Ciudadanos renuncia a acusar a Colau tras denunciarla por fragmentar contratos

El Tribunal de Cuentas ha archivado una denuncia que presentó Ciudadanos contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que acusaba de fragmentar contratos menores durante los ejercicios de 2017 a 2020, porque el partido de Inés Arrimadas ha renunciado a personarse formalmente como acusación en la causa.

En un auto de la sección de enjuiciamiento del departamento 3 del Tribunal de Cuentas, adelantado por El Periódico de Catalunya y al que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal ha inadmitido y archivado la denuncia porque la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Mari Luz Guilarte no se ha constituido como “actor público ni ha ejercitado la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable”. La Fiscalía tampoco apreciaba responsabilidad contable en las cuentas.

Guilarte presentó el pasado 14 de octubre una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por “presunta mala praxis en la contratación pública menor realizada durante los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 por el Ayuntamiento de Barcelona”. La jefa de Ciudadanos en la capital catalana pedía al Tribunal de Cuentas que lo fiscalizase “para detectar posibles incumplimientos de la normativa jurídico pública (...) ante la existencia de posibles ilícitos contables, administrativos o penales”.

El tribunal recuerda que emplazó a Guilarte a que presentase un escrito “en que se individualicen los supuestos de responsabilidad contable por alcance que hubieran podido motivar el ejercicio de la acción pública, con referencia a cuentas determinadas o a concretos de intervención, administración, custodia o manejo de bienes, caudales o efectos públicos”.

Guilarte presentó un escrito el 25 de noviembre de 2020 al Tribunal de Cuentas en el que le comunicó que no pretendía constituirse en actor público, sino que quería “colaborar con la fiscalía del Tribunal de Cuentas” para “perseguir posibles ilícitos” por lo que entendía que eran fraccionamiento de contratos para evitar concursos públicos por parte del Ayuntamiento.

Sin embargo, la Fiscalía no apreció delito y pidió el 15 de diciembre el archivo de las actuaciones, mientras que el Abogado del Estado también se sumó a la petición del fiscal. El tribunal considera que Guilarte “no se ha constituido en actor público, sino solo ha puesto en conocimiento de este Tribunal unos hechos que entendía indiciariamente como irregulares o ilícitos, pero sin personarse”.

También argumenta el tribunal que el informe del fiscal considera que la documentación aportada por Ciudadanos, que aportaba 279 contratos por importes justo por debajo del límite para que no fuera obligatorio hacer un concurso público, “no constituye por sí mismas un perjuicio concreto a los fondos públicos ocasionado directamente por dolo, imprudencia o negligencia, que permita hablar de la existencia de responsabilidad contable”.

Como “de los hechos denunciados no se desprenden indicios de responsabilidad contable contra ninguna persona, ni se concreta por el denunciante un menoscabo de los fondos públicos municipales en la contratación pública menor” del ayuntamiento, el Tribunal decreta el archivo de la denuncia. El Tribunal de Cuentas si está investigando otra denuncia presentada contra la alcaldesa y varios concejales de Barcelona por la compañía Agbar que les acusa de dar subvenciones a asociaciones afines que colaboran en una campaña para remunicipalizar el abastecimiento de agua.