso Palau), así como varios constructores.

En un reciente informe, la Guardia Civil cifró las comisiones que habría recibido CDC en 1,04 millones de euros, cobrados presuntamente entre 2008 y 2013 –ya con Artur Mas en la presidencia del partido y de la Generalitat– a cambio de 24 obras públicas. También se habrían producido dádivas como entradas a partidos de fútbol, viajes, noches de hotel y cacerías.

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