El Consell de Pérez Llorca justifica la compra de la VPO de la mujer de Barcala: “Se respetó la legalidad”
El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, se ha pronunciado en su comparecencia tras el pleno del Consell, a preguntas de los periodistas, sobre el caso de la vivienda protegida que adquirió en 2006 la mujer del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la que nunca ha vivido y que tiene alquilada.
Tal y como ha avanzado elDiario.es, en el piso, en estos momentos, reside una mujer que abona un alquiler mensual. Barcala ha justificado esta situación en que dentro de esa promoción “hay 12 viviendas dentro del edificio que son para alquiler, no para uso propio de los compradores; y el promotor puede venderlas de alquiler a terceros que asuman el mismo compromiso, que es lo que se ha hecho en este caso. Como el comprador no la va a usar, no se le exige más requisito que respetar el régimen de arrendamiento por el plazo previsto y con la renta máxima fijada oficialmente”.
Barrachina ha explicado al respecto que no es un tema que hayan tratado en la reunión, pero ha comentado que por la información que ha leído “esa vivienda lógicamente era una vivienda para alquilar con unas condiciones de un precio máximo y lo que he leído es que se respetó la legalidad”.
Por tanto, ha añadido, “lo único llamativo es que una vivienda a la que se respetó la legalidad de protección pública, 21 años después, aparezca que en aquel entonces se hizo algo mal y lo que sí le digo es que las viviendas y el actual proceso del Plan VIVE, que es un proceso exitoso en el que se han sumado ayuntamientos de todos los partidos políticos, porque responden a una necesidad de todos los vecinos de la Comunitat Valenciana, las garantías van a ser reforzadas”.
Preguntado sobre si más allá de la legalidad, este uso de las VPO no supone una perversión del fin que deben cumplir y si en esa línea se plantean modificar la temporalidad de la protección de las viviendas protegidas de iniciativa privada, fijada en un plazo de entre 15 y 30 años en el decreto aprobado en 2024, a partir del cual pasan a ser de renta libre, Barrachina ha evitado responder y ha recordado que lo que van a hacer tras el escándalo de los pisos de Alicante que se han quedado cargos del PP es “volver a reforzar, dando preferencia al arraigo para que no haya un oportunismo en los desplazamientos a aquellos lugares en los cuales haya una necesidad de vivienda, para que haya un órgano colegial que no dependa de un funcionario que ha sido la única irregularidad acreditada en este momento y por lo cual hemos suspendido a un funcionario”.
El portavoz ha defendido que “es la primera vez que esto sucede y que se hace al día siguiente del conocimiento de una irregularidad” y ha añadido que mejorarán “la publicidad y la transparencia, que no suceda como en el caso de la cooperativa privada”.
Críticas del PSPV, de Compromís y de Vox
El PSPV-PSOE ha replicado este viernes al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que “lo sucio es la política de vivienda del Partido Popular” y exige su dimisión y ha afirmado que “lo sucio es hacer negocio con la vivienda mientras la gente no puede acceder a un piso”. Así se ha pronunciado este viernes el secretario general de Juventudes Socialistas de España y diputado por València, Víctor Camino, en declaraciones a los medios de comunicación durante las que recordado que “lo que está pasando en Alicante con la vivienda no es un caso aislado es la consecuencia de un modelo de vivienda, el del Partido Popular, que expulsa a la gente normal del acceso a la vivienda”.
Desde Compromís han comentado que “el escándalo de la vivienda protegida de Alicante constata que el modelo del PP se basa en el chanchullo para que familiares, amigos y cargos se queden con todos los pisos que quieran” y han añadido: “Hoy hemos sabido que la mujer de Barcala alquila un piso de protección oficial, un piso en el que nunca ha vivido. Es una vergüenza. Esta gente se aprovecha de la vivienda pública para hacer negocio”.
El portavoz de Vox, José María Llanos, ha comentado que son firmes “contra la corrupción, de hecho, ayer aprobamos una comisión de investigación a petición de VOX, sobre el caso de las VPP de Alicante. Si se han cometido irregularidades hay que perseguirlas, caiga quien caiga y que se diriman todas las responsabilidades”.