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Ocho retos del sistema agroalimentario y los espacios rurales valencianos para la próxima década

Un tractor trabaja en un cultivo valenciano.

Miguel Giménez

València —

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El catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Politècnica de València José María García Álvarez-Coque propone, en el contexto de la 'Cátedra Prospect Comunitat Valenciana 2030' de la Universitat de València, una hoja de ruta para el sistema agroalimentario y los espacios rurales valencianos, una estrategia a largo plazo, desde un punto de vista de conjunto. Este informe se presenta como “punto de partida” para plantear metas concretas para 2030, buscando el consenso y con la necesidad de acción política.

Para ello, el informe pretende abarcar ocho grandes retos: la emergencia climática y la transición ecológica; la transición nutricional y la seguridad alimentaria; estructura y organización de la cadena de valor; desagrarización y relevo generacional; suministro de bienes y servicios rurales ecosistémicos; cambio tecnológico e innovación; globalización como escenario de desafíos y oportunidades; y, por último, gobernanza pública: capacidad, coordinación y simplificación.

García Álvarez-Conde propone, en cada uno de estos retos, una serie de objetivos. 

En el primero de ellos, relacionado con la emergencia climática y la transición ecológica considera necesario estimular la contribución del sistema agroalimentario y del medio rural a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; así como reducir la vulnerabilidad y fortalecer la adaptación del sistema agroalimentario y agroforestal frente a los riesgos climáticos; y fomentar las explotaciones agroecológicas a fin de propiciar la renovación y la calidad de los recursos naturales.

En cuanto a la transición nutricional y la seguridad alimentaria, el documento aboga por diseñar y poner en práctica una política alimentaria integrada que contemple la agricultura, el medio ambiente y la salud pública.

En cuanto al tercer punto, estructura y organización de la cadena de valor, García Álvarez-Coque cree que se deben mejorar las estructuras agrarias para alcanzar escalas de explotación suficientemente dimensionadas de una manera sostenible; promover cadenas de valor competitivas, sostenibles, generadoras de empleo; una mejora en la coordinación vertical y horizontal de los agentes de la cadena que permita, “desde un ámbito flexible pero ambicioso”, integrar operaciones productivas y comerciales; y, por último, garantizar el equilibrio de la cadena y unas condiciones de trabajo adecuadas para la comunidad agraria y agroalimentaria.

Para favorecer un relevo generacional y de género, insta a los actores implicados a apoyar la integración de jóvenes y mujeres en las cadenas de valor para su dinamización; orientar el sistema educativo para responder las necesidades de las comunidades rurales y un sistema alimentario sostenible; y promover y comunicar en la sociedad las profesiones agrarias, agro-forestales y alimentarias.

Por lo que respecta a los servicios eco-sistemas, el informe llama a favorecer las sinergias y la provisión de bienes públicos relacionados con la agricultura, el agua, los suelos, la energía, el clima y la alimentación; además de facilitar la transición medioambiental de los sistemas de producción con un enfoque contractual; y fomentar agro-sistemas sostenibles en contra de la intensificación agroquímica y el monocultivo.

Para el sexto eje, cambio tecnológico e innovación, se debe promover una gobernanza ágil y flexible del sistema de I+D+i agrario y agroalimentario valenciano que garantice la coordinación de acciones y fomente la colaboración entre empresas e instituciones; explorar e implementar mecanismos de financiación que doten de una estabilidad a los proyectos de I+D+i, los ayude a focalizarse en problemas del territorio y a promover la participación del sector privado; y lograr un alto nivel de digitalización del sistema agroalimentario valenciano, en beneficio de las Pymes, de las comunidades rurales y de las funciones alimentarias y climáticas del sistema.

En lo referente a la globalización como espacio de oportunidades, el autor llama a fortalecer la acción política exterior del sistema agroalimentario valenciano, tanto a nivel gubernamental como por la propia auto-organización del sector a través de organizaciones profesionales e interprofesionales, una acción que debe ser coordinada para ser eficaz en instancias europeas e internacionales.

Por último, en relación a la gobernanza pública, coordinación y simplificación, se debe conseguir una gobernanza “democrática y eficaz” del sistema agroalimentario territorial que facilite la iniciativa de los actores públicos y privados involucrados a través de las reglas e incentivos que fomenten el emprendimiento, la inversión y la difusión de conocimientos y tecnologías.

De dónde partimos

Apenas un siete por ciento de la población valenciana vive en territorios rurales -un 93% habita en núcleos urbanos o semiurbanos frente al 64% en España o el 71% en Europa-, por lo que se hacen necesarios enfoques o planes que atiendan a la peculiaridad valenciana, en lo que a sus estructura productiva y territorial se refiere.

La producción agraria valenciana está centrada en los cítricos -en 2019 supusieron el 31% de toda la producción-, frutas, hortalizas, flores y plantas tradicionales, que suponen el 70% del total, un porcentaje que llega al 75% si summos el arroz el vino y el aceite. Es decir, cultivos mediterráneos. La ganadería y los productos animales apenas suponen el 22%. 

Esta situación contrasta con la Unión Europea, donde la especialización está orientada a otros productos, especialmente cereales y oleaginosos. Y lo mismo sucede con la ganadería, con la bovina como principal exponente. Con todo, la PAC (Política Agraria Común) “no fue diseñada para una agricultura como la valenciana, que históricamente tienen una participación muy minoritaria en los programas de ayudas”.

Al tener una menor dependencia de las subvenciones europeas, hay una mayor capacidad de subsistencia sin el apoyo de la PAC, con una agricultura productiva y exportadora, pero con una falta de instrumentos públicos adaptados al sistema agroalimentario valenciano. Sin embargo, dos tercios de las ayudas públicas al sector primario valencianos provienen directamente de Bruselas, un porcentaje que se eleva al 75% si se suman aquellas subvenciones estatales o autonómicas que también dependen de la Unión Europea.

Informe Sistema Agroalimentario y Territorios Rurales. FINAL-1 by eldiario.es on Scribd

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