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CATALUNYA

Las tres horas en la mesa de Moncloa: soluciones para los presos y cambiar "marco de la ley" por "seguridad jurídica"

La vicepresidenta Calvo llevó el peso de la conversación y preguntó si modificar el Código Penal era suficiente. "Aunque salgan los presos el conflicto político seguirá", respondió Torra

Comienza la Mesa de Diálogo para Cataluña con Sánchez y Torra a la cabeza

Sánchez recibe a Torra y pasen juntos hacia la Moncloa, antes del inicio de la mesa de diálogo EFE

La puesta en escena estaba cuidada hasta el último detalle. Los equipos técnicos llevaban días preparándola. La llegada de los miembros de la delegación catalana, el recibimiento de Pedro Sánchez y los suyos, el lugar donde se sentaría cada uno, las banderas... todo estaba previsto, menos el contenido de la conversación que se desarrollaría una vez las puertas de la sala Tàpies de la Moncloa se cerraran. Fueron en total tres horas, amenizadas con agua, café y pastas de mantequilla, en las que llegaron a tocar la mayoría de los temas que, por el momento, les separan.

El presidente del Gobierno inició el diálogo con una breve alocución en la que dio la bienvenida a la delegación de la Generalitat y recalcó la apuesta de su Ejecutivo por el diálogo. Según fuentes conocedoras, Sánchez habló del momento "trascendental", poniendo énfasis en la importancia del inicio de los encuentros y en la relevancia que su Gobierno le daba. El jefe del Ejecutivo no se explayó demasiado y no tardó en dar la palabra a Torra.

La delegación catalana se había repartido con anterioridad los temas entre el president y Pere Aragonès, que serían quienes llevarían el peso de la interlocución en su lado de la mesa. El Govern se había mentalizado de que era muy importante no mostrar grietas y proponer exactamente lo mismo. Por la mañana, en la sede de la Generalitat en Madrid, habían hecho un último repaso de los puntos que tratarían y habían acordado exponerlos todos pasase lo que pasase.

Torra hizo una intervención más larga. Comenzó explicando que, por parte de la Generalitat, en esa mesa debía haberse sentado Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes independentistas que no habían podido hacerlo debido a su situación judicial. Pese a eso, el jefe del Govern dejó claro a continuación que el objetivo de esa negociación no era otro que "solucionar el conflicto político", del que a su juicio "se deriva la represión", y no a la inversa. Esto sería después motivo de debate de nuevo.

Aragonès tenía encomendado marcar las condiciones que a juicio de la Generalitat debía tener la mesa. Para el líder de ERC debía haber un compromiso de ambas partes para poder hablar de todo y de que todas las propuestas fueran debatidas. Las fuentes consultadas aseguran que fue sencillo pactar el calendario: la mesa se reuniría una vez al mes sin presidentes ni vicepresidentes, y cada seis meses con estos para ratificar acuerdos. Fue el propio Sánchez quien apuntó entonces que, en ese caso, la siguiente reunión sería en la primera quincena de marzo, debido a que después habría periodo electoral por las elecciones gallegas y vascas.

Calvo pregunta por los presos

Sánchez, según indican las fuentes consultadas, estuvo atento en todo momento y tomando notas, pero la encargada de entrar en la brega política por parte de la delegación española fue la vicepresidenta Carmen Calvo. Ella hizo una intervención en la que expuso el diagnóstico de cómo se había llegado hasta aquí: desde el Estatut de 2006, la recogida de firmas en contra, y los siete años de inacción del PP. Fue entonces cuando Calvo quiso abordar la cuestión central y planteó, a modo de pregunta, cuáles eran las demandas de los independentistas, informa Irene Castro.

"Quiso que dejaran claros cuáles eran los principios, los márgenes en los que se mueven", explican fuentes conocedoras del encuentro. "¿Autodeterminación y presos políticos, esas son vuestras posiciones?", preguntó la vicepresidenta, que remitió en diversas ocasiones a que la modificación del Código Penal podría significar una solución para los encarcelados. La ministra quería conocer si eso era suficiente para la parte catalana en lo relativo a los presos. Además, Calvo aprovechó su autoridad académica para decir que es una anomalía que un Estatuto refrendado por la población sea modificado posteriormente por el Tribunal Constitucional.

La intervención de la vicepresidenta encendió el debate y, tras ella, varios de los miembros de la delegación catalana quisieron tomar la palabra. "Aunque salgan los presos y regresen los exiliados, el conflicto político seguirá", inició la respuesta Torra. También hablaron entonces Josep María Jové, dirigente de ERC y que está a la espera juicio por la celebración del referéndum, y Josep Rius, el exjefe de gabinete de Puigdemont. Ambos rechazan que el inicio del conflicto sea la sentencia del Constitucional contra el Estatut y apuntan a que los problemas del encaje catalán son anteriores, al menos de la reforma estatutaria y los primeros recortes en el Congreso del texto aprobado en el Parlament.

