La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Alzira y exedil de UCiN, Mar Chordá, denunciante de un caso de acoso contra su ex compañero de formación, Enrique Montalvá, ha ofrecido este viernes estabilidad institucional al actual gobierno municipal —integrado por Compromís, PSPV y UCiN— con una condición clara: que el alcalde, Alfons Domínguez, aparte de forma inmediata del ejecutivo local al edil denunciado, segundo teniente de alcalde y portavoz de UCiN.
Al mismo tiempo, ha descartado de manera tajante apoyar cualquier moción de censura contra el gobierno. Cabe recordar también que una eventual moción de censura solo sería posible con su voto junto al PP, Vox y el propio edil investigado, de ser apartado del gobierno de valencianistas i socialistas.
Chordá ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Alzira junto a la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, diputada de Igualdad y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, tras conocerse la reapertura de la causa judicial contra Montalvá por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Alzira, que ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía y por la propia denunciante.
La concejala ha subrayado que su posición política ha estado guiada desde el inicio por la voluntad de garantizar la gobernabilidad del consistorio. “Mi intención siempre fue la gobernabilidad en el ayuntamiento, absteniéndome en los votos si adoptaban medidas que evitaran daños personales y garantizaran mi seguridad. Mi oferta ha estado en pie durante 13 meses”, ha afirmado. En este sentido, ha insistido en que su propuesta no responde a intereses personales ni a un intento de desestabilizar el gobierno: “No buscamos sillones, no buscamos derrocar al gobierno ni provocar una crisis institucional. No firmaremos ninguna moción de censura, y si para sacar cuestiones importantes para la ciudad necesitan la abstención, podrán contar con ella”.
Chordá también ha marcado una frontera nítida entre estabilidad institucional y responsabilidad política. “Una cosa es la estabilidad institucional y otra muy distinta la dignidad política”, ha señalado, dirigiéndose directamente al alcalde: “Está en su mano decidir qué modelo de ciudad quiere representar: puede seguir manteniendo en su gobierno a una persona investigada o puede tomar una decisión valiente y apartarla de forma inmediata. No hacerlo le convierte en cómplice”.
Durante su intervención, la concejala ha explicado el contexto en el que decidió interponer la denuncia por acoso y ha recalcado que, antes de acudir a la vía judicial, intentó resolver la situación internamente. Según ha relatado, informó de los hechos tanto al alcalde como a la primera teniente de alcalde, pero lejos de activarse mecanismos de protección o protocolos de igualdad, fue apartada del gobierno municipal y se le retiraron todas las competencias.
Chordá ha denunciado además que, mientras ella era expulsada del ejecutivo local, el concejal denunciado no solo permaneció en el gobierno, sino que fue reforzado políticamente. “Le premiaron otorgándole una delegación más, la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que no es cualquier concejalía”, ha afirmado, denunciando también que se le ha hecho el vacío y se la ha apartado de actos y acuerdos institucionales. A su juicio, este contraste evidencia que su denuncia fue tratada como un conflicto político y no como un caso de acoso que exigía una respuesta institucional clara.
La concejala ha criticado igualmente que se haya trasladado a la ciudadanía la idea de que el caso estaba cerrado cuando el procedimiento judicial seguía en curso, una circunstancia que, ha subrayado, queda ahora acreditada con la reapertura de la causa. En este contexto, ha señalado al PSPV por sostener un gobierno que, a su entender, “no defiende a las mujeres” al mantener en el ejecutivo a un edil investigado por acoso.
Por su parte, Natàlia Enguix ha reiterado el apoyo de Ens Uneix a Mar Chordá y ha advertido de que “mirar hacia otro lado cuando una mujer denuncia una situación de acoso no es una posición neutral, sino una forma de complicidad institucional”. Ha recordado que ya en enero de 2025 defendió una moción en la Diputación de Valencia para instar al Ayuntamiento de Alzira a garantizar un entorno laboral seguro que permitiera a la concejala ejercer sus funciones, una iniciativa que fue aprobada sin el respaldo de PSPV, Compromís ni Vox.
Enguix ha insistido en que los partidos que se definen como progresistas y feministas tienen una responsabilidad añadida para actuar con coherencia cuando los hechos afectan a socios de gobierno. “Lo que estamos pidiendo es una cuestión de voluntad política: que se aparte al regidor supuestamente acosador y se proteja a Mar, la víctima. Pedimos dignidad política”, ha afirmado, lamentando que, pese a los pronunciamientos institucionales, el Ayuntamiento de Alzira siga sin ofrecer una respuesta clara y efectiva.
La vicepresidenta de la Diputación ha concluido reclamando responsabilidad, transparencia y respeto a las víctimas por parte de las instituciones implicadas, y ha subrayado que la igualdad y la dignidad de las mujeres deben situarse por encima de cualquier pacto de gobierno.