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El uso de viviendas sociales para refugiados exigiría cambiar la normativa

El acceso a las viviendas de protección pública implica requisitos como tener nacionalidad española o, en su defecto, acreditar la residencia legal

El pleno de las Cortes regionales aborda este jueves un debate general sobre las medidas adoptadas en Castilla-La Mancha para acoger a este colectivo

Un refugiado centenenario llega a Alemania tras un mes de fuga

Foto: EFE

Desde la Junta de Castilla-La Mancha y desde los colectivos sociales implicados en la acogida de refugiados se han insistido en las últimas semanas en la necesidad de disponer de viviendas de larga duración para la acogida de los refugiados que huyen de la guerra civil de Siria. Aunque hay particulares que han ofrecido sus casas a la recién creada Oficinal Regional de Atención a los Refugiados, se trata de una ayuda descartada puesto que las condiciones en que se encuentra este colectivo, referidas al reagrupamiento y a que su estancia es a largo plazo, requieren de condiciones especiales.

Algunos partidos y plataformas han sugerido que se utilicen las viviendas sociales o de protección oficial que son propiedad del Gobierno regional, de los ayuntamientos o de empresas privadas. Pero los requisitos incluidos en la normativa actual exigiría que, de darse esta posibilidad, haya que remover obstáculos legales.

Por ejemplo, en el decreto de 2013 de medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida se establece que para acceder a este tipo de inmuebles hay que estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda con Protección Pública y formar parte de un colectivo vulnerable, pero también formar parte de un Plan Social. A estas exigencias se suma una más relevante: tener nacionalidad española o ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea. En el supuesto de ser ciudadano no comunitario, es necesario contar con un título en vigor que habilite la residencia legal en territorio español.

El decreto también establece como requisito que alguno de los miembros de la familia solicitante esté empadronado en algún municipio castellano-manchego, aunque en este caso la excepción es que un convenio con otra administración lo invalide, de acuerdo con “criterios de reciprocidad”.

En principio, desde el Gobierno regional no se ha hablado del uso de viviendas sociales, pero sí de la necesidad de disponer de plazas de acogimiento para periodos largos, tal y como pondrá de manifiesto la instrucción que la Consejería de Bienestar Social va a hacer pública en colaboración con las entidades especializadas. Es uno de los objetivos de la reciente Oficina Regional de Apoyo a Refugiados para coordinar las distintas ayudas que ofrezcan entidades públicas o privadas de Castilla-La Mancha.

Ofrecimientos de entidades religiosas y sindicatos

La cuestión de los sitios donde acoger a los refugiados también surge de la iniciativa solidaria de muchos colectivos como entidades religiosas o sindicatos, que han puesto instalaciones y locales de su propiedad a disposición de este objetivo. Pero desde las ONG también insisten en el mensaje de la Consejería: se necesita disposición de viviendas a largo plazo.

Precisamente, la acogida de refugiados centrará parte del pleno que se celebra este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha, por iniciativa de los tres grupos parlamentarios con representación en la Cámara: concretamente, la petición de debate general de PP y PSOE y una proposición no de ley de Podemos sobre este tema. Esta última insta al Gobierno central a dar soluciones en la crisis humanitaria generada por el desplazamiento de refugiados desde Oriente Próximo, articulando vías legales de entrada en la UE para acabar con las redes de tráfico de personas; o la eliminación de la exigencia del visado de tránsito para los procedentes de países en conflicto.

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