Dos exconsellers en Bruselas alegan que la Audiencia Nacional les somete a una investigación “inquisitorial”
“Un proceso de carácter inquisitorial”. Así describe la defensa de los exconsellers Antoni Comín (Salud) y Meritxell Serret (Agricultura), que permanecen en Bruselas en libertad provisional, la investigación por rebelión, sedición y malversación que mantiene abierta contra ellos la Audiencia Nacional.
Los exconsellers, defendidos por el letrado Gonzalo Boye, han presentado este lunes un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden europea de detención y entrega que emitió contra ellos el viernes la magistrada Carmen Lamela.
Alegan los consellers cesados por el 155 que la investigación que dirige contra ellos la Audiencia Nacional vulnera hasta cuatro derechos fundamentales. En concreto, conculca su inmunidad y su inviolabilidad parlamentaria, esto es, su derecho a no ser perseguidos por sus opiniones o votos expresados en el Parlament –como por ejemplo votar la DUI y otras resoluciones independentistas.
Ambos dirigentes también creen que la magistrada ha vulnerado su derecho a un juez imparcial porque la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para investigar un presunto delito de rebelión. Además, alegan que Lamela, en su orden de detención, incluyó los delitos de desobediencia y prevaricación, cuando en la querella del fiscal y en el auto por la que la admitió a trámite sólo constaban los delitos de rebelión, sedición y malversación.
Los exconsellers ven además “inmotivada y carente de fundamento” la denegación por parte de Lamela de su petición de declarar desde Bruselas por videoconferencia, rechazo que considera “sumamente grave”.
“No se encuentran fugados”, recalca el letrado Boye sobre los exconsellers, que recuerda que se han personado en la causa y la magistrada, al negarles declarar desde Bruselas, ha “impedido su derecho de defensa” y les ha dejado en una situación de “indefensión flagrante”.
“Nos preguntamos cómo es posible que pese una orden de detención e ingreso en prisión contra mis defendidos por los mismos hechos que un juez belga ha decretado su libertad”, abunda el recurso, que incide en las diferencias que, por el momento, una misma causa ha comportado para los exconsellers en Bruselas –libertad con obligación de no salir de Bélgica– y para los que se quedaron en España –prisión incondicional.
Por todo ello, la defensa solicita que la Audiencia Nacional deje sin efecto la orden europea de detención y entrega y que los exconsellers declaren ante la jueza Lamela desde Bruselas por videoconferencia. Dicha petición ya fue solicitada la semana pasada por las defensas, pero la magistrada la rechazó.
