Sánchez encarrila los presupuestos con el temor de que Torra reviente la mesa de diálogo

El Gobierno celebra la aprobación en el Congreso de los objetivos de déficit que suponen la antesala de los Presupuestos Generales del Estado. Con esa votación, Pedro Sánchez encarrila no solo las cuentas públicas sino también la legislatura. No obstante, tanto en el PSOE como en Unidas Podemos son conscientes de que todo depende de un hilo: la mesa de diálogo con la Generalitat, cuya primera reunión salió bien -mejor incluso de lo que los integrantes habían pensado-. Sin embargo, tanto Moncloa como ERC miran con recelos a Quim Torra ante el temor de que haga saltar por los aires ese instrumento con el que Sánchez se ha garantizado el apoyo de los republicanos siempre y cuando siga en marcha.

El camino hacia los presupuestos, por tanto, no está ni mucho menos expedito. En el Gobierno no quieren siquiera poner una fecha concreta a su aprobación más allá de un genérico “antes de que acabe el verano” y también han dejado claro que no los llevarán al Congreso hasta tener los apoyos amarrados. Con la reunión de la mesa de diálogo, Sánchez ha sorteado el primer obstáculo con cierto éxito, según reconocen todas las partes, porque logra mantener al Govern sentado con visos de continuidad, pero con la incertidumbre de hasta cuándo. “Torra ha querido transmitir que esta mesa de diálogo tiene continuidad y todos calculamos que va a durar largo tiempo”, se encargó de decir la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la reunión.

Por ahora el Ejecutivo ha logrado sortear la primera votación clave en términos de duración de la legislatura -una vez aprobados los presupuestos, Sánchez tiene más sencillo aguantar los 1.400 días que se propuso en el estreno de la coalición-. La senda de corrección del déficit público para los próximos años –1,8% del PIB en 2020, 1,5% del PIB en 2021, 1,2% del PIB en 2022 y 0,9% del PIB en 2023– es el primer trámite en la Cámara Baja que debe cumplimentarse para acabar aprobando unas cuentas públicas que sustituyan los vigentes, diseñados por Cristóbal Montoro.

Objetivo Moncloa-ERC: que Torra siga sentado

“Pretendemos que los Presupuestos Generales del Estado sean aprobados a lo largo del verano. No hay ningún cambio de calendario, hoy era un paso obligatorio. No es solo el primer paso para los presupuestos sino que permite a comunidades y entidades locales mejorar su perspectiva y tener más margen para satisfacer sus necesidades”, ha expresado la titular de Hacienda, que ha admitido que “no había ningún motivo para votar en contra, en referencia a la decisión de JxCat.

La votación se ha negociado durante varios días con los distintos grupos de la Cámara. Finalmente la han apoyado prácticamente las mismas formaciones que la investidura de Sánchez con la abstención de ERC y Bildu. La izquierda abertzale ya dejó claro que “históricamente” no ha apoyado esas cifras porque constriñen a los ayuntamientos, pero ha justificado su voto en blanco en que le ha arrancado al Gobierno el compromiso de flexibilizar la regla de gasto para que los ayuntamientos con superávit puedan realizar mayores inversiones.

Pero la llave de la Moncloa para Sánchez la tiene, en última instancia, ERC. Gabriel Rufián ya avisó al presidente en el debate de investidura de que su apoyo en la legislatura depende de la negociación entre gobiernos. Los republicanos han esperado al último momento para confirmar su abstención a la senda de déficit, pero son conscientes de que el camino más complicado empieza ahora. En ERC no esconden la guerra que tienen con sus socios de gobierno y, de hecho, acusan a JxCat de “deslealtad” por lo que consideran que ha sido un cambio de posición respecto al apoyo que tenían previsto inicialmente. Los republicanos llegan a decir que no compartirán más información de sus posiciones en el Congreso con sus aliados en la Generalitat.

ERC y JxCat se miran de reojo

Fuentes de ERC expresan que la reunión de la mesa de diálogo fue “sorprendentemente bien”. El gran temor de los republicanos es que Torra decidiera en cualquier momento dinamitar la negociación -primero con las dificultades para poner una fecha, después con la elección de miembros ajenos al Govern para la mesa...- y para ello se preparan tanto los de Oriol Junqueras como en Moncloa. Esa buena sintonía que la delegación catalana no esperaba encontrar en el equipo de Sánchez hace desconfiar a los republicanos ante el rechazo de JxCat a la senda. “Si el Gobierno sigue así, midiendo cada paso, a JxCat se le van a acabar las excusas y van a acabar retratados como en la [votación] de hoy -dicen esas fuentes sobre los objetivos de déficit-. ¿Qué motivo hay para votar en contra después de lo de ayer y qué argumento para perder 70 millones? [la cifra de flexibilidad que corresponde a Catalunya con la nueva senda]”.

“No van a tener nuestros votos de modo gratuito -expresó, por su parte, la portavoz de JxCat, Laura Borràs-. El compromiso de incluir el pago de lo que se debe por el IVA a Catalunya no lo hemos obtenido. Lo que no podemos es que le salga tan barato al Gobierno tan supuestamente progresista por un diálogo que veremos qué resultados da”.

Sin embargo, en ERC están convencidos de que es la próxima batalla electoral la que pesa en el comportamiento de JxCat. A pesar de que tanto el Gobierno como los republicanos consideran que, si Torra -una vez logrado el “sit and talk”- se levanta de la mesa, puede salir perjudicado, en ERC reconocen que ese tira y afloja les aprieta de cara a la aprobación de los presupuestos: “Es más fácil la posición en el techo de gasto y más complicada en los presupuestos por la guerra con JxCat y el horizonte electoral”. “Sería irresponsable que el Gobierno trajera los presupuestos en quince días”, expresan en el grupo de Rufián.

Abril, fecha clave

No es el plan del Gobierno correr tanto, pero el margen temporal tampoco es infinito si la aspiración es que las cuentas de 2020 salgan de las Cortes aprobadas “antes de que acabe el verano”, que es, al menos hasta ahora, el compromiso de Sánchez.

Una vez aprobada la senda de estabilidad en el Congreso, pasa al Senado, donde está previsto que reciba también los apoyos necesarios la semana próxima, cuando se debata y vote. El siguiente paso será la aprobación en el Consejo de Ministros de un proyecto de ley de Presupuestos. No hay una fecha prevista para esta aprobación, y ni siquiera tiene que ser necesariamente anterior al envío a Bruselas del Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, que debería producirse en abril según el calendario europeo.

El plazo del que habla el Gobierno para aprobar las cuentas es este verano, un periodo que se extiende durante varios meses. Si se contempla como opción que hablemos del mes de julio (agosto es inhábil a efectos parlamentarios y el 22 de septiembre empieza el otoño), la aprobación del proyecto se debería producir, como tarde, en abril, ya que el plazo de aprobación de los presupuestos desde que entran al Congreso hasta que se aprueban definitivamente es de unos tres meses (se suele establecer un plazo de hasta dos meses en el Congreso y uno en el Senado).

El proyecto deberá amoldarse al techo de gasto ya aprobado (y que no se somete a votación parlamentaria) y que es de 127.609 millones de euros, un 3,8% más que el año pasado.

El primer debate presupuestario a superar en el Pleno de Congreso será el de las enmiendas a la totalidad. Fue en esta votación cuando cayó el presupuesto de 2019, y con él el anterior gobierno de Sánchez tras la decisión de ERC de presentar una enmienda a la totalidad, arrastrada por JxCat, por la ruptura de las relaciones de Sánchez y la Generalitat. Si esta vez sale adelante, se abrirá la fase de negociación de las enmiendas parciales, donde seguramente deberán tener cabida algunas de las reivindicaciones de grupos minoritarios con los que Sánchez debió comprometerse para conseguir su voto en la investidura.

Montero ha informado durante el debate de su intención de reformar la regla de gasto -que impide aumentar el gasto público por encima de una determinada referencia ligada al crecimiento- para dar mayor margen a comunidades autónomas y ayuntamientos, a petición de formaciones como EH Bildu, ERC, Compromís o Más País. También se flexibilizará el uso de las denominadas inversiones financieramente sostenibles –que quedan excluidas del cómputo de la regla para las administraciones en superávit–, ya que se permitirá un mayor volumen de estas y se incorporarán nuevos conceptos como la lucha contra la despoblación o el fomento del empleo.