Más de un millón de personas mayores de 65 años residen en la Comunitat Valenciana, lo que representa el 20,14% de la población, y cerca del 40% de ellas se encuentra en situación de pobreza al no poder cubrir sus necesidades básicas con la pensión que perciben. La pensión media en el territorio valenciano se sitúa en 1.215 euros, frente a los 1.313 euros de la media estatal, mientras que la pensión de viudedad baja hasta los 877 euros. La desigualdad de género agrava esta situación: las mujeres cobran de media 814 euros, frente a los 1.216 euros de los hombres, y concentran la mayoría de las pensiones por debajo del umbral de pobreza y de pobreza severa.
Estas son algunas de las principales conclusiones del Observatorio Social de las Personas Mayores para un Envejecimiento Activo, presentado en València por los secretarios generales de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda, y de Pensionistes PV, Juan Pradells, junto a la secretaria general de CCOO PV, Ana García. El informe es elaborado anualmente por la Fundación Primero de Mayo y la Federación de Pensionistas, y analiza las políticas públicas y las condiciones de vida de las personas mayores en ámbitos como la salud, la autonomía personal, la atención a la dependencia, el envejecimiento activo y las pensiones.
El análisis alerta de la falta de participación de las personas mayores en la toma de decisiones que afectan directamente a su vida, así como del aumento de la desigualdad social y la pobreza, una situación que deteriora gravemente la calidad de vida del colectivo. Ante el progresivo envejecimiento de la población, CCOO reclama un refuerzo urgente de los servicios públicos esenciales, especialmente de los servicios sociales.
Juan Sepúlveda ha advertido de que España es uno de los países más envejecidos de Europa, con una esperanza de vida de 81 años en los hombres y 86 en las mujeres. Sin embargo, ellas viven más tiempo en peores condiciones, por lo que considera imprescindible aplicar políticas sociales con perspectiva de género, planificación a largo plazo y recursos suficientes. En materia de dependencia, ha recordado que se trata de un derecho conquistado mediante la reivindicación sindical y desarrollado a través del diálogo social, y ha reclamado políticas públicas que cubran las carencias actuales y las futuras necesidades.
Por su parte, Juan Pradells ha detallado que en la Comunitat Valenciana existen 1.066.460 pensiones, con una cuantía media inferior a la estatal, y ha subrayado que, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, el 38,9% de las personas pensionistas se sitúa por debajo del umbral de pobreza, de las cuales un 17,1% se encuentra en pobreza severa, siendo alrededor del 70% mujeres.
Ana García ha puesto el acento en la brecha de género estructural en las pensiones, consecuencia de la brecha salarial, la precariedad laboral, el trabajo no cotizado, la parcialidad impuesta y la asunción mayoritaria de cuidados no reconocidos. Ha destacado también la situación de especial vulnerabilidad de las personas que perciben pensiones no contributivas, cuya media en 2024 se situó en 511 euros, mayoritariamente mujeres.
El informe señala además que el 66,8% de las mujeres pensionistas cobra por debajo del SMI y que el 83,1% percibe complementos de mínimos, frente al 16,9% de los hombres. En paralelo, la Comunitat Valenciana se sitúa en la parte baja en inversión sanitaria y plazas residenciales con financiación pública, con un 66,8%, lejos del 80% de otras comunidades.
Ante este escenario, CCOO reclama la aprobación de una ley integral de derechos de las personas mayores, que garantice su protección en ámbitos como la salud, la vivienda, la protección social y económica y la no discriminación por razón de edad o sexo. El sindicato defiende reforzar el sistema público de pensiones, mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia —con 16.000 personas en lista de espera— y garantizar la accesibilidad, la autonomía y la seguridad de las personas mayores en los entornos urbanos y en el acceso a las nuevas tecnologías.