La falta de acuerdo entre Aragonès y Turull deja el futuro del Govern en manos de las bases de Junts

En el Palau de la Generalitat ya avisaron a sus socios que el documento que les habían enviado para negociar una salida a la crisis entre ERC y Junts no lo consideraban una “propuesta seria” y eso es lo que Pere Aragonès le ha vuelto a recordar a Jordi Turull en la conversación de una hora que mantuvieron este domingo y que no ha servido para reconducir unas diferencias que pueden llevarse el Ejecutivo catalán por delante.

El líder de Junts explicó al president las peticiones que su partido ya le hizo llegar por escrito y que incluye la restitución del vicepresidente, Jordi Puigneró, y dotar de un mayor protagonismo al Consell de la República, dos reclamaciones que Aragonès se niega en redondo a aceptar. La primera porque considera que el argumento por el que se cesó a Puigneró sigue siendo válido y es la falta de confianza. La segunda porque en el Palau de la Generalitat se interpreta que los posconvergentes pretenden reforzar un ente controlado por Puigdemont para que actúe como contrapoder al Govern. Junts reclama también unidad de acción en Madrid y limitar la mesa de diálogo a la autodeterminación y amnistía.

Los republicanos argumentan que las exigencias de Junts no son serias ni pensadas para una negociación que aspire a encarrilar la situación. Consideran directamente que no pueden ser tomadas como una propuesta formal.

Coincidiendo con el quinto aniversario de la votación del 1-O, Aragonès reclamó este sábado a los independentistas “volver a centrarse” en el “derecho a voto” y dejar atrás la división que impera entre las formaciones políticas y entidades civiles de este espacio político. Pero está claro que es imposible recuperar algo parecido a un consenso, tal y como se puedo comprobar en los discursos que se escucharon en la concentración celebrada en el Arc de Triomf de Barcelona. La intervención de Puigdemont se convirtió en una enmienda a la totalidad a la estrategia de ERC. La crispación existente se tradujo en silbidos a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a pesar de que ella fue quien leyó el 27 de octubre la declaración de independencia frustrada y es una de las dirigentes que lo pagó con más tiempo en la cárcel.

Puigdemont, que sí fue aclamado, definió el 1 de octubre como un “referéndum legal y vinculante” y cargó contra la propuesta del acuerdo de claridad que planteó Aragonès durante el debate de política general celebrado esta semana. “El referéndum ya se hizo, es válido y no hay que volverlo a hacer”, defendió desde Waterloo. “Votar ya hemos votado, no lo podemos decir más claro”.

Aunque el expresidente no ocupa ningún cargo en Junts su influencia en el partido es evidente. La mayoría de consellers son partidarios de seguir en el Ejecutivo pero la decisión no la tomarán ellos. Los posconvergentes reunirán este lunes a su ejecutiva para acordar la pregunta que se formulará a su militancia los próximos jueves y viernes para que decidan si quieren quedarse o salir del Govern. Uno de los interrogantes es cómo se conciliaran los distintos intereses que conviven en la cúpula del partido y que ya quedaron en evidencia en la última reunión cuando una parte alertó que exigencias como la de la restitución del vicepresidente no hacían más que complicar una salida a la crisis.

Tras la destitución de Puigneró, sigue habiendo seis consellers escogidos por JxCat: Jaume Giró (Economía), Victòria Alsina (Acción Exterior), Gemma Geis (Universidades), Josep Maria Argimon (Salud), Violant Cervera (Derechos Sociales) y Lourdes Ciuró (Justicia) En la Generalitat hay aproximadamente unos 250 cargos y puestos eventuales nombrados a dedo por Junts, aproximadamente la mitad de los 500 que dependen de la administración catalana. Seguramente son de los que están más interesados en saber cómo acaban las negociaciones y la posterior consulta a la militancia.