El voto de Guilarte fue clave para enviar a un congreso de “ética judicial” al exconseller investigado por blanqueo

La designación de Jordi Jané, exconseller de la Generalitat en los mandatos de Artur Mas y Carles Puigdemont e investigado por supuesto blanqueo en la financiación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), como representante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un congreso internacional sobre “ética judicial” provocó fuertes tensiones internas en el órgano de gobierno de los jueces y solo salió adelante por el voto de calidad del presidente en funciones, el conservador Vicente Guilarte.

La comisión permanente del pasado 8 de febrero, que dio el visto bueno a la designación, se dividió por la mitad, con tres votos a favor, tres en contra y un voto en blanco, con lo que hubo que recurrir al voto de calidad del presidente, según consta en el acta pública con los acuerdos adoptados.

La votación rompió las fronteras ideológicas con las que suele operar el CGPJ, que tiene el mandato vencido desde hace más de cinco años y mantiene la mayoría conservadora por la negativa del Partido Popular (PP) a renovarlo como exige la Constitución.

Ambos bloques se dividieron en esta votación: del sector conservador, tres de los cuatro vocales de la comisión –José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona y Carmen Llombart– votaron en contra de la designación de Jané, mientras que uno, el presidente, lo hizo a favor. Por parte del sector progresista, apoyaron que Jané representara al CGPJ en las jornadas internacionales sobre “ética judicial”, a pesar de su condición de investigado, dos de las tres vocales: Mar Cabrejas y Roser Bach. La tercera, Pilar Sepúlveda, votó en blanco.

Los tres vocales que votaron en contra hicieron constar en el acta que su oposición se debe al hecho de que Jané “está incurso en una investigación penal”. Esta causa, que instruye el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, investiga si dirigentes de la extinta CDC, entre ellos Jané, habrían financiado de forma irregular el partido a través de un esquema conocido como “pitufeo”: donativos periódicos a la formación, de entre 2.000 y 3.000 euros, que luego los exaltos cargos habrían recuperado mediante dinero en efectivo que el partido conseguía por vías supuestamente ilícitas.

En esta misma causa penal está investigado Germà Gordó, exgerente de CDC y marido de la vocal del CGPJ Roser Bach, que a pesar de ello no se abstuvo en la votación del nombramiento de Jané como representante del consejo en las jornadas internacionales de “ética judicial”, lo que fue decisivo para que se aprobara la designación. elDiario.es se dirigió al CGPJ para recabar su opinión sobre el potencial conflicto de intereses de la vocal en la votación de esta propuesta, surgida de la Escuela Judicial del CGPJ, donde Jané ejerce de profesor y que Bach dirigió hasta que en 2013 fue elegida vocal.

La Oficina de Comunicación del CGPJ declinó comentar esta cuestión y se limitó a contestar: “Don Jordi Jané i Guasch fue designado profesor de la Escuela Judicial por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 20 de diciembre de 2021, fecha desde la que viene ejerciendo sus funciones en las mismas condiciones que el resto de integrantes del claustro del centro, con pleno respeto al derecho a la presunción de inocencia que establece el artículo 24.2 de la Constitución Española”

Germà Gordó, el esposo de la vocal del CGPJ, está también investigado en la causa del 3%, de financiación irregular de Convergència, por cuyo supuesto papel central, en tanto de gerente, el fiscal anticorrupción José Grinda solicita una pena de 18 años de cárcel. La pieza del pitufeo, la que afecta a Jané, es una derivada de la causa principal del 3%.

El juez Santiago Pedraz decretó el archivo provisional de la del pitufeo en junio del año pasado, pero luego, en octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó su reapertura atendiendo al recurso de la Fiscalía Anticorrupción, al apreciar indicios suficientes para retomar las pesquisas.

El fiscal José Grinda presentó recientemente al juzgado un nuevo escrito sobre el pitufeo ratificando la acusación contra los exdirigentes convergentes investigados por blanqueo en el esquema de financiación irregular de Convergència, entre ellos Jané y Gordó. El escrito está fechado el 4 de febrero, apenas cuatro días antes de que la comisión permanente del CGPJ designara a Jané para las jornadas sobre “ética judicial” con el voto clave de la esposa de Gordó.

En el último escrito de Grinda, Gordó es señalado como el coordinador final de todo el operativo de supuesto blanqueo a través de donativos que luego eran compensados en efectivo obtenido de forma presuntamente ilegal. Los dirigentes políticos investigados supuestamente obedecían sus instrucciones sobre las cantidades a “donar” y el momento de hacerlo. Los movimientos de dinero investigados se produjeron entre 2008 y 2010, año en que Convergència volvió a controlar la Generalitat.

El escrito reciente presentado por el fiscal recupera la declaración judicial del extesorero del partido Daniel Osàcar “confirmando los elementos incriminatorios”. Por su lado, el exgerente del partido Andreu Viloca, tambien investigado en el caso, se desmarcó de Osàcar y negó que la formación hubiera blanqueado dinero a través de donaciones.

“La mecánica de afloramiento de dinero procedente de actividades directivas era, en efecto, hacer intervenir a varias personas afiliadas a CDC para que realizaran donaciones a dicho partido que, inmediatamente, les eran reembolsadas en efectivo con el dinero procedente de dichas actividades. Osácar afirmó, incluso, que el investigado Germà Gordó era quien dirigía esta estructura”, sostiene el fiscal.