Responsables catalanes de Salud niegan que discriminaran a policías y guardias civiles en la vacunación

Los cargos del Govern investigados por presuntamente discriminar a policías y guardias civiles en el plan de vacunación contra el coronavirus han alegado ante el juez que el retraso en la inmunización se debió a la demora en el envío de los censos de agentes por parte de los respectivos cuerpos, y que se complicó por la suspensión de la administración de AstraZeneca a menores de 60 años por casos de trombosis.

Ante el juzgado de instrucción 17 de Barcelona han declarado la actual secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas; el exdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella; la exdirectora del área de Organizaciones y Profesionales del CatSalut S.M.; y el exdirector de Servicios del departamento X.R.

La imputación penal de los cargos de Salud fue instada por los querellantes del caso, los sindicatos Jucil y Jupol, muy críticos con la gestión del Govern y el Ejecutivo central, después de que ya lograran la vacunación efectiva de los agentes de ambos cuerpos tras ordenarlo, por la vía administrativa, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Los investigados, que han contestado a todas las preguntas salvo las de los sindicatos policiales, han explicado que recibieron los censos de agentes a los que vacunar entre dos y tres semanas tarde en comparación con los datos de Mossos d'Esquadra, cuerpo en el que el porcentaje de vacunados fue mucho más alto cuando las vacunas se priorizaban para trabajadores de emergencias.

Fuentes de la conselleria de Salud consultadas por Europa Press han defendido “la profesionalidad de todo el equipo que ha participado en la campaña de vacunación, que ha sido ejemplar”.

El TSJC valoró los datos de vacunación en cada cuerpo policial y en diciembre sentenció que con el plan de vacunación la Generalitat “no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto de los internos”. La sentencia partía de un recurso que presentaron sindicatos policiales, con los que la Fiscalía concordó pero al que la Generalitat se opuso: negó que discriminara a los cuerpos estatales y alegó que “fueron acontecimientos ajenos a ella las que provocaron que la vacunación se produjera al ritmo” que se había fijado.

Sin embargo, fuentes de los sindicatos implicados mantienen que enviaron los censos a la vez que al resto de comunidades autónomas –solo ha habido retrasos en Cataluña– y reprochan que, aún antes de que se suspendiera la vacunación con AstraZeneca, el porcentaje de vacunados en Mossos ya era superior en comparación al de Policía Nacional y Guardia Civil.