En una habitación contigua a la sala Tàpies, donde estaban reunidas las primeras espadas del Gobierno y la Generalitat, hubo una reunión paralela con una decena de personas de ambas delegaciones, principalmente asesores y altos cargos de ambos gobiernos. Si en la sala de los políticos hubo pastas y café, en la de los técnicos había jamón y queso curado. Ellos eran los responsables de haber hecho posible el encuentro que sucedía en la otra sala y su único trabajo se centró en pactar cada coma del comunicado conjunto con el que desearon que Sánchez y Torra rubricasen la jornada y que llegó al miércoles prácticamente acabado. 

"En el marco de la ley"

Pero lo que parecía sencillo se tornó complicado en la última frase del documento. En el borrador que habían llevado los independentistas, el último punto decía: "Cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica". Pero los responsables de Moncloa no lo acababan de ver bien. Ellos apretaban para que apareciese la expresión "en el marco de la ley", aduciendo la necesidad de poner las cosas fáciles al Gobierno, que ya estaba a esa hora recibiendo muchas críticas de la derecha por las condiciones del encuentro.

La delegación catalana se resistió a ceder en esta frase. Recordaron que esa expresión ya aparecía en el documento de Pedralbes y, según ellos, era un fracaso salir de Moncloa con un texto rebajado. Desde ERC además optaron por subir la apuesta y señalaron que en el pacto firmado con el PSOE aparecía la expresión "ordenamiento jurídico democrático", por lo que podía resolverse la controversia con esta idea. Pero desde el Gobierno también vetaron esa última opción y las delegaciones se encallaron aquí.

De vuelta a la sala donde estaban las cabezas de los dos gobiernos, el debate continuaba animado. Hay un momento que las fuentes consultadas describen como "de partido de tenis", en la que los ministros tratan de poner sobre la mesa las cuestiones de los 44 puntos que Sánchez había llevado a Torra en su encuentro en el Palau. Financiación, competencias, infraestructuras. Y a cada intervención sobre estos temas que hacía uno de los miembros del Gobierno, desde la delegación catalana se le contestaba que no era materia de esa mesa, para continuar sus intervenciones hablando de la autodeterminación.

Finalmente fue Alfred Bosch quien recogió la pelota que los contendientes se habían ido pasando. El conseller aseguró que convocaría próximamente la Comisión Bilateral prevista en el Estatut, para todas las cuestiones relacionadas con competencias, financiación y asuntos sectoriales. Con esto, el debate sobre las cuestiones estatutaria pareció agotarse. No hubo réplica. Casi al principio de la reunión Sánchez había excusado que el ministro Ábalos tuviese que abandonar el encuentro porque debía comparecer en el Congreso y había dejado su silla vacía en frente de Alfred Bosch y Elsa Artadi.

"¿Qué proponéis vosotros?" 

Torra también expuso la cuestión del mediador, que ha sido uno de sus caballos de batalla durante las últimas semanas. Según lo formuló el president, debía ser un "mediador internacional", encargado entre otras cosas de levantar acta. Desde el Gobierno negaron que acepten esta figura y, aunque Torra insistió en pedirles una alternativa, la cuestión del mediador no tuvo más recorrido.

Las horas fueron pasando y el debate casi lo monopolizaron los presidentes y vicepresidentes. En un momento de la reunión Sánchez pidió escuchar lo que tenían que decir el resto y aquí se produjo lo que algunas fuentes consideran la parte más "fértil" del encuentro, con un debate menos ordenado pero más vivo. Fue cuando la número dos de ERC, Marta Vilalta, interpeló directamente a Sánchez después de defender el referéndum. "¿Qué es lo que proponéis vosotros a los catalanes? ¿Cuál es vuestra propuesta?", le preguntó. A lo que Torra no evitó murmurar con aprobación "brillante, Marta, brillante".

Fuentes independentistas aseguran que, tras eso, hubo un silencio en la sala. Fuentes del Gobierno aseguran que quedó claro que el Ejecutivo de Sánchez "no ve ninguna salida que no pase por garantizar la unidad del país". La mesa entre gobiernos no dio para mucho más y el presidente por fin pronunció unas palabras de cierre. A partir de ahí, Torra salió para reunirse con su equipo y preparar la rueda de prensa, mientras Sánchez se retiró a otra sala con algunos de los ministros que le habían acompañado para evaluar la reunión.

El equipo técnico, sin embargo, seguía encallado entre el "marco de la ley" y la "seguridad jurídica". Ninguna de las partes quería ceder y, cuando todos los demás puntos habían sido repasados varias veces, ese seguía en rojo. Los minutos apremiaban y el comunicado debía enviarse antes de que Torra y la ministra María Jesús Montero salieran en rueda de prensa. Fue entonces cuando el equipo de la Moncloa consideró que el bloqueo solo podían superarlo por elevación, por lo que llevaron el texto a la sala donde estaba el presidente. Fuentes conocedoras relatan que, a los pocos minutos, de la habitación salió Iván Redondo, el jefe del Gabinete de Sánchez, anunciando que aceptaban "seguridad jurídica".

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