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“Buena sintonía” entre Junta y Podemos para la propuesta de emergencia ciudadana

Foto: EFE

Alicia Avilés Pozo

Que Castilla-La Mancha necesita procedimientos urgentes de rescate ciudadano es una premisa indiscutible para las entidades dedicadas a los servicios sociales y para muchas ONG. En el acuerdo entre PSOE y Podemos que propició la investidura de Emiliano García-Page como presidente, ambos firmaron la puesta en marcha de este procedimiento, y tanto la Junta como la formación morada ya han adelantado sus propuestas. Estos últimos lo han hecho en forma de proposición de ley, un texto que ahora están negociando con los socialistas para que pueda ser aprobado en las Cortes regionales.

La posición del Gobierno de Castilla-La Mancha al respecto es que hay “buena sintonía” entre ambas partes. Así lo ha afirmado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, si bien ha apuntado la necesidad de “perfilar” algunos aspectos jurídicos y técnicos, así como “centrar” el anexo de los procedimientos de emergencia ciudadana, para que haya más concreción. “Hay un listado muy largo, y estamos estudiando si habría que incluirlos todos o si todos son de emergencia”. 

La cuestión de los recursos que se destinarán a esta normativa cuando entre en vigor también tiene que determinarse, ha resaltado Sánchez, pero pese a todo ha mostrado su confianza en que se llegará a un acuerdo con Podemos para poder llevarla a cabo. 

La proposición de la Ley presentada por Podemos pinta una situación muy difícil en la región, que coincide con las denuncias y advertencias que gentes sociales, sindicatos, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro han hecho a lo largo de los años de la crisis.

Reducir plazos y prioridades en el pago

En la proposición de Ley, Podemos señala que para llevar a cabo estos procedimientos sería necesario reducir a la mitad los plazos de tramitación de estos procesos, algo que debe ir motivado por razones “de interés público” que, para el partido político, es “evidente y no necesita más desarrollo”. Para esto, la Ley señala que la administración se debe dotar de recursos humanos suficientes en aquellas unidades que gestionan y tramitan los Procedimientos de Emergencia Ciudadana para garantizar la “eficacia” y “eficiencia”.

Finalmente, el partido señala que los Procedimientos de Emergencia Ciudadana tendrá prioridad de pago, lo que significa que los pagos serán los primeros en producirse después de pagar a lo trabajadores. Los altos cargos no recibirán los pagos de dietas u otro tipo de beneficios, hasta que no se pague a los solicitantes. Y, Podemos asegura que no habrá un coste adicional para las administraciones, ya que se trata, simplemente, de “gestionar mejor los recursos ya existentes y de eliminar trabas burocráticas”.

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