La jueza Lamela cree que el Govern usó a los Mossos en una “organización criminal” para la secesión
El referéndum y la declaración de independencia fueron los últimos pasos de un plan para lograr la secesión de Catalunya al margen de la ley. Y en él no sólo participaron los principales líderes políticos, sino que se extendió a varios niveles de la administración catalana y a las entidades independentistas. Así lo sostiene la magistrada Carmen Lamela en el informe por el que ha facilitado al Tribunal Supremo asumir la causa contra Puigdemont y el Govern encarcelado.
En concreto, según Lamela, el Govern puso de forma “ilegal al servicio de los intereses secesionistas” a los Mossos d'Esquadra, así como a organismos como el Centro Tecnológico de la Generalitat (CTTI) o el ente de relaciones públicas exteriores de la Generalitat, el Diplocat. Tenían, según Lamela, roles definidos y diferenciados con el único objetivo de la secesión
