La Guardia Civil cifra en un millón el gasto público en sobres del 1-O pese a que Montoro prometió que sería nulo
La Guardia Civil ha desmentido a la Generalitat y ha cifrado en casi un millón de euros el gasto del Govern en los sobres, notificaciones para los miembros de las mesas y tarjetas censales del 1-O. En un informe entregado al Tribunal Supremo, el Instituto Armado señala que el Govern pagó “una cantidad aún por determinar” pero que está “sobre” los 979.661,96 euros a la empresa Unipost para gestionar los envíos. La Interventora de la Generalitat indicó que el 1-O no se financió con dinero público.
Los pagos de la Generalitat a Unipost se investigan en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que, al igual que el Supremo, indaga sobre la presunta malversación de fondos públicos el 1-O. La cifra que la Guardia Civil ha facilitado al Alto Tribunal corresponde a las diligencias solicitadas por el juez Ramírez Sunyer de Barcelona en relación a Unipost. En enero, la interventora de la Generalitat certificó que los encargos del Govern a Unipost no se dirigieron a “la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales”.
Ahora la Guardia Civil, en un informe entregado al Supremo el pasado 1 de febrero, cuestiona a la interventora, una de las funcionarias de mayor rango de la Generalitat y que en otras dos ocasiones había negado el uso de fondos públicos para la votación. Este millón de euros que ha identificado la Guardia Civil se suma al medio millón supuestamente gastado por el Govern en publicidad del 1-O: 277.804 euros para el anuncio de campaña del 1-O que los grandes medios rechazaron y sólo fue emitido por TV3 y 224.835,25 euros del anuncio sobre el censo de residentes en el extranjero. “Las emisiones en la CCMA [la corporación de medios catalanes públicos] fueron autorizadas por el departamento de presidencia que dirigía el conseller Jordi Turull”, añade la Guardia Civil en el informe entregado, en este caso, en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.
Unipost, ahora en concurso de acreedores, ha estado bajo la lupa de los investigadores desde hace meses, pues ya colaboró con el Govern de Artur Mas para la consulta del 9-N. El pasado 19 de septiembre, en una sede de la empresa en Terrassa (Barcelona), la Guardia Civil se incautó de 45.000 sobres con notificaciones a miembros de mesas electorales del referéndum. El día del referéndum, los miembros de las mesas fueron voluntarios que se organizaron en los mismos colegios.
“Opacidad” de la Generalitat
Según la Guardia Civil, la Generalitat “simuló” los encargos para el 1-O a Unipost a través de facturas de cinco conselleries a la empresa. En este sentido, el Instituto Armado afea “la opacidad” de la Generalitat a la hora de especificar el coste público del 1-O y destaca que la investigación llevada a cabo hasta ahora “contradice” lo indicado por el Govern. “Los pagos realizados por la Generalitat y acreditados se van viendo reflejados”, zanja la Guardia Civil, que precisa que todavía no ha terminado su trabajo: “Se continúan realizando gestiones para determinar el coste del referéndum del 1-O”.
En este sentido, la Guardia Civil también responde a la petición que le realizó el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre tres transferencias de las cuentas Delegación de Catalunya Davant la Unió Europea en Bruselas por su posible relación con pagos a los observadores internacionales del 1-O.
Las pesquisas realizadas por los investigadores han permitido confirmar el pago de 58.250 euros con destino a The Hague Centre for Strategic Studies, la entidad sospechosa de recibir los fondos para los observadores, otro de 61.450 euros (al mismo destinatario) y 20.000 euros con destino a la Delegación del Govern en Croacia. Las transferencias se realizaron el 21 de septiembre y el 9 de octubre.
La Delegación de la Generalitat en la UE realizó los pagos, que ascienden a 139.700 euros, bajo el genérico concepto de “contrato de servicios”. Asimismo, el director de la delegación europea de la Generalitat, Amadeu Altafaj certificó, tal y como le obligaba la orden ministerial de Hacienda en vigor desde el 15 de septiembre, que “todos los gastos” pagados por transferencia, incluidos los ahora investigados, “no responden a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales”.
La Guardia Civil no se fía, ya que, según apuntan los investigadores en su informe, “numerosas fuentes señalan a The Hague Centre for Strategic Studies como la entidad que financió la presencia” de los observadores del 1-O. Para aclarar si, como sospecha Llarena, las transferencias se corresponden a pagos con dinero público a los observadores del 1-O, la Guardia Civil propone al magistrado citar como testigo a Altafaj (que fue cesado de su cargo por el 155).
Y además, los investigadores señalan que el papel del Diplocat, la red de delegaciones en el exterior de la Generalitat liquidadas por el 155, es una de las “líneas de investigación” que se están trazando para “determinar el coste del referéndum del 1-O”.
El informe de Montoro, pendiente
En el documento aportado ante el Tribunal Supremo, la Guardia Civil también indica que a fecha 1 de febrero no se había “obtenido respuesta” de la auditoría sobre el gasto de la Generalitat por el 1-O que el juez Ramírez Sunyer reclamó al ministerio de Hacienda en virtud del 155. El encargo se produjo porque el magistrado no se creyó los certificados de la interventora de la Generalitat, que ahora se ven desmentidos por la investigación de la Guardia Civil.
De hecho, Ramírez Sunyer, en un auto por el que rechazaba el recurso de varias defensas a la personación de la Abogacía del Estado como acusación en la causa, llegó a afirmar que el 1-O se financió a cargo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), algo que negó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La presunta utilización de fondos públicos por parte de la Generalitat para el 1-O, tras prometer el ministro Montoro en vísperas a la votación que lo impediría gracias a la intervención de las finanzas catalanas, ha provocado un enfrentamiento entre el PP y Ciudadanos tras las acusaciones al Gobierno de parte de la formación de Rivera por la supuesta burla en la utilización del FLA. La Guardia Civil sigue investigando, factura a factura.
