La convivencia se impone en el instituto de Sant Andreu de la Barca mientras los docentes piden que acaben los “ataques”

Una jornada de puertas abiertas suele ser la oportunidad que tiene un colegio para mostrarse de cara afuera. En el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, que la ha celebrado este jueves, tienen sin embargo la sensación de haber estado expuestos públicamente durante toda la semana, a raíz de la difusión de las identidades de nueve docentes denunciados por la Fiscalía por su tratamiento del 1-O en clase.

“Los profesores se esperaban una vuelta al cole tensa tras el puente, por las pintadas que ha habido, pero al final nadie, ni ellos ni los alumnos, han hablado del tema”, comenta Mireia Valentí, delegada sindical de USTEC·STEs en el centro que, pese a no ser docente en él, se ha convertido en las voces de un profesorado que hasta ahora ha decidido permanecer en silencio.

Marta, alumna de Primero de Bachillerato, da fe de esta “tranquilidad” con la que se dan las clases en el instituto, “tanto ahora como siempre, aunque los profesores ya no sacan nunca el tema político”. Junto a cuatro amigas, pasa la hora del recreo desayunando en el parque que media entre el instituto -con 1.200 alumnos, uno de los más grandes de Catalunya- y la Comandancia de la Guardia Civil -la más importante en territorio catalán, en la que viven cerca de 600 personas-.

Pese a que entre los alumnos se tratan con “respeto”, cuenta Marta, la situación sin parangón que vive el centro no les es ajena. La Fiscalía acusa a nueve de sus profesores de haber incitado al odio y humillado a alumnos suyos hijos de guardias civiles por lo que dijeron en clase el día siguiente del 1-O. Este fin de semana, además, El Mundo publicó sus identidades, políticos como Albert Rivera las difundieron, y el centro amaneció con pintadas con sus nombres junto a insultos.

“Un profesor no humillaría nunca a un alumno”

“Todo se ha exagerado mucho, todos hemos tenido a estos profesores y a mi me extraña mucho que dijeran lo que se les atribuye, como llamar perros a la Guardia Civil”, comenta Clara, otra alumna, esta de Cuarto de la ESO. Ella es hija de un agente y presenció uno de los actos denunciados: un profesor preguntó quienes eran hijos de guardias civiles en clase, un gesto en el que la Fiscalía ve voluntad de señalar para convertir a los alumnos en “blanco de la hostilidad de sus compañeros”. Clara opina que se malinterpretó: “Lo que quería el profe era hacer una reflexión sobre la convivencia entre todos”.

Algo parecido vivieron Marta y sus amigas aquel 2 de octubre tan “raro” en el que “parecía imposible concentrarse” en clase. El instituto había sido sede de la votación el día antes y, como tantos otros, sufrió desperfectos tras la intervención de la Guardia Civil.

También ellas tuvieron aquel día a una de las profesoras denunciadas. Relatan así lo ocurrido: “Estábamos todos hablando del tema, la profesora quiso hacer una reflexión sobre la violencia, y algunos se ofendieron. En mi opinión, se pasó de la raya con lo que dijo, pero no fue para tanto. Es cierto que es muy independentista, y se le nota, pero es una gran profesora, yo la echo de menos”, comenta Marta. “Un profesor nunca actuaría para humillar a un alumno”, añade su amiga.

“Un gran malestar”

Los siete meses de silencio por parte del claustro responden a la recomendación del departamento de Enseñanza, que igual que el Ayuntamiento de la localidad les pidió “prudencia” a la hora de desmentir a las acusaciones. Esta era una opción por la que apostaba parte del profesorado y el AMPA, tal como queda reflejado en las actas de reunión del Consejo Escolar a las que ha tenido acceso este diario.

“Todo empieza el 2 de octubre, cuando algunas familias no interpretan bien lo que se ha dicho en clase. Esto está creando un gran malestar”, expresó el director del instituto en la reunión del Consejo Escolar del 30 de octubre de 2017, el lunes después de la declaración de independencia en el Parlament.

En ella explica que trataron de mediar con las familias, sin éxito, para que recurrieran por la vía administrativa -a través de la Inspección Educativa- y no por la judicial. Esta opción fracasó, según confirma también la concejal de Educación, Saray Cantero (Ciudadanos). El 5 de octubre, antes de que llevaran el caso a Fiscalía, el Ayuntamiento convocó una reunión con todas las partes para tratar de encauzar el conflicto, pero las familias no acudieron.

Al cabo de unos días, a requerimiento del Ministerio de Educación, una conselleria de Enseñanza todavía no intervenida mandó a la Inspección para recabar información sobre lo sucedido. Ese informe, que según Enseñanza rechazaba el objeto de las denuncias, es el que ahora los docentes piden que se haga público.

Esta es una de las demandas de un profesorado que, ahora sí, se ha constituido en asamblea y planea cómo hacer frente a lo que consideran “ataques infundados”. Valentí (USTEC) detalla que solo el martes celebraron dos reuniones, una de los profesores y otra de la comunidad educativa que ha decidido darles apoyo. En ellas agradecieron la solidaridad recibida -como la manifestación de vecinos y exalumnos el 1 de mayo- y decidieron organizar un acto “con un importante componente pedagógico” para reivindicar el trabajo de sus compañeros, detalla la delegada.

Otro de sus frentes es conseguir que la baja que han cogido cuatro de los denunciados desde el 1-O, debido a la presión, sea considerada como laboral, para que puedan percibir el 100% de su sueldo.

La convivencia, a prueba en Sant Andreu

A la hora del recreo, Pilar Moreno, enfermera que lleva 17 años viviendo en Sant Andreu de la Barca, sortea a los alumnos que se agolpan a las puertas de El Palau para ir en busca de su coche. “A mi me sorprende mucho que unos profesores hayan hecho algo así, pero lo que me parece fatal es que se aireen sus nombres de esta forma”, comenta.

Esta mujer, como casi todos los vecinos de esta ciudad de la periferia de Barcelona, no puede evitar dar su opinión sobre este episodio pese a no haberlo vivido en primera persona. Mucho más claro lo tiene la pareja de un guardia civil, que opta no dar su nombre. “¿Por qué iba a mentir un adolescente? Ya basta de callarnos, estas cosas hay que denunciarlas”, reivindica.

Ella es una de las cerca de 600 personas que viven en la Comandancia de la Guardia Civil del municipio, desde 1992 la más grande de Catalunya. Alrededor de un 2,5% de los 27.000 habitantes de Sant Andreu de la Barca vive en ese complejo residencial.

El alcalde de la ciudad, Enric Llorca (PSC), asegura a eldiario.es que durante sus 23 años en el cargo no ha vivido episodios de tensión como el que se ha derivado del 1-O. “Aquel día se rompieron muchas cosas, pero lo más importante es retejer las distintas sensibilidades que nos ha dejado esta fractura social, que la cohesión y la convivencia no se rompan”, afirma Llorca.

Con todo, la sensibilidad política dominante en el municipio no es ni mucho menos la independentista. En las elecciones del 21 de diciembre, las fuerzas soberanistas (ERC, JxCat y CUP) apenas alcanzaron juntas el 20%, mientras que solo Ciudadanos obtuvo un 27%. En el recuento de balcones, aunque lejos del rigor del escrutinio, las banderas de España superan las esteladas.

Pero esta es una disputa que preocupa relativamente a buena parte de los estudiantes de El Palau. Al menos así lo transmiten mientras apuran los bocadillos al término del recreo. “Claro que yo tengo mis ideas políticas, y mis amigas tienen otras, pero nos respetamos siempre”, concluye Marta.