Los comuns quieren que el Parlament pida al nuevo fiscal general que retire los cargos a los “presos políticos”
Los comuns quieren que las instituciones catalanas no desaprovechen la “oportunidad” que se abre ante la formación de un nuevo Gobierno central. Este martes el grupo de Catalunya en Comú Podem ha registrado una propuesta de resolución para que el Parlament reclame al nuevo fiscal general del Estado que retire los cargos contra los políticos catalanes, a los que consideran “presos políticos”.
En el texto de la propuesta de resolución, que previsiblemente saldrá adelante con los votos de comuns e independentistas, se denuncia la existencia de personas “perseguidas judicialmente y, incluso, encarceladas por su actividad política”, de quienes exige la liberación. Además reclama al nuevo Govern de Quim Torra que lleve a cabo las actuaciones “pertinentes para hacer prevalecer el diálogo por encima de los instrumentos judiciales”.
Más allá de la petición de liberación como deseo, el grupo liderado por Xavier Domènech es consciente de que a los políticos presos les puede quedar una larga temporada en prisión, por lo que reclaman también que el Parlament se pronuncie a favor de su acercamiento, para asegurar que “todos los presos cumplen su encarcelamiento en centros penitenciarios más cercanos a sus familias”.
“Tras la moción de censura del pasado 1 de junio, y el consecuente relevo del presidente y el conjunto del Consejo de Ministros, se abre una oportunidad para reconducir las tensiones entre los gobiernos catalán y español”, asegura el grupo en la exposición de motivos registrada. Por esta razón, el grupo quiere presionar todo lo posible para que la Fiscalía General del Estado, que debe ser ahora relevada, retire todos los cargos.
El nombramiento del nuevo o nueva fiscal es uno de los gestos que más se esperan desde el soberanismo catalán. El nombre que desvele el presidente Sánchez para este puesto puede servir para calibrar las oportunidades que abre el nuevo Gobierno a los presos. Con todo, en el actual momento procesal, ni siquiera la retirada de todos los cargos -algo poco probable- serviría para la liberación de los 9 presos catalanes, ya que la existencia de la acusación popular ejercida por Vox puede mantener las acusaciones.
El ejemplo de ello es lo sucedido con el exconseller de Interior Quim Forn. La Fiscalía pidió el pasado mes de marzo su puesta en libertad provisional, a la que se opuso Vox. Finalmente el juez Llarena hizo caso al partido ultraderechista y no al Ministerio Público, dejando al político en prisión.
