80 policías y 20 mossos siguen imputados por el 1-O dos años después

El cierre de la causa del procés en el Tribunal Supremo este mes de octubre no conllevará ni mucho menos el carpetazo a las distintas derivadas judiciales del 1-O que siguen abiertas tanto en Madrid como en los juzgados catalanes. Las más destacadas son las que afectan a los agentes de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil.

Un total de 88 policías nacionales y guardias civiles permanecen investigados dos años después, al igual que 23 mossos, según datos proporcionados por varias fuentes jurídicas. Las razones de las imputaciones son opuestas: en el caso de policías y guardias se derivan de las lesiones producidas sobre los votantes en las sucesivas intervenciones policiales del 1-O, mientras que a los mossos se les investiga por su pasividad para impedir la votación. 

La causa más avanzada y la que acumula más agentes investigados es la que se sigue en el juzgado de instrucción 7 de Barcelona. Un total de 50 agentes de la Policía Nacional permanecen investigados en una causa que este mes de octubre se adentra en uno de los aspectos que permanecen más borrosos sobre lo sucedido el 1-O: la cadena de mando y la manera en cómo se transmitieron las órdenes y se eligió empezar y dejar de intervenir en los colegios.

Los próximos 24 y 25 de octubre comparecerán como imputados los ocho inspectores jefe de los antidisturbios. Se trata de los mandos que, según el coordinador del dispositivo, como el coronel Diego Pérez de los Cobos, comandaron el operativo sobre el terreno y fueron los que decidieron en qué escuelas intervenir.

Las acusaciones de los heridos y la popular que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona dudan de esta tesis y creen que las órdenes vinieron de más arriba, algo que negó con contundencia el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto en su declaración como testigo. Lesionados y consistorio han logrado, con el aval de la Audiencia de Barcelona, que la investigación apunte a la cadena de mando y el diseño del operativo además de hacia las lesiones concretas producidas presuntamente por los agentes.

No todos los agentes investigados a día de hoy terminarán en el banquillo de los acusados. Para empezar, porque una decena de los 50 imputados son antidisturbios que el 1-O llevaban una escopeta de balas de goma en la escuela Ramon Llull, en cuyos aledaños Roger Español perdió la visión del ojo derecho por culpa de uno de estos proyectiles. De momento el juez no ha podido identificar al autor del disparo. Español es el único votante imputado en Barcelona, en su caso por lanzar una valle a a los policías. 

Más retraso lleva la investigación en Girona, donde la próxima semana empezarán a declarar los 26 agentes de la Policía Nacional imputados por su intervención en los centros el 1-O, en una causa abierta por los delitos de lesiones, contra la integridad moral y torturas. Por el lado de la Guardia Civil, cinco agentes están investigados en los juzgados de Amposta (Tarragona) por su intervención en Sant Carles de la Ràpita.

Por último, en los juzgados de Manresa (Barcelona) permanecen investigados siete guardias civiles por su intervención en dos pueblos del Bages, tres de ellos por un presunto delito de detención ilegal, después de que la Audiencia de Barcelona avalara la intervención. Por atentado a la autoridad está imputado el votante al que esposaron. También está pendiente de juicio por desobediencia un concejal de ERC por impedir al paso a los agentes.

Mandos y agentes de Mossos

Si bien la mayoría de policías y guardias civiles investigados son agentes rasos o mandos intermedios, en el caso de los Mossos d'Esquadra las causas afectan a todo el organigrama, tanto de la actual como la antigua dirección de la policía catalana pilotada por el major Josep Lluís Trapero.

En un juzgado de Cornellà (Barcelona) permanecen investigados por desobediencia al auto que les ordenaba impedir el 1-O siete antiguos miembros de la cúpula de la policía catalana, entre ellos el comisario Ferran López, el excomisario jefe de coordinación central, Joan Carles Molinero, y el excomisario jefe de la comisaría de planificación de seguridad, Emili Quevedo. 

Y en Sabadell (Barcelona) está investigada la actual número dos de la policía catalana, la comisaria Cristina Manresa, junto a otros cuatro mandos y agentes. Asimismo, un juzgado de El Vendrell (Tarragona) mantiene investigados a 11 mossos, entre ellos tres mandos de la región. Y cabe recordar que el archivo de algunas de las causas contra mossos ha sido recurrido, como por ejemplo el que afectaba a media docena de agentes de Lleida. 

A todos estos mossos hay que sumar su antiguo jefe, el major Trapero; la intendente Teresa Laplana; y los exaltos cargos de la conselleria de Interior Cèsar Puig y Pere Soler, que ya están formalmente acusados de rebelión e irán a juicio el próximo 20 de enero. La Fiscalía pide 11 años de prisión para Trapero, Puig y Soler por rebelión, mientras que para Laplana solicita cuatro años de cárcel por sedición. El fiscal no reclama penas máximas al entender que los cuatro acusados no lideraron el plan soberanista. De ahí que para el juicio a Trapero sea clave la sentencia del Supremo sobre los que sí fueron, a criterio del Ministerio Público, jefes del procés, estos son, los exconsellers y los presidentes de Òmnium y la ANC.

Las causas que afectan a políticos

Además de las que afectan a los agentes de los tres cuerpos, el 1-O también tuvo derivadas judiciales para varios políticos independentistas, funcionarios de la Generalitat y empresarios. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzgará en noviembre a la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya y los exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament, Anna Simó (ERC), Joan Josep Nuet (ahora en ERC tras dejar los 'comuns'), Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet (PDeCAT).

El caballo de Troia judicial del procés todavía no tiene fecha para juzgarse. Por el momento, 30 altos cargos del Govern y empresarios, entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, han sido procesados por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, entre otros. Por ahora no figura el de organización criminal, descartado por la jueza instructora pese a los intentos de la Fiscalía. Esa causa está pendiente de que la jueza cierre el sumario y las partes califiquen los hechos.

Investigados en su inicio en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, la elección como diputados en las últimas elecciones al Parlament del exsecretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, y del exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, les llevó a ser aforados, y por lo tanto a pasar a estar imputados ante el TSJC. Jové, célebre por apuntar los entresijos del procés en una libreta Moleskine, declaró brevemente ante la jueza instructora Maria Eugènia Alegret el pasado mes de junio, mientras que Salvadó todavía está pendiente de ser citado